La adopción de la resolución y las recomendaciones contenidas en Detenciones secretas y traslados ilegales de detenidos y la implicación de Estados miembros del Consejo de Europa, el informe presentado por el senador Dick Marty, es un bienvenido primer paso para poner fin al "lodazal legal y moral"; en el que se vienen practicando con impunidad detenciones secretas, torturas y otros abusos graves. Ahora depende del Comité de Ministros del Consejo de Europa poner fin a su silencio, condenar públicamente las entregas y las detenciones secretas y exigir que los Estados miembros inicien investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre la complicidad y la cooperación del Estado en las entregas y detenciones secretas, y hagan que los responsables respondan ante la justicia. El informe de Dick Marty demuestra que no sólo fueron cómplices de Estados Unidos los países más directamente implicados en el programa de detenciones secretas, sino que todos los miembros y socios de la OTAN suscribieron condiciones que permitieron libertad total para las operaciones de la CIA. El informe lamenta el hecho de que muchos gobiernos invoquen conceptos como el secreto de Estado o la seguridad nacional para obstaculizar las actuaciones judiciales y parlamentarias encaminadas a garantizar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos derivados de medidas antiterroristas ilegales. Los Estados miembros del Consejo de Europa deben garantizar que los acuerdos y medidas multilaterales y bilaterales que adopten para implementar estas políticas, incluidos los adoptados en el contexto de la OTAN, son coherentes con sus obligaciones de respetar y proteger los derechos humanos.
Amnistía Internacional reitera su llamamiento al Consejo de Europa para que inicie la elaboración de las normas recomendadas por el secretario general en septiembre de 2006, destinadas a garantizar la supervisión democrática efectiva y la rendición de cuentas de todos los servicios de inteligencia, lo que incluye garantizar que su uso de aviones estatales y civiles cumple las normas de derechos humanos, y cree un marco para la exención de inmunidad de los funcionarios estatales sospechosos de haber cometido violaciones de derechos humanos.
Estas medidas son esenciales para demostrar el compromiso real —tanto en la acción como sobre el papel— del Consejo de Europa y de sus Estados miembros con los principios fundadores del Consejo de Europa. Es lo mínimo que exige el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. Nuestra futura seguridad, colectiva e individual, depende de ello.
