Todos los actores que participan en los debates sobre la resolución de la crisis en la República Democrática del Congo (RDC) deben mantener la protección de la población civil en el centro de sus iniciativas, ahora que está previsto que 11 países africanos firmen el 24 de febrero de 2013 un acuerdo sobre paz y seguridad en la RDC en Addis Abeba.
Mientras continúan las conversaciones, la población civil del este de la RDC residente en zonas que están bajo el control de grupos armados sigue sufriendo abusos, incluidas torturas y malos tratos y los enfrentamientos entre estos grupos y el ejército congoleño generan nuevas oleadas de desplazamientos.
En las últimas semanas, el secretario general de la ONU ha buscado el apoyo de los Estados africanos para un marco de paz que aborde de forma integral la crisis en el este de la RDC mediante compromisos del gobierno, los líderes de la región y la comunidad internacional. El secretario general y la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) también están estudiando una propuesta para desplegar una brigada de intervención compuesta por tropas africanas dentro de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU, la MONUSCO, con un mandato de carácter ofensivo para neutralizar y desarmar a los grupos armados y evitar su expansión.
Cualquier despliegue de una fuerza ofensiva debe ir acompañado de medidas preventivas que eviten el empeoramiento de la situación humanitaria y de los derechos humanos. El despliegue de esta brigada de intervención exigirá la elaboración de una estrategia para evitar que los grupos armados lleven a cabo ataques en represalia contra las poblaciones locales que consideran que apoyan al ejército nacional. Y todo esto deberá ir acompañado de programas sostenidos de desarme, desmovilización y reintegración que fomenten el regreso a la vida civil de los miembros de los grupos armados.
La situación de los derechos humanos en el este de la RDC se deterioró gravemente desde mediados de 2012 como consecuencia de los combates entre el ejército congoleño y el Movimiento 23 de Marzo (M23), que culminaron en la toma temporal de Goma, la capital de Kivu Septentrional, por este grupo en noviembre de 2012.
Tras las duras críticas contra la MONUSCO tras la caída de Goma, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en enero de 2013 la propuesta del secretario general de proporcionar a esta fuerza de paz sistemas de vigilancia sin armas –los llamados vehículos aéreos no pilotados– para recoger información sobre el movimiento de grupos armados en el este del Congo y facilitar la oportuna adopción de decisiones.
Amnistía Internacional pide que esta capacidad adicional de recogida de información se utilice para proteger mejor a la población civil que vive en zonas gravemente afectadas por el conflicto. La información adicional debe ir unida a los recursos necesarios para analizar dicha información y actuar como mecanismo eficaz de detección temprana que ponga en marcha la actuación para proteger a la población civil. Todas las unidades de la MONUSCO que realizan actividades de protección, incluidos los contingentes militares, deben mostrar el mismo grado de compromiso con la protección de la población civil y actuar de acuerdo a la información que reciben sobre amenazas contra dicha población de una manera rápida y eficaz, con arreglo al mandato de la MONUSCO.
También es necesario que el gobierno de la RDC efectúe reformas a más largo plazo para conseguir terminar de forma sostenible con los círculos viciosos de violencia y abusos en el este de la RDC.
Amnistía Internacional pide a los gobiernos africanos que presten toda su atención a los componentes del acuerdo que explican las reformas que en este sentido deberá emprender el gobierno de la RDC con el apoyo de la comunidad internacional y la MONUSCO, y que son necesarias para abordar los abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario.
El gobierno de la RDC debe elaborar y poner en marcha con carácter de urgencia una estrategia de reforma integral del sector de la seguridad nacional para crear instituciones responsables y profesionales encargadas de la seguridad nacional que sean capaces de proteger los derechos humanos. Dicha reforma debe incluir procesos para suspender o retirar a presuntos autores de violaciones de derechos humanos, incluidos los que ocupan puestos de mando, y para garantizar un ejército y una policía disciplinados, cuyos integrantes reciban un salario regular y que sean capaces de cumplir su obligación de proteger a la población. Cualquier proceso que afecte a la reforma del sector de la seguridad debe ir acompañado de una cuidadosa reforma del sistema de justicia, incluidos mecanismos específicos, como señalaba el Informe de mapeo de la ONU de 2010, a fin de abordar la impunidad de los delitos de derecho internacional.
Recomendaciones: * El gobierno de la RDC y la MONUSCO deben incrementar las actividades de protección para poner fin a los constantes abusos contra los derechos humanos que sufre la población civil en las provincias orientales, efectuando patrullas diarias en las zonas en las que es mayor el peligro de ataques. El aumento en la cantidad de información disponible gracias al uso de mejores técnicas de acopio de información debe emplearse para optimizar la protección de la población civil frente a cualquier fuerza armada activa en la región. * Si se produce el despliegue de una brigada de intervención de la ONU o de cualquier otra fuerza internacional, los países que contribuyan a ella deben garantizar que sus tropas están perfectamente entrenadas y respetan en todo momento el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. La protección de la población civil deberá ser prioritaria en el mandato de dicha fuerza, y deberán establecerse mecanismos que informen periódica y públicamente sobre su cumplimiento del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. * La ONU debe garantizar el estricto cumplimiento de la Política de Diligencia Debida en Materia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y negar o retirar el apoyo a cualquier entidad –sea el ejército nacional o cualquier nueva fuerza internacional que actúe en el este de la RDC con el apoyo de la ONU– en caso de que haya motivos de peso para creer que existe un peligro real de que los miembros de esa entidad cometan graves violaciones de las normas internacionales de derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Independientemente de que la nueva fuerza internacional forme o no parte de la MONUSCO, deberá trabajar en estrecha coordinación con las unidades civiles de esta misión de la ONU y con los organismos humanitarios pertinentes para elaborar conjuntamente evaluaciones de riesgo y planes de protección específicos antes de cada operación. * Para evitar los ataques en represalia de los grupos armados contra la población civil, el gobierno de la RDC y la MONUSCO deben asegurarse de que cualquier operación de carácter ofensivo va seguida de una estrategia a medio plazo de mantenimiento de la zona, durante la cual todas las instituciones implicadas deberán contribuir a garantizar la seguridad y el estado de Derecho para una eficaz protección de la población. Es esencial que las fuerzas de seguridad nacionales, incluidos el ejército y la policía, estén lo suficientemente formadas, pagadas y equipadas como para no aprovecharse de la población local e impedir más ataques de grupos armados. * La ONU y la comunidad internacional deben fomentar y apoyar reformas integrales e inmediatas en los sectores de la seguridad y la justicia de la RDC, centradas en resolver las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. El programa de reformas debe desarrollarse y aplicarse en consulta con la MONUSCO, con expertos nacionales e internacionales y con la sociedad civil, incluidos representantes de las víctimas. Con este fin, la ONU y los actores internacionales deben:
- Exigir y supervisar la aplicación de las recomendaciones sobre justicia del Informe de mapeo de la ONU de 2010;
- Instar a la RDC a que designe a un alto funcionario como coordinador central de las iniciativas nacionales sobre la reforma del sector de la seguridad en colaboración con la unidad de la MONUSCO encargada del tema. La misión de dicho funcionario será coordinar el apoyo de la comunidad internacional para la reforma;
- Instar a la RDC a que establezca mecanismos de selección e investigación de antecedentes para descartar y suspender o retirar de todas las fuerzas de seguridad a las personas que quepa considerar de manera razonable sospechosas de delitos de derecho internacional u otros abusos contra los derechos humanos, y llevar a cabo investigaciones y procesamientos penales en los casos en que haya pruebas admisibles suficientes.
