Londres.- Los sucesos de las últimas semanas han puesto de manifiesto la difícil cuestión de cuál debe ser el ámbito legítimo de la libertad de expresión en las sociedades culturalmente diversas.
Mientras las diferentes sociedades han trazado los límites de la libertad de expresión de maneras diferentes, la controversia por las caricaturas muestra cómo, en el espacio informativo actual, cada vez más globalizado, las repercusiones de los actos de un país pueden sentirse mucho más allá de sus fronteras. Hoy día, más que nunca, las sociedades se enfrentan al desafío de afirmar los principios universales de derechos humanos en un área en la que tradicionalmente ha habido una tendencia a remitirse a las leyes nacionales de un Estado particular y a los valores que éstas consagran.
Frente al telón de fondo del clima de creciente intolerancia y suspicacia entre comunidades religiosas y de otro tipo en muchas partes del mundo, incluida Europa, esta controversia señala la existencia de dos conjuntos opuestos de principios.
Los directores de periódicos han justificado la publicación de unas caricaturas que para muchos musulmanes han sido insultantes, alegando que la libertad de expresión artística y la crítica de opiniones y creencias son fundamentales en una sociedad pluralista y democrática. Frente a esto, musulmanes de numerosos países han considerado que las caricaturas constituyen una grave ofensa a sus creencias religiosas y un abuso de la libertad de expresión. En algunos casos, las protestas contra las caricaturas han degenerado en actos de violencia física, mientras las declaraciones públicas de algunos manifestantes y dirigentes comunitarios han parecido avivar las llamas de la hostilidad y la violencia.
El derecho a la libertad de opinión y expresión debe ser una de las piedras angulares de toda sociedad. Este derecho incluye "[el derecho] de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión" (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19). Durante más de cuarenta años, Amnistía Internacional ha defendido este derecho frente a los intentos de los gobiernos de todo el mundo por acallar la disidencia religiosa, la oposición política y la creatividad artística.
Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, ni para los creadores de material ni para quienes lo critican. Entraña responsabilidades y, por ello, puede estar sujeto a restricciones en aras de proteger los derechos de otras personas. En particular, no puede considerarse un ejercicio legítimo de la libertad de expresión ninguna apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Según las normas internacionales, esa apología del odio debe estar prohibida por ley.
Amnistía Internacional pide a las autoridades gubernamentales y a las personas y entidades responsables de hacer cumplir la ley y de administrar justicia que se guíen por estos principios de derechos humanos a la hora de manejar la actual situación.
La organización pide también a quienes trabajan en los medios de comunicación que actúen con delicadeza y responsabilidad para no exacerbar la actual situación. Estos sucesos ponen de manifiesto el poder y el alcance de los medios de comunicación, y Amnistía Internacional pide a los miembros de esos medios que apliquen un mayor criterio político, teniendo en cuenta el impacto potencial de los materiales que publiquen y la gama de consideraciones de derechos humanos, a menudo conflictivas, implicadas.
Aunque la organización reconoce el derecho de todas las personas a expresar pacíficamente su opinión, incluso mediante protestas pacíficas, el uso y la amenaza de la violencia son inaceptables. Los dirigentes comunitarios deben hacer cuanto esté en su mano para calmar la actual atmósfera de hostilidad y violencia. La cultura y la religión tienen una importancia fundamental en la vida de mucha gente, pero no pueden utilizarse como excusa para perpetrar abusos contra los derechos humanos.
