Las autoridades iraníes deben desistir de inmediato de su intención de ejecutar a tres jóvenes condenados a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, ha manifestado Amnistía Internacional.
La organización ha sabido que Mohammad Kalhori, Barzan Nasrollahzadeh y Shayan Saeedpour, declarados culpables de sendos delitos que se cometieron cuando eran menores de edad, corren riesgo inminente de ejecución.
“Las autoridades iraníes deben actuar con rapidez para salvar la vida a estos jóvenes. No detener su ejecución sería otra agresión atroz perpetrada contra los derechos de la infancia en Irán. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito”, ha señalado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“La pena de muerte es un castigo cruel, inhumano y degradante. Su uso es horrendo en todas las circunstancias, pero resulta aún más espantosa cuando se utiliza contra personas que eran menores de 18 años cuando se cometieron los delitos y dentro de un sistema judicial que es manifiestamente injusto.” Irán es uno de los pocos países que continúan ejecutando a personas menores de edad en el momento del delito, violando flagrantemente con ello el derecho internacional. En los tres últimos años, las autoridades iraníes han intensificado tales ejecuciones. Amnistía Internacional sabe de más de 90 casos de personas que se hayan condenadas actualmente a muerte en Irán por delitos que se cometieron cuando tenían menos de 18 años, pero el número real probablemente sea mucho mayor.“No detener la ejecución de estos jóvenes sería otra agresión atroz contra los derechos de la infancia en Irán”Saleh Higazi, Amnistía Internacional
“Las autoridades iraníes tienen una trayectoria horrible de ejecución de personas menores de edad en el momento del delito, incumpliendo flagrantemente lo dispuesto en el derecho internacional y sus propias obligaciones en materia de derechos humanos”, ha añadido Saleh Higazi.
“En vez de enviar a la horca a personas que eran menores de edad en el momento del delito, las autoridades deben conmutar todas las condenas de muerte y reformar de inmediato el Código Penal de Irán a fin de abolir el uso de la pena de muerte en tales casos. Estas medidas han de ser un primer paso para abolir la pena capital por completo.”
Como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, Irán tiene la obligación legal de tratar a todas las personas menores de 18 años como niños y garantizar que jamás se les impone la pena de muerte.
Amnistía Internacional ha observado también una alarmante práctica, con arreglo a la cual las autoridades iraníes programan las ejecuciones de personas menores de edad en el momento del delito con muy poca antelación para reducir al mínimo el riesgo de intervenciones públicas o privadas en favor de la vida de la persona.
Mohammad Kalhori tenía 15 años cuando fue detenido, en diciembre de 2014, por el apuñalamiento mortal de un compañero de clase. Las Sección 1 del Tribunal Penal Provincial lo declaró culpable de asesinato en marzo de 2016. Al principio lo condenó a tres años de prisión y al pago de “dinero de sangre” (diyah) a la familia de la víctima. Al dictar sentencia, el tribunal se basó en una opinión médica oficial según la cual el acusado no tenía “desarrollo mental y madurez” en el momento del delito.
Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló la sentencia en apelación, y, en enero de 2017, la Sección 2 del Tribunal Penal Provincial de la provincia de Lorestán desestimó los argumentos sobre el “desarrollo mental y madurez” de Mohammad Kalhori y, tras declararlo culpable de asesinato, lo condenó a muerte. Desde entonces se han rechazado al menos dos revisiones judiciales de este caso, y la fiscalía ha dicho ahora a la familia del joven que pronto se ejecutará la condena de muerte.
Según el Código Penal Islámico de Irán, los jueces tienen la facultad de sustituir la pena de muerte por una condena alternativa si determinan que la persona menor de edad en el momento del delito no entendía la naturaleza de éste ni sus consecuencias o si hay dudas sobre su “desarrollo mental y madurez” en el momento en que se cometió.
Barzan Nasrollahzadeh fue detenido por funcionarios del Ministerio de Inteligencia cuando tenía 17 años en Sanandaj, provincia de Kurdistán, en mayo de 2010. Estuvo varios meses en un centro de detención del Ministerio en Sanandaj, sin acceso a su familia ni a un abogado. Ha dicho que durante ese tiempo fue torturado con técnicas como aplicarle un dispositivo de electrochoque, colgarlo boca abajo y golpearlo. Tras su juicio, en agosto de 2013, fue declarado culpable de “enemistad con Dios” y condenado a muerte. Actualmente se halla recluido en la prisión de Raja’i Shahr, en Karaj. Se ha rechazado su solicitud de revisión judicial de su caso, por lo que pronto puede empezar a prepararse a ejecución de la condena.
Shayan Saeedpour fue detenido a los 17 años, tras entregarse en una comisaría de policía por el asesinato de otra persona durante una pelea ocurrida en agosto de 2015. En octubre de 2018, la Sección 1 del Tribunal Penal de Kurdistán lo condenó a muerte por asesinato en primer grado y a recibir 80 latigazos por consumo de alcohol.
Amnistía Internacional ha pedido al Parlamento iraní que reforme con urgencia el artículo 91 del Código Penal Islámico de 2013 para abolir el uso de la pena de muerte por delitos cometidos siendo menor de 18 años, conforme a las obligaciones contraídas por Irán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño;
La organización ha pedido también a los médicos afiliados a la Organización de Medicina Legal de Irán –institución que presta a los tribunales dictámenes médicos sobre la “madurez” de las personas declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran todavía menores de edad– que no den legitimidad médica a los procesos judiciales conducentes a ejecuciones de personas menores de 18 años en el momento del delito
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de la naturaleza del delito, de las características del delincuente o del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida.
