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La legislación de excepción es la mayor amenaza a los derechos desde la “revolución del 25 de enero”

Las autoridades militares han restablecido la legislación egipcia de los viejos y malos tiempos. © Hossam el-Hamalawy

Londres.- La ampliación de la legislación del estado de excepción por parte de las autoridades militares egipcias es el mayor menoscabo de los derechos humanos desde la dimisión del presidente Hosni Mubarak este año, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha ampliado a principios de semana el ámbito de aplicación de la legislación del estado de excepción de Mubarak, tras producirse el viernes de la semana pasada enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en la embajada israelí. Según informes, en los enfrentamientos se registraron tres muertes y se practicaron unas 130 detenciones.

Limitada en 2010 al terrorismo y los delitos de drogas, la legislación de excepción vuelve a tener ya su ámbito de aplicación original, que abarca delitos como interrumpir el tráfico, bloquear carreteras, emitir rumores, estar en posesión de armas y comerciar con ellas y “atentar contra la libertad de trabajar”, según declaraciones oficiales.

“Estos cambios representan una gran amenaza al derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y al derecho de huelga”, ha señalado Philip Luther, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “Estamos ante el menoscabo más grave de los derechos humanos que se produce en Egipto desde que Mubarak dejó el poder.”

“Básicamente, las autoridades militares han restablecido la legislación egipcia de los viejos y malos tiempos. Incluso el presidente Mubarak limitó el ámbito de aplicación de la legislación de excepción al terrorismo y los delitos de drogas en mayo del año paso”, ha añadido Philip Luther.

La ampliación ha hecho que se convoquen manifestaciones masivas mañana en la plaza de Tahrir de El Cairo y en otras ciudad para pedir el levantamiento del estado de excepción vigente desde hace tres decenios antes de las elecciones parlamentarias de noviembre.

“Instamos a las autoridades egipcias a que respeten el derecho de manifestación pacífica mañana”, ha manifestado Philip Luther. “Tememos que las fuerzas de seguridad interpreten esta ampliación como señal de que pueden actuar a su antojo.”

Con Hosni Mubarak, la legislación del estado de excepción sirvió para reprimir la oposición y la disidencia y se convirtió en sinónimo de abuso de poder por parte del gobierno y de violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas del Estado.

A las personas detenidas en aplicación de la legislación de excepción se las juzga ante tribunales especiales, conocidos como Tribunales Supremos de Seguridad del Estado (para el Estado de Excepción), que, al igual que los de carácter militar, violan el derecho a un juicio justo y niegan a los acusados el derecho de apelación. La legislación concede además a las fuerzas de seguridad atribuciones para practicar registros y detenciones prácticamente sin ningún control.

“Resulta preocupante ver que las fuerzas de seguridad vuelven a tener los mismos poderes con que con tanta impunidad perpetraban abusos anteriormente”, ha manifestado Philip Luther. “Estos amplios poderes han sido causa de los peores abusos contra los derechos humanos cometidos en Egipto en los últimos 30 años.”

“No sólo debe el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas anular esta ampliación, sino que tiene también que poner fin de una vez por todas al estado de excepción, como prometió al tomar el poder en febrero.”