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Irán: Proponen leyes que reducen a las mujeres a “máquinas de procrear” en torpes intentos de aumentar población

Anuncio del municipio de Teherán en 2013 promocionando las familias numerosas. El lema de la campaña es: "La primavera no puede llegar con una sóla flor". ©IRNA

Si se aprueban dos proyectos de ley, las mujeres iraníes podrían sufrir restricciones significativas al uso de anticonceptivos y ser más excluidas del mercado de trabajo si no han tenido un hijo, según un nuevo informe de Amnistía Internacional que se publica hoy.

En Procrearás: Ataques contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Irán se detallan los extremos a los que están llegando las autoridades iraníes para fomentar la procreación múltiple en un torpe intento de aumentar las cifras de población del país, que están en declive.

“Las leyes propuestas consolidarán prácticas discriminatorias y harán retroceder décadas los derechos de las mujeres y niñas de Irán. Las autoridades están fomentando una cultura peligrosa en la que las mujeres son despojadas de derechos fundamentales y consideradas máquinas de procrear en lugar de seres humanos con los derechos básicos a decidir sobre su propio cuerpo y su propia vida”, declaró Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Los proyectos de ley refuerzan estereotipos discriminatorios de la mujer y representan una medida sin precedentes del Estado para injerirse en la vida personal de la ciudadanía. En su ferviente afán de proyectar una imagen de poderío militar y fuerza geopolítica mediante el intento de aumentar el número de nacimientos, las autoridades iraníes están pisoteando los derechos fundamentales de la mujer y ni siquiera el lecho conyugal queda fuera de su alcance”.
 
El proyecto de ley para aumentar las tasas de fecundidad y prevenir la disminución de la población (Proyecto de Ley 446) prohíbe la esterilización voluntaria, considerado el segundo método anticonceptivo moderno más habitual en Irán, y bloquea el acceso a la información sobre métodos anticonceptivos, negando así a la mujer la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre tener hijos. Unida a la eliminación de la financiación por el Estado del programa de planificación familiar de Irán que hasta 2012 proporcionó a millones de mujeres acceso a medios anticonceptivos modernos y asequibles, esta medida tendrá sin duda como consecuencia un mayor número de embarazos no deseados, lo que obligará a las mujeres a someterse a abortos ilegales y en condiciones de riesgo.

La falta de acceso a preservativos, que antes se dispensaban en consultas médicas urbanas y casas de salud rurales financiadas por el Programa de Planificación de la Población y la Familia de Irán, desembocaría también en un aumento de las enfermedades infecciosas de transmisión sexual, como el VIH.

El proyecto de ley fue aprobado por el Parlamento por una mayoría abrumadora en agosto de 2014 y está siendo sometido a las enmiendas recomendadas por el Consejo de Guardianes, que tiene que aprobarlo para que se convierta en ley.

“Con la abolición de los programas de planificación familiar y el bloqueo del acceso a servicios vitales de salud sexual y reproductiva las autoridades expondrán a las mujeres a riesgos graves para la salud y violarán sus derechos humanos”, afirmó Hassiba Hadj Sahraoui.


“Es vital que las autoridades mantengan la financiación de programas globales de planificación familiar a fin de garantizar que todas las mujeres pueden acceder a productos, servicios e información de calidad sobre anticoncepción”.
 
Sin ese acceso, las mujeres tendrán que llevar su embarazo a término cuando no es esa su decisión o arriesgar su vida y su salud sometiéndose a un aborto peligroso y clandestino.

Los abortos peligrosos figuran entre las principales causas de mortalidad materna en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2008 los abortos peligrosos causaron la muerte de 47.000 mujeres y discapacidad a otras cinco millones.

El proyecto de ley integral sobre población y exaltación de la familia (Proyecto de Ley 315), que se debatirá en el Parlamento el mes que viene, consolidará más la discriminación de género, sobre todo la de las mujeres que deciden no casarse o tener hijos o no pueden hacerlo. El proyecto legislativo ordena a todas las entidades públicas y privadas que, a la hora de cubrir ciertos puestos de trabajo, den prioridad, por este orden, a los hombres con hijos, a los hombres casados con hijos y a las mujeres casadas con hijos. También dificulta más el divorcio y desalienta la intervención policial y judicial en los conflictos familiares, lo que aumenta el riesgo de que la mujer sea objeto de violencia en el ámbito familiar.

