Un juez chileno ha hecho una farsa de la justicia en el histórico caso del sacerdote torturado a bordo de un "buque tortura" de la era Pinochet, ha declarado hoy Amnistía Internacional, después de que se retirasen los cargos presentados contra la mayoría de las personas que tuvieron algo que ver con su muerte.
Mañana se celebra la vista de un nuevo recurso interpuesto por la familia del padre Michael Woodward contra las últimas resoluciones dictadas por el juez que preside el caso, entre otras la de absolver a 19 de los 29 ex agentes de la policía y la armada contra los que inicialmente se dictó acta de acusación formal.
Se cree que el sacerdote católico, que tenía la doble nacionalidad británica y chilena, murió en 1973 a consecuencia de la tortura a que lo sometieron a bordo del buque de la Armada Esmeralda, que se utilizó ese año como centro para interrogar a decenas de detenidos.
El gobierno chileno sigue utilizándolo como buque escuela y "embajada itinerante".
“Este juez está haciendo una farsa de la justicia en el caso de Michael Woodward”, ha declarado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Es una absoluta vergüenza que, incluso después de que, según los informes, algunas de las personas investigadas hayan reconocido su culpabilidad, se desestimen y atenúen cargos por delitos contemplados en el derecho internacional.”
Los otros 10 ex agentes de baja graduación contra los que se presentaron cargos ahora están siendo procesados únicamente por secuestro, en vez de por crímenes de lesa humanidad, como son la tortura y desaparición del sacerdote.
“A los altos cargos que dieron la orden de cometer estos espantosos actos se les está permitiendo salir impunes”, ha manifestado Guadalupe Marengo.
En marzo se designó juez instructor a Miguel Julio Miranda. Éste suspendió las exhaustivas investigaciones de su predecesora, la jueza María Eliana Quezada, y desestimó una serie de cargos sin permitir a los abogados ni a la familia de Woodward disponer de tiempo para recurrir.
Incluso el Consejo de Defensa del Estado chileno piensa recurrir las resoluciones del juez, que fueron dictadas sin que el juez informase directamente de ello a este organismo oficial, como exige la ley.
Amnistía Internacional ha documentado diversos casos de encarcelamiento político y tortura ocurridos a bordo del Esmeralda en 1973, justo después del golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet.
El padre Woodward fue detenido el 16 de septiembre de 1973 en Valparaíso por una patrulla de la Armada y trasladado después al Esmeralda, donde fue interrogado y torturado. Seis día más tarde fue declarado muerto en el Hospital Naval de Valparaíso, aunque su cadáver nunca ha sido hallado.
Personas que sobrevivieron a los interrogatorios a bordo del Esmeralda han hablado de brutales palizas, descargas eléctricas y agresión sexual.
Actualmente el Esmeralda se encuentra recorriendo América, y hace poco se han producido protestas en Canadá para que no atracase en su costa.
“Resulta tremendamente irónico que el Esmeralda siga recorriendo los puertos del mundo como presunto embajador de Chile, cuando las personas implicadas en este infame caso de tortura bajo su cubierta saldrán, al parecer, impunes”, ha dicho Guadalupe Marengo.
“El gobierno chileno debe asegurarse de que se pone a disposición judicial a todos los responsables de estos abyectos crímenes, incluidos quienes dieron la orden de cometerlos.”
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