La persecución generalizada de activistas en vísperas del 25º aniversario de la represión de la plaza de Tiananmen en 1989 desenmascara la mentira de las declaraciones del presidente Xi Jinping sobre una mayor apertura y la reforma, ha declarado Amnistía Internacional. Decenas de activistas han sido detenidos, sometidos a arresto domiciliario o interrogados por la policía en las últimas semanas por intentar recordar a los cientos, cuando no miles, de manifestantes y civiles que perdieron la vida o resultaron heridos en la represión. “El 25º aniversario de Tiananmen era una prueba fundamental para las afirmaciones del presidente Xi de que hay una mayor apertura. Pero entre la represión y la reforma, Xi ha optado por la primera”, ha declarado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, que está esta semana en Hong Kong para rendir homenaje a las víctimas del 4 de junio. “La respuesta de las autoridades chinas al 25º aniversario ha sido más dura que en años anteriores, pues insisten en tratar de borrar de la memoria lo sucedido el 4 de junio.” Entre los detenidos en las últimas semanas figuran el abogado defensor de los derechos humanos Pu Zhiqiang y la destacada periodista Gao Yu. Otras personas, como Ding Zilin, portavoz de las Madres de Tiananmen, han sido sometidas a arresto domiciliario. Hace 25 años que las familias de las víctimas luchan por la justicia a cambio de un gran coste personal. La mayoría de las Madres de Tiananmen son ya ancianas, y varios de los primeros miembros del grupo —tanto madres como padres— han fallecido. “Los dirigentes chinos deben dejar de utilizar la historia para su política y, por el contrario, hacer justicia a las víctimas. Estas familias destrozadas merecen que su gobierno rinda cuentas de forma total y abierta”, prosiguió Salil Shetty. “No es demasiado tarde para que Xi cambie de rumbo, y le pedimos que inicie una investigación abierta e independiente sobre la violenta represión de 1989.” Represión omnipresente Veinticinco años después de la masacre, el gobierno sigue usando todos los medios necesarios para impedir que los ciudadanos chinos expresen opiniones contrarias a la retórica del gobierno. Encarcela a activistas con cargos falsos y emplea la violencia contra quienes tratan de proteger los derechos humanos dentro del sistema legal vigente. En 2014 han aumentado las restricciones contra los ciudadanos que piden reformas, sobre todo contra los que están vinculados al Movimiento Nuevos Ciudadanos. Varios activistas destacados relacionados con la red —cuyas peticiones de mayor transparencia y el fin de la corrupción se hacen eco de muchas de las peticiones de las protestas por la democracia de 1989— han sido condenados a largas penas de prisión. “Este manifiesto desprecio hacia el Estado de derecho demuestra que el gobierno está muy alejado de las crecientes peticiones de los ciudadanos chinos de participar en la vida política”, añadió Salil Shetty. “Si los dirigentes quieren demostrar su seriedad en el cumplimiento de sus promesas de profundizar la reforma, deben aflojar su sofocante control sobre la libertad de expresión y de reunión.” Amnistía Internacional reitera sus peticiones al gobierno chino, que debe:
- Reconocer públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas en la represión de Tiananmen de 1989;
- Iniciar una investigación abierta e independiente, y hacer que rindan cuentas los responsables de esas violaciones de derechos humanos;
- Indemnizar a las víctimas de la represión de 1989 y a sus familias;
- Poner fin al hostigamiento y al enjuiciamiento de quienes conmemoran las protestas de Tiananmen de 1989 y denuncian la represión, y de quienes ejercen, en general, su derecho a la libertad de expresión y de reunión.