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La nueva legislación antiterrorista no debe consolidar los abusos sistemáticos contra los derechos humanos

El Cairo.- Las autoridades egipcias han venido cometiendo abusos sistemáticos contra los derechos humanos en nombre de la seguridad nacional, según ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe hecho público hoy. Durante una conferencia de prensa celebrada en El Cairo, la organización instó al gobierno a garantizar que la ley antiterrorista que se planea introducir no consolida estos abusos contra los derechos humanos.

El informe, titulado "Abusos sistemáticos en nombre de la seguridad", vino precedido el mes pasado por una advertencia de Amnistía Internacional, que avisó de que los actuales cambios constitucionales y la nueva ley antiterrorista prevista podrían amenazar aún más seriamente los derechos humanos.

“Miles de personas han sido encarceladas en Egipto en nombre de la seguridad; algunas han permanecido recluidas durante años sin cargos ni juicio, a menudo a pesar de la existencia de órdenes judiciales para que se las pusiera en libertad, y otras han sido condenadas tras juicios flagrantemente injustos”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “El gobierno egipcio tiene el deber de proteger a la población y combatir el terrorismo, pero al hacerlo debe cumplir las normas fundamentales de derechos humanos y las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional. Sin embargo, con demasiada frecuencia, incumple todo ello de manera rotunda.”

El informe describe detenciones arbitrarias, reclusiones prolongadas sin juicio, torturas y malos tratos a manos de agentes de seguridad, especialmente los del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, quienes gozan de un amplio poder en virtud del estado de emergencia que el gobierno ha mantenido de manera casi ininterrumpida durante los últimos 40 años. También condena el uso de tribunales especiales de emergencia y militares para juzgar a civiles acusados de delitos contra la seguridad, y afirma que sus procedimientos son injustos. Algunas de las personas juzgadas por estos tribunales han sido condenadas a muerte y ejecutadas.

Según el informe, Egipto ha sido además un destino clave en la “guerra contra el terror” encabezada por Estados Unidos. Muchos ciudadanos egipcios sospechosos de terrorismo han sido trasladados al país desde el extranjero por el gobierno estadounidense y por gobiernos europeos y árabes, pese al peligro de tortura, y han sido detenidos y torturados. Sigue sin conocerse la suerte de algunos de ellos, víctimas de “entregas” ilegales de Estados Unidos. Su identidad no se ha revelado, ni tampoco el motivo o el lugar de su reclusión.

“Las autoridades egipcias deben confesar lo sucedido y desvelar el número, el nombre, la nacionalidad y el paradero actual de todos los sospechosos de terrorismo extraditados, ‘entregados’ o transferidos de cualquier otra manera a su custodia desde el extranjero”, ha declarado Hassiba Hadj Sahraoui.

El informe enumera seis recomendaciones de acción fundamentales que el gobierno debe poner en práctica para romper el ciclo de abusos. Entre ellas se encuentran poner fin a la detención secreta y en régimen de incomunicación e investigar de forma inmediata y adecuada todas las denuncias de tortura.

“Los agentes del Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado y de otros cuerpos de seguridad y policiales utilizan frecuentemente la tortura, pero las denuncias rara vez son investigadas y, cuando lo son, apenas se obtienen resultados”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui. “El gobierno debe levantar el velo de impunidad que protege a quienes torturan en nombre del Estado.”

Es fundamental que el gobierno egipcio permita a los expertos de derechos humanos de la ONU sobre tortura y sobre lucha contra el terrorismo acceder de inmediato al país ahora que se está preparando una nueva legislación antiterrorista. Estas visitas serían una clara demostración del compromiso del gobierno de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Amnistía Internacional reitera su preocupación por el hecho de que las reformas más recientes de la Constitución y la próxima introducción de una nueva ley antiterrorista pueden preparar el terreno a nuevos abusos. Aunque aún no se ha hecho público ningún borrador, al preparar su nueva ley antiterrorista las autoridades egipcias dicen haber estudiado leyes similares de varios países, incluido Estados Unidos.

“Para Egipto, sería un grave error modelar su nueva ley antiterrorista según la Ley Patriótica de Estados Unidos”, ha manifestado Curt Goering, director ejecutivo general adjunto de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional. “En Estados Unidos muchas personas reniegan de la Ley Patriótica, a la que consideran un ataque fundamental a unas libertadas largamente atesoradas, por la arrogancia con la que sacrifica los derechos humanos y el Estado de derecho en nombre de la seguridad.”

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