Ciudad de México.-La prohibición total del aborto en Nicaragua está poniendo en peligro las vidas de niñas y mujeres, negándoles tratamiento para salvar sus vidas, previniendo a profesionales de la salud de practicar la medicina eficaz y contribuyendo así a un aumento de las muertes maternas en todo el país, ha afirmado Amnistía Internacional en su nuevo informe "La prohibición total de aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados".
Según cifras oficiales, 33 niñas y mujeres han muerto este año durante el embarazo, en comparación con 20 en el mismo período el año pasado. Amnistía Internacional considera que estas cifras son mínimas, ya que el propio Gobierno ha reconocido que no todos los casos de muertes maternas han sido registrados.
Este informe es el primer estudio de Amnistía Internacional que examina el impacto en los derechos humanos de la negación del aborto cuando la vida o la salud de una mujer o niña está en riesgo, incluso cuando ella es víctima de violación o incesto. La revisión del Código Penal en Nicaragua establece penas de prisión para niñas y mujeres que buscan un aborto y para los profesionales de la salud que prestan servicios asociados con el aborto. Sólo el 3% de los países del mundo tienen una prohibición total del aborto.
El nuevo Código introduce sanciones penales para los médicos y enfermeras que tratan a una mujer o niña embarazadas por enfermedades como el cáncer, la malaria, el VIH/SIDA o en situaciones de emergencia cardiaca, cuando el tratamiento está contraindicado en el embarazo y puede causar lesiones o muerte del embrión o feto.
Incluso llega a castigar a niñas y mujeres que han sufrido un aborto involuntario, ya que en muchos casos es imposible distinguir el aborto espontáneo del aborto inducido.
Esta nueva ley contraviene las Normas y Protocolos para la Atención de Complicaciones Obstétricas de Nicaragua, emitidos por el Ministerio de Salud, que autorizan el aborto terapéutico como una respuesta clínica a casos específicos. Sin embargo, no hay garantías por parte de las autoridades de que los médicos no serán procesados si se respetan estas normas.
"La prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua es una vergüenza. Es un escándalo de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y distorsiona la ley al ser un arma en contra de la prestación de servicios esenciales de atención médica a niñas y mujeres embarazadas", dijo Kate Gilmore, Secretaria General Adjunta de Amnistía Internacional en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, al regresar de una visita a Nicaragua.
"El Código Penal de Nicaragua es un artefacto cruel y cínico resultado de los tratos políticos durante las elecciones en el país en 2006. Hoy, sin embargo, se castiga a las mujeres y las niñas por buscar tratamientos médicos que salvarían sus vidas y a los médicos por proporcionar los mismos. "
En Nicaragua, la delegación de Amnistía Internacional se reunió con organizaciones de derechos humanos, profesionales médicos, miembros de la Asamblea Nacional y con el Ministro de Salud. A pesar de las reiteradas peticiones, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional al igual que el Presidente Ortega y el Instituto de la Mujer de su Gobierno se negaron a reunirse con la organización para discutir el impacto de la ley sobre las niñas, las mujeres y las víctimas de violación e incesto.
Los delegados de Amnistía Internacional se reunieron con jóvenes que, habiendo sido objeto de violencia sexual a manos de familiares cercanos o amigos, fueron obligadas a llevar a término sus embarazos, dando a luz -en muchos casos a sus propios hermanos o hermanas- porque se les niega el acceso a alternativas. Es profundamente preocupante el registro de un aumento en el suicidio por consumo de veneno entre adolescentes embarazadas en el 2008.
Obstetras, ginecólogos y médicos de familia en Nicaragua le dijeron a Amnistía Internacional que, en virtud de este Código Penal, legalmente ya no pueden proporcionar un tratamiento médico eficaz para enfermedades que amenazan la vida en mujeres y niñas embarazadas debido al potencial riesgo para el feto.
Un médico le dijo a Amnistía Internacional que reza por no recibir a una paciente con un embarazo anencefálico (una enfermedad que significa que el feto no puede sobrevivir), debido a la necesidad de tener que decirle a la mujer que se verá obligada a llevar el embarazo a término, a pesar de los efectos devastadores fisiológicos y psicológicos.
"Sólo hay una manera de describir lo que hemos visto en Nicaragua: un gran horror," dijo Kate Gilmore. "Las niñas se ven obligadas a tener bebés y a las mujeres embarazadas se les niega atención medica esencial, incluso cuando sus vidas están en riesgo."
"¿Qué alternativas le ofrece el Gobierno a una niña de 10 años embarazada como consecuencia de una violación? ¿Y a una mujer que sufre cáncer a quien se le niega tratamiento para salvar su vida sólo porque está embarazada, mientras que ella tiene otros hijos esperando en casa?," dijo Kate Gilmore.
"Niñas embarazadas como resultado de incesto tuvieron el coraje de reunirse con nosotros para hablar de la situación, pero el Presidente Ortega no lo hizo. Al parecer, las autoridades nicaragüenses no podían defender la ley, no podían tomar responsabilidad de la ley, ni comprometerse a su urgente derogación.”
Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a:
- Derogar inmediatamente la ley que prohíbe toda forma de aborto.
- Garantizar servicios de aborto seguro y accesible para víctimas de violación y mujeres cuya vida o salud están en riesgo si continúan con el embarazo.
- Proteger la libertad de expresión de los que hablan en contra de la ley y ofrecer apoyo a las mujeres y niñas afectadas por la ley.
Amnistía Internacional pide asimismo a la Corte Suprema de Nicaragua adoptar una decisión sobre la legalidad y la constitucionalidad de la ley como una cuestión de máxima urgencia.
Información complementaria El lanzamiento del informe "La prohibición total de aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados" es parte de la campaña de Amnistía Internacional, Exige Dignidad.
La campaña pretende poner fin a las violaciones de los derechos humanos que impulsan y profundizan la pobreza mundial. La campaña movilizará personas en todo el mundo a exigir que los gobiernos, grandes corporaciones y otras personas que tienen poder escuchen las voces de quienes viven en la pobreza y reconozcan y protejan sus derechos. Para más información, véase:
- La prohibición total del aborto en Nicaragua: la vida y la salud de las mujeres, en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados; Amnistía Internacional, julio 2009
