Miles de personas desplazadas en Irak, a las que se estigmatiza por sus presuntos vínculos con el grupo armado autodenominado Estado Islámico y que han sido víctimas ya de detención arbitraria, desapariciones forzadas y juicios injustos, corren ahora mayor peligro aún, a medida que las autoridades iraquíes prosiguen con el cierre de los campos de acogida a pesar de los múltiples obstáculos que impiden el regreso seguro, digno y sostenible de esas personas a sus lugares de origen. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Marked for Life: Displaced Iraqis in cycle of abuse and stigmatization (“Marcadas de por vida: personas desplazadas en Irak en una espiral de abusos y estigmatización”) revela cómo las autoridades centrales iraquíes, junto con el Gobierno Regional del Kurdistán, continúan estigmatizando a las personas desplazadas que parecen tener vínculos con el Estado Islámico, bloqueándoles u obstaculizándoles la obtención de documentación civil que es esencial para encontrar trabajo, acceder a la educación y a las prestaciones públicas y ejercer la libertad de circulación. Miles de familias de todo Irak siguen todavía sin conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos desaparecidos.
En las últimas semanas, las autoridades iraquíes han seguido adelante con el cierre de los campos de acogida, cerrando hasta ahora los de Ninewa y Karbala de Bagdad, entre otros, y poniendo, en la práctica, en peligro a miles de personas que han ido a parar a precarios albergues o han sido devueltas a sus zonas de origen a pesar del temor a que algunas de ellas no estén a salvo allí.
“Como parte integrante de todo plan nacional que se elabore para cerrar los campos, que son actualmente la única opción de acogida para miles de personas, las autoridades iraquíes y el Gobierno Regional del Kurdistán deben abordar el castigo colectivo que se inflige constantemente a las personas internamente desplazadas con presuntos vínculos con el Estado Islámico. Afrontar estas injusticias es la única manera de garantizar un retorno seguro y digno, porque, de lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar precisamente las actuaciones que siembran las semillas de futuras espirales de violencia”, ha afirmado Lynn Maalouf, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Para impedir nuevas espirales de abusos, las autoridades iraquíes deben garantizar que ninguna persona es castigada por los delitos cometidos por otras, que todos los hombres y mujeres iraquíes pueden conseguir documentación civil y que se revela el paradero de las personas desaparecidas. Las personas internamente desplazadas han de tener una oportunidad significativa de decidir su futuro, y todos los retornos han de ser dignos, seguros y sostenibles.”
Las conclusiones de Amnistía Internacional están basadas en investigaciones realizadas a distancia y sobre el terreno entre noviembre de 2018 y octubre de 2020. La organización realizó entrevistas individuales a 119 personas internamente desplazadas, en visitas a siete campos de acogida, así como entrevistas a 15 trabajadores humanitarios y a funcionarios de agencias de la ONU. Documentó los casos de 67 personas –61 hombres, 3 mujeres y 3 niños menores de 18 años en el momento de su detención– que habían sido detenidas por sus presuntos vínculos con el Estado Islámico y sometidas a desaparición forzada por el ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes entre 2017 y 2019.
Negación de un futuro seguro
Las personas con presuntos vínculos con el Estados Islámico, así como sus familiares, que son estigmatizados igualmente, llevan mucho tiempo encontrando diversos obstáculos para conseguir, renovar o sustituir documentos civiles. Las fuerzas de seguridad presentes en las oficinas del registro civil las someten de manera habitual a hostigamiento e intimidación. Muchas afirmaban que, para no tener que sufrir este trato, no iban a volver intentar solicitar sus documentos civiles.
Cuando las autoridades señalan a una persona por su presunta vinculación con el Estado Islámico, pueden dejarla expuesta a sufrir violencia, nuevo desplazamiento y otros obstáculos para conseguir un futuro seguro, incluso después de haber sido absuelta del delito que se le haya podido imputar.
“Abed”, de 23 años estuvo casi tres años bajo custodia de la Asayish (la principal agencia de seguridad el Gobierno Regional del Kurdistán), hasta que fue absuelto del cargo de vinculación con el Estado Islámico por un tribunal de la región del Kurdistán de Irak de y quedó en libertad. Entrevistado por Amnistía Internacional, explicó que había temido por su seguridad.
“En Irak no hay nada peor ni más peligroso que llamar a alguien daeshi [miembro del Estado Islámico]. Una palabra, y estás acabado. Tenía esperanzas de llevar una vida normal. Pero ahora estamos todos en el punto de mira”, dijo.
Todos los hombres y niños entrevistados por Amnistía Internacional que habían estado detenidos en la región del Kurdistán iraquí expresaron su temor a que las fuerzas centrales de seguridad iraquíes volvieran a detenerlos y a sufrir tortura y otros malos tratos y ser sometidos a juicios injustos si intentaban regresar a sus hogares de las gobernaciones de Kirkuk, Nínive y Salah al Din. Ese temor tenía su origen principalmente en informes sobre familiares, amigos y otros hombres y niños que habían sido detenidos de nuevo después de que las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán los dejaran en libertad, así como en amenazas dirigidas contra sus familias en sus lugares de origen. Esas detenciones se producían en puestos de control por los que tenía que pasar la persona en cuestión de camino a su lugar de origen o poco después de su llegada allí, y normalmente las practicaba el Servicio de Seguridad Nacional, aunque también otras fuerzas, como las Unidades de Movilización Popular y la Inteligencia Militar.