“Las autoridades iraníes deben reconocer que la introducción de estas leyes podría tener consecuencias devastadoras para las mujeres que están atrapadas en relaciones abusivas”, dijo Hassiba Hadj Sahraoui.

Según el Código Civil iraní vigente, las mujeres que desean divorciarse tienen que demostrar que padecen “sufrimientos insoportables”, mientras que los hombres pueden divorciarse sin dar ninguna razón. Los hombres también tienen el derecho exclusivo de tener al menos dos esposas permanentes en matrimonios polígamos y todas las esposas que deseen en matrimonios “temporales” (sigheh). El Proyecto de Ley 315 incentivaría a los jueces que resolvieran en contra del divorcio ofreciéndoles primas basadas en el número de casos que terminaron en reconciliación conyugal.

“Los proyectos de ley transmiten el mensaje de que las mujeres no sirven más que para ser amas de casa obedientes y hacer bebés, y sugieren que no tienen derecho a trabajar o a desarrollar una carrera profesional hasta que hayan cumplido esa función y obligación primarias. Los proyectos contradicen la realidad de las mujeres iraníes que al menos hasta hace poco constituían la mayoría de las personas que obtenían una licenciatura universitaria y representaban en torno al 17% de la mano de obra del país”, prosiguió Hassiba Hadj Sahraoui.

Pese a las afirmaciones de las autoridades iraníes, incluidas las declaraciones del presidente Hasan Rouhani de que en Irán, hombres y mujeres son tratados igual, esto está lejos de ser cierto. La violencia sexual y la discriminación de la mujer abundan en Irán, donde se niega a las mujeres la igualdad de derechos respecto del matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, las herencias, los viajes e incluso a la hora de decidir su indumentaria.

El Código Penal iraní castiga con penas de prisión o una multa a las mujeres, e incluso a niñas de nueve años, que no se cubren el cabello con un pañuelo y cumplen los códigos indumentarios obligatorios. La policía esgrime normalmente estas leyes para hostigar y detener a mujeres en público por su apariencia y la ropa que visten.

Según el Código Civil vigente en Irán, las mujeres no tienen derecho a recibir mantenimiento conyugal si se niegan a cumplir los “deberes conyugales”, lo que puede incluir negarse a mantener relaciones sexuales con su esposo o salir de la casa sin permiso.

El testimonio judicial de la mujer vale la mitad que el del hombre y la indemnización que se ha de pagar por matar o causar lesiones a un mujer es la mitad de la que hay que abonar por los mismos daños causados a un hombre. La edad de responsabilidad penal de las niñas es a partir de los nueve años y de 15 años para los niños. La violación dentro del matrimonio y la violencia en el ámbito familiar no están reconocidas como delitos. Las relaciones sexuales entre mujeres pueden estar penadas con 100 latigazos y de ser declaradas culpables por cuarta vez, serían condenadas a la pena capital. Los matrimonios tempranos y forzados son habituales y según el informe anual 2014-2014 de la Organización Nacional para el Registro Civil, había 41.226 niñas de entre 10 y 14 años casadas, y al menos 201 menores de 10 años. En algunas universidades las mujeres no pueden estudiar ciertas asignaturas, desde ingeniería hasta literatura inglesa, como resultado de los cupos impuestos para tratar de revertir los avances realizados en número y porcentaje de estudiantes universitarias.

También sufren restricciones a la hora de asistir como espectadoras a competiciones deportivas que se celebran en estadios públicos.

“Las autoridades iraníes están recurriendo a la ley para tratar de frenar los avances de la mujer en el país e intentan confinarla a las funciones de madre y esposa. En lugar de añadir más elementos a la lista de discriminaciones que sufren las mujeres iraníes, las autoridades deben reconocer que las mujeres son seres humanos con derechos fundamentales y anular estas leyes discriminatorias”, concluyó Hassiba Hadj Sahraoui.

“Las autoridades ya tratan de controlar lo que visten las mujeres iraníes, dónde trabajan y qué estudian. Ahora se injieren en su vida privada tratando de controlar su cuerpo y de decirles cuántos hijos deben tener. Se deben descartar los dos proyectos de ley y restablecer la financiación de unos servicios de planificación familiar de calidad. Las mujeres deben poder vivir dignamente sin sufrir estas violaciones invasivas de sus derechos y libertades fundamentales”.