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La matanza de Eldorado dos Carajás, 10 años después

Londres.- El 17 de abril de 1996, la policía militar empezó a desalojar a los manifestantes sin tierras que bloqueaban la carretera PA-150 en Eldorado dos Carajás, en el estado de Pará. Una hora después, 19 personas yacían muertas, muchas de ellas por disparos a quemarropa; a algunas las habían matado a hachazos con las herramientas agrícolas de los propios manifestantes.

 

Tras una compleja batalla legal, 127 policías militares y 19 oficiales de alta graduación fueron juzgados en junio de 2002. Todos fueron absueltos a excepción del coronel Mario Pantoja y el mayor José Maria Oliveira, que permanecen en libertad mientras se decide un segundo recurso contra su condena.

 

El caso de Eldorado dos Carajás es emblemático de la cultura de la impunidad en el estado de Pará. Diez años después de la matanza, ninguno de los implicados ha sido encarcelado. La torpe investigación policial, una investigación pericial y forense lamentablemente inadecuada, y la ausencia de protección a los testigos que recibieron amenazas lastraron el proceso judicial a cada paso. Ni el entonces gobernador del estado de Pará, Amir Gabriel, ni el secretario de Seguridad Pública, Paulo Sette Câmara, que dio la orden de "desalojar a la gente" de la carretera PA-150 "a cualquier precio", han sido procesados, convirtiendo así en una burla el principio de la responsabilidad de la cadena de mando.

 

Por desgracia, la matanza de Eldorado dos Carajás dista de ser un caso aislado, en un estado que se ha hecho tristemente famoso por la violencia relacionada con la tierra. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, 773 personas, muchas de ellas activistas o dirigentes comunitarios, han sido asesinadas en disputas de tierras en el estado de Pará en los últimos 33 años. Sólo unos pocos casos se han enjuiciado, con sólo tres procesamientos contra quienes ordenaron los homicidios.

 

El hecho de que los responsables de abusos contra los derechos humanos no comparezcan ante la justicia ha convertido al estado de Pará en sinónimo de brutalidad sin ley. Las deficiencias en todos los niveles del sistema de justicia penal, la influencia indebida de los terratenientes adinerados y la falta de voluntad política para abordar los problemas de raíz son factores muy arraigados. Los activistas agrarios siguen trabajando bajo amenazas constantes de violencia e intimidación, y los hombres armados siguen actuando prácticamente con total impunidad.

 

Diez años después de la matanza de Eldorado dos Carajás, es hora de que las autoridades estatales asuman la responsabilidad de los elevados índices de homicidios relacionados con la tierra en Pará, abordando las prolongadas injusticias. Las autoridades deben respetar y defender las normas internacionales de derechos humanos en la investigación de la violencia rural y el procesamiento de los responsables.

 

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