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La Suprema Corte de México debe garantizar el acceso a la verdad en el caso de Ligia Ceballos, posible “bebé robada” en 1968 en España

imagen de Ligia Ceballos, mexicana que hace 15 años descubrió que había nacido en España en 1968 y no en la ciudad mexicana de Mérida
EFEMEX/Alex Cruz

Ligia (Lily) Ceballos Franco, posible “bebé robada” en 1968 en Madrid, y entregada en adopción a una familia mexicana, espera en estos momentos saber si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México acepta la competencia sobre su caso para que las autoridades de este país reconozcan que ella fue víctima de desaparición forzada y sufrió la vulneración de sus derechos humanos a la identidad y vida familiar.

Ligia nació en Madrid el 29 de mayo de 1968 con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez, y fue entregada en prohijamiento a un matrimonio mexicano que se la llevó a su país, inscribiéndola como hija natural, nacida en México. Al descubrir esta situación, Ligia decidió presentar una denuncia penal, el 15 de febrero de 2017, ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que en pocos días decidió admitirla a trámite, por presunta desaparición forzada.

Para Amnistía Internacional, que apoyó la presentación de la denuncia, este caso podría enmarcarse dentro del así denominado “robo de bebés” en España.

Tras efectuarse diversos procesos judiciales, el caso se encuentra actualmente en la SCJN. Los y las representantes legales de Ligia, así como Amnistía Internacional, esperan que la Corte acepte conocerlo y estudie si Ligia pudo ser víctima de desaparición forzada.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, ha señalado que ese delito, cuando afecta a niños y niñas, se sigue produciendo hasta que se conoce la verdadera identidad del niño o niña sustraída (hoy adulto) y se garantiza a las víctimas la posibilidad legal y real de restablecerla, así como sus lazos familiares. Extremos que en este caso siguen sin garantizarse.

Antecedentes

En diciembre de 2022, el Ministerio Público mexicano decidió no ejercer la acción penal en el caso de esta ciudadana mexicana que podría haber sido víctima de desaparición forzada en España en 1968, por considerar, entre otros elementos, el fallecimiento de los presuntos perpetradores como argumento clave para justificar el fin de la investigación penal. Desde entonces, sus abogados han recurrido esta decisión que ha pasado por diferentes juzgados hasta llegar a la SCJN.

Durante la investigación del Ministerio Público, se dieron importantes avances para restablecer la verdadera identidad de Lily y arrojar luz sobre hechos importantes de su pasado. En dicha investigación, participó también la Fiscalía Provincial de Madrid a petición de auxilio judicial del Ministerio Público mexicano. La investigación se cerró sin proporcionar certeza sobre el origen biológico de Lily, pero facilitó detalles de su pasado para avanzar en la reconstrucción de su propia historia.

Información sobre el caso

La única información que consta sobre la filiación de Ligia en España son los nombres supuestos de sus padres, Marta y Rafael.

El 11 de julio de 1968, según consta en un Acuerdo de la Diputación Provincial de Madrid, la niña fue entregada en prohijamiento a un matrimonio mexicano que se la llevó consigo a Mérida, Yucatán. Una vez allí, fue registrada ante la Oficialía del Registro del Estado de Yucatán con otro nombre, y como nacida en México e inscrita como hija biológica del matrimonio Ceballos Franco.

Según el padre adoptivo de Ligia, ya fallecido, y otros múltiples testimonios recogidos directamente por Amnistía Internacional, este matrimonio recurrió a las autoridades eclesiásticas del estado de Yucatán, al sur de México, pues no podían tener hijos de forma natural. Así, se habría iniciado una correspondencia entre el arzobispo de Yucatán y el arzobispo de Madrid, el cual, al parecer, mostró su apoyo para que la familia Ceballos pudiera adoptar una niña.

En junio de 1968, el matrimonio viajó a España con el fin de recibir a la niña en adopción. En esas mismas fechas, el Secretario Particular del Arzobispo de Mérida, Ramón Bueno y Bueno, viajó desde México a Madrid. Según el padre de Ligia, miembros del arzobispado les dijeron que les tenían preparado "algo especial, pero aún no ha nacido”. Según testimonios de los familiares a Amnistía Internacional, el matrimonio buscaba una niña blanca, de rasgos europeos, y habría pagado la cantidad de 50.000 pesetas por la adopción.

En marzo de 2021, Amnistía Internacional presentó el informe, Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de “bebes robados”, en el que denuncia los obstáculos y dificultades que enfrentan en sus procesos de búsqueda aquellas personas que desean, como Ligia, conocer su identidad y origen, así como de aquellas que sospechan haber sufrido la sustracción de sus hijos e hijas.

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