Amnistía Internacional entrevistó a hombres que habían estado detenidos por su presunta vinculación con el Estado Islámico, así como a familiares de otros aún detenidos por el mismo motivo y a mujeres cabeza de familia que, por estar sus esposos en paradero desconocido o haber muerto en el conflicto con el grupo armado, eran sospechosas de vinculación con él. Todos dijeron que creían que los campos para personas internamente desplazadas donde vivían en la región del Kurdistán iraquí y en la gobernación de Nínive eran su única opción de acogida, dado el peligro de sufrir abusos que corrían fuera de ellos.
“Lo que pretende el gobierno iraquí al hacer que las personas internamente desplazadas salgan de los campos donde viven y regresen a sus lugares de origen es cerrar un doloroso capítulo del conflicto. Pero es esencial que, al hacerlo, no ponga en peligro a las personas que regresan”, ha manifestado Lynn Maalouf.
Detenciones arbitrarias, desaparición forzada y tortura
En su lucha contra el Estado Islámico, las autoridades iraquíes y del Gobierno Regional del Kurdistán detuvieron a hombres y niños desplazados en diversas circunstancias: en puestos de control, en las líneas de combate, durante operaciones militares, en campos de desplazamiento y en los lugares de origen tras el regreso a ellos. Las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán sometieron a hombres y a niños de tan sólo 14 años a detención arbitraria, tortura y juicio injusto. Las fuerzas de seguridad iraquíes detuvieron a hombres, mujeres y niños y niñas que luego desparecieron. Como consecuencia de ello, las personas que han estado detenidas –incluidas las que fueron absueltas o puestas en libertad sin cargos– y sus familias y las familias de las desaparecidas no pueden escapar de un estigma que frustra sus esperanzas de encontrar un futuro seguro.
De los 115 casos documentados por Amnistía Internacional, 48 eran de hombres y niños detenidos por la Asayish, y 67, de personas sometidas por el ejército y las fueras seguridad iraquíes a desaparición forzada en Nínive.
Los miembros de la Asayish que practicaron las detenciones no dieron ninguna explicación de por qué lo hacían o se limitaron a decir que el nombre de la persona figuraba en una “lista de gente buscada”. Varias personas que habían estado detenidas contaron que sus interrogadores les habían dicho que estaban ahí porque alguien las había delatado. A un hombre, la Asayish le dijo que lo detenían porque uno de sus hijos estaba en paradero desconocido y, presuntamente, se había unido al Estado Islámico.
En algunos casos, las fuerzas de seguridad iraquíes habían golpeado a la persona al detenerla y la habían obligado a permanecer en posturas en tensión, esposada y con los ojos vendados, antes de llevársela. Esta actuación podría constituir tortura y otros malos tratos según el derecho internacional.
Todos los hombres y niños detenidos por la Asayish dijeron que los habían sometido a tortura u otros malos tratos para obligarlos hacer una “confesión”. A muchos los habían propinado puñetazos y golpeado con trozos de tuberías o mangueras, y a un hombre lo habían amenazado con someter a violencia sexual a las mujeres de su familia.
El informe revela cómo se mantenía a hombres y niños recluidos en centros de detención durante semanas, e incluso meses, sin llevarlos ante las autoridades judiciales.
A los que llevaban a los tribunales de Erbil, solían declararlos culpables de imprecisos cargos en aplicación de la Ley Antiterrorista de la región del Kurdistán iraquí. Sus juicios no cumplían las normas internacionales de justicia procesal ni, en el caso de los niños, los principios de la justicia de menores. Cuando los dejaban en libertad sin cargos o eran absueltos o excarcelados tras haber cumplido su condena, sufrían restricciones arbitrarias de su libertad de circulación.
Como Estado Parte en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Irak debe investigar y llevar ante la justicia a toda persona que “cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada [o] intente cometerla”. Las autoridades deben poner fin de inmediato a la práctica de la tortura y otros malos tratos y garantizar que las personas detenidas son recluidas en condiciones dignas y que favorezcan su bienestar físico y mental. Amnistía Internacional pide también a las autoridades centrales iraquíes y al Gobierno Regional del Kurdistán que garanticen que hay comunicación efectiva entre ellos en lo que respecta a la información relativa a la detención, sentencia, absolución y puesta en libertad de las personas detenidas y/o juzgadas en las distintas zonas de Irak.
Amnistía Internacional ha documentado ampliamente los delitos cometidos por el Estado Islamico en Irak, algunos de los cuales constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y reconoce que las actividades del grupo armado siguen siendo una amenaza para la vida de los civiles en Irak todavía hoy. La organización ha reconocido también las inmensas dificultades que encuentran la autoridades iraquíes y el Gobierno Regional del Kurdistán para cumplir con su deber de proteger la seguridad de toda la población civil en sus territorios y garantizar que los miembros del Estado Islámico responsables de delitos rinden cuentas. No obstante, Amnistía Internacional sigue viendo con gran preocupación que las autoridades no sometan a las personas sospechosas de vinculación con el Estado a juicios justos, acordes con las normas internacionales de justicia procesal y en los que no se recurra a la pena de muerte, y que no hagan rendir cuentas a los miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes o del Gobierno Regional del Kurdistán responsables de delitos reconocidos internacionalmente.
“La celebración de juicios justos, efectivos y transparentes por los delitos cometidos por todas las partes en el conflicto es esencial para proporcionar a las autoridades una base sostenible sobre la cual superar el destructivo legado el Estado Islámico”, ha señalado Lynn Maalouf.
