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La dimisión del gobierno no debe abrir la puerta a la impunidad

Catherine Samba-Panza, elegida como presidenta interina de la República Centroafricana en enero.

Tras la dimisión del primer ministro y su gabinete, Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades correspondientes de la República Centroafricana, incluida la presidenta de transición, Catherine Samba-Panza, que garanticen que no se designa para un puesto de gobierno a ninguna persona sospechosa de estar implicada en delitos de derecho internacional.

En lugar de eso, esas personas deben ser llevadas ante la justicia en juicios en los que no se contemple la pena de muerte.

“Las autoridades de transición de la República Centroafricana deben garantizar que los cambios en la composición del gobierno no dan lugar a una situación en la que los nuevos miembros del gabinete utilicen su cargo para cometer nuevos abusos o para impedir una investigación efectiva contra ellos mismos o contra sus aliados”, ha manifestado Christian Mukosa, investigador de Amnistía Internacional sobre la República Centroafricana.

Amnistía Internacional ha recibido información digna de crédito que indica que hay personas sospechosas de abusos graves contra los derechos humanos que están intentando optar a puestos en el nuevo gobierno.

Este llamamiento se ha realizado el día en el que el primer ministro de la República Centroafricana, André Nzapayéké, y todo su gabinete han presentado su dimisión. La decisión de dimitir se tomó tras el acuerdo de alto el fuego firmado el 23 de julio de 2014 en Brazzaville, República del Congo, por representantes de grupos armados –entre ellos los antibalaka y los Séléka–, partidos políticos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil.

En su informe Central African Republic: Time for Accountability, publicado el 10 de julio de 2014, Amnistía Internacional cita nombres de miembros y aliados de los grupos armados antibalaka y Séléka sospechosos de estar implicados en graves abusos contra los derechos humanos y en violaciones del derecho internacional humanitario. Entre ellos se encuentran los ex presidentes François Bozizé y Michel Djotodia, coordinadores antibalaka como Levy Yakété y Patrice-Edouard Ngaissona, y mandos de Séléka como Nourredine Adam. El informe pide que se investiguen de forma efectiva y se enjuicien todos los casos en los que existan pruebas admisibles suficientes de implicación en delitos de derecho internacional.

El 11 de julio de 2014, un congreso de Séléka designó al ex presidente de la República Centroafricana Michel Djotodia y al ex comandante y ministro Nourredine Adam presidente y vicepresidente del grupo armado, respectivamente. Estos dos individuos han sido objeto de sanciones tanto de la ONU como de Estados Unidos por su presunta implicación en abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en la República Centroafricana.

“Una situación en la que pueden ocupar cargos gubernamentales personas sospechosas de estar implicadas en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros abusos graves contra los derechos humanos sería un desastre para un país que está luchando por poner fin a la impunidad que ha alimentado meses de terrible violencia”, ha manifestado Christian Mukosa.

“En lugar de facilitar la impunidad, el gobierno de transición debe garantizar que los miembros de la milicia antibalaka, Séléka y sus respectivos aliados, así como otras personas y grupos sospechosos de estar implicados en abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario, comparecen ante los tribunales, para que pueda empezar en la República Centroafricana el largo camino de las víctimas hacia la justicia.”