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La nueva Ley sobre Terrorismo, nuevo instrumento para reprimir la expresión pacífica

Las preocupaciones de Amnistía Internacional sobre derechos humanos del anterior proyecto de ley no se han subsanado © Um al-Qura

Una nueva ley antiterrorista afianzará en Arabia Saudí los patrones de violaciones de derechos humanos que ya existen y servirá de instrumento adicional para reprimir la disidencia política pacífica; así lo ha afirmado Amnistía Internacional después de analizar esta ley.

La Ley sobre Delitos de Terrorismo y su Financiación, que entró en vigor el 1 de febrero, utiliza una definición de terrorismo excesivamente imprecisa, otorga amplias atribuciones adicionales al Ministerio del Interior y legaliza diversas violaciones de derechos humanos que se cometen contra las personas detenidas.

“Esta nueva ley es alarmante y confirma nuestros peores temores: que las autoridades saudíes están buscando una coartada legal para afianzar su capacidad de reprimir la disidencia pacífica y silenciar a los defensores de los derechos humanos”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Los temores de Amnistía Internacional relacionados con esta ley no son nuevos. En 2011, la organización expuso detalladamente sus motivos de preocupación sobre un borrador de la ley que se había filtrado, en los que resaltaba las consecuencias negativas que tendría semejante legislación para los derechos humanos.

En una serie de comunicaciones posteriores con la organización, las autoridades saudíes intentaron disipar los temores de que la futura ley fuera a utilizarse para reprimir la disidencia legítima afirmando que sólo era un borrador.

“Aprobar una ley con tantos defectos graves dos años después de que esos mismos defectos fueran señalados en el borrador anterior no augura nada bueno para los planes de las autoridades de poner fin a las violaciones de derechos humanos que se cometen desde hace tiempo en nombre de la lucha antiterrorista. Los cambios realizados en la ley desde 2011 apenas han servido para reducir sus efectos potencialmente demoledores sobre los derechos humanos. Esta legislación parece limitarse a codificar las represivas tácticas del Ministerio del Interior, que Amnistía Internacional lleva años documentando”, ha afirmado Said Boumedouha.

La definición que hace la nueva ley de los delitos terroristas es muy imprecisa y podría ser utilizada de manera abusiva por las autoridades para reprimir la disidencia pacífica. Entre los delitos calificados de terrorismo están los actos encaminados directa o indirectamente a “perturbar el orden público del Estado”, “desestabilizar la seguridad de la sociedad o la estabilidad del Estado”, “poner en peligro su unidad nacional”, “revocar la ley fundamental de gobierno o cualquiera de sus artículos” y “dañar la reputación del Estado o su posición”.

Cargos como éstos se utilizaron contra casi todos los defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil que fueron detenidos y procesados en Arabia Saudí en 2013. Amnistía Internacional considera que una definición tan amplia permite que cualquier forma de activismo pacífico en favor de los derechos humanos sea enjuiciada como delito de terrorismo punible con largos periodos de cárcel y hasta con la muerte, puesto que la nueva ley considera que el terrorismo es un delito de la máxima gravedad.

La nueva ley otorga asimismo amplias atribuciones al Ministerio del Interior con escasa o nula vigilancia judicial. Tales atribuciones incluyen la capacidad de ordenar registros, incautaciones y la detención y custodia de sospechosos con total impunidad en la práctica.

Según el artículo 6 de la ley, las personas detenidas como sospechosas podrán permanecer recluidas hasta 90 días, privadas de todo contacto con el exterior, salvo una sola llamada telefónica a su familia. Eso incluye falta de acceso a un abogado durante los interrogatorios.

La ley permite además al Ministerio del Interior mantener a sospechosos de terrorismo recluidos sin cargos ni juicio durante periodos de hasta seis meses, renovables hasta un año, sin que puedan recurrir contra la decisión. La detención indefinida por más de un año también está permitida por el Tribunal Penal Especializado, que actúa en secreto.

“Legalizar la detención prolongada en régimen de incomunicación y bloquear los oportunos recursos judiciales para impugnar la detención es una fórmula para la práctica sistemática de la tortura y otros malos tratos bajo custodia”, ha dicho Said Boumedouha.

 

Información complementaria

La promulgación de la Ley sobre Delitos de Terrorismo y su Financiación, a los pocos meses del examen periódico universal sobre Arabia Saudí y de su promoción a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, demuestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos y los mecanismos implementados por la ONU para su protección.

En los últimos meses se ha deteriorado drásticamente la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí. En 2013, Amnistía Internacional documentó decenas de casos en que los tribunales penales y de seguridad condenaron a activistas a cumplir largos periodos de cárcel y les impusieron la prohibición de viajar. Las autoridades forzaron el cierre de las pocas ONG de derechos humanos independientes que había en el país y los tribunales impusieron largas penas de cárcel a sus miembros, a menudo tras juicios manifiestamente injustos.