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La crisis se cierne sobre la población refugiada somalí con la orden de Kenia de cerrar el campo de refugiados de Dadaab

Imagen de una parte de Dagahaley, uno de los tres sectores que conforman el campamento de refugiados de Dadaab, en el noroeste de Kenia. © EPA/DAI KUROKAWA.

La devolución de alrededor de 350.000 refugiados a Somalia constituirá un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Kenia en virtud del derecho internacional y pondrá en peligro la vida de centenares de miles de personas, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.  

Dadaab, el mayor campo de refugiados del mundo, está situado en el noreste de Kenia. Se halla a unos 100 kilómetros de Garissa, donde 247 personas, 142 de ellas estudiantes, fueron asesinadas en la Universidad el 2 de abril, en un atentado del que el grupo radical Al Shabaab se atribuyó la responsabilidad. La decisión de cerrar el campo se ha presentado como medida de seguridad motivada por ese atentado.

El atentado de Garissa puso de relieve la necesidad de que el gobierno keniano garantice mejor la seguridad de su población. Pero no debe hacerlo poniendo en peligro a personas que Kenia tiene el deber de proteger”, ha señalado Muthoni Wanyeki, directora regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

El 11 de abril, el vicepresidente William Ruto dijo que el gobierno había comunicado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  que tenía que cerrar el campo de refugiados de Dadaab en el plazo de tres meses y devolver a las personas residentes en él a Somalia, porque, si no, lo haría la propia Kenia.

El gobierno de Somalia no tiene el control efectivo en muchas partes del sur y el centro del país. La violencia y la inseguridad siguen siendo generalizadas, y la población sufre a menudo ataques directos e indiscriminados. Si se envía a los refugiados de regreso a esas zonas, estarán expuestos a sufrir abusos contra los derechos humanos, como violación y homicidio, así como extorsión. No en todas las circunstancias se sabe bien quién es el responsable de los ataques contra civiles,  pero se cree que los cometen todas las partes en el conflicto.

De acuerdo con el derecho internacional, los Estados tienen prohibido devolver a personas a lugares donde corran riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos. Esta norma se conoce como principio de no devolución (non-refoulement). Kenia es parte en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y en la Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana sobre los Refugiados en África. Además, en virtud también de la Ley de Refugiados de 2006 de Kenia, los refugiados están protegidos contra la devolución a países donde su seguridad no esté garantizada y puedan sufrir persecución.

El anuncio del vicepresidente tiene como fondo una situación de hostigamiento constante de los servicios de seguridad kenianos a los refugiados de Somalia y de otros países. El año pasado, la comunidad somalí sirvió de chivo expiatorio, cuando muchos de sus miembros sufrieron violaciones de derechos humanos durante la operación de seguridad “Usalama Watch”, iniciada en abril de 2014, tras dos atentados anónimos cometidos el mes anterior.

Millares de personas fueron detenidas, sometidas a hostigamiento o malos tratos, extorsionadas o confinadas en los campos de refugiados. Centenares fueron devueltas a Somalia. Amnistía Internacional no sabe de un solo somalí detenido durante la operación que fuera acusado formalmente de delitos de terrorismo.

No es la primera vez que se habla de devolver a los refugiados a Somalia. En noviembre de 2013 se firmó un acuerdo tripartito, entre los gobiernos de Kenia y Somalia y el ACNUR, en el que se establecía un marco para el retorno voluntario de refugiados somalíes. La fase de prueba comenzó en diciembre de 2014.

Para que los retornos de refugiados sean legales, han de ser verdaderamente voluntarios, es decir decididos sin presiones indebidas y con garantías de seguridad y dignidad para los retornados. Amnistía Internacional ha determinado que el hostigamiento y los malos tratos a que someten los servicios de seguridad kenianos a los refugiados somalíes han llevado a muchos de ellos a considerar la posibilidad de regresar a Somalia. Cuando se siente que no queda más remedio que regresar, la decisión no es voluntaria, y el retorno puede constituir devolución forzada.

Amnistía Internacional insta al gobierno keniano a cumplir con las obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional y garantizar protección a los refugiados y solicitantes de asilo somalíes en Dadaab y en el resto del país, como tan generosamente lleva haciendo desde hace decenios.

 

Información complementaria

El campo de refugiados de Dadaab se estableció en 1991 y acoge a más de 350.000 refugiados y solicitantes de asilo, en su mayoría de Somalia, pero también de Etiopía, Sudán, la República Democrática del Congo, Eritrea, Sudán del Sur y Burundi, entre otros países.

Para más información y material de Amnistía Internacional sobre la situación de los refugiados somalíes en Kenia, véase:

Somalis are scapegoats in Kenya’s counter-terror crackdown, 27 de mayo de 2014: https://www.amnesty.org/en/documents/AFR52/003/2014/en/

No Place Like Home: returns and relocations of Somalia’s displaced, 19 de febrero de 2014: https://www.amnesty.org/en/documents/AFR52/001/2014/en/

Kenya’s decision to confine refugees and asylum-seekers in camps is unlawful, 20 de diciembre de 2012: https://www.amnesty.org/articles/news/2012/12/outrage-kenya-confines-refugees-and-asylum-seekers-camps/