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Irak: El presidente debe detener la ratificación de las sentencias de muerte

Presidente de Irak, Fuad Masum. © 2005-2015 Embassy of the Republic of Iraq

Amnistía Internacional ha pedido hoy al presidente iraquí que no ratifique unas sentencias de muerte que darán vía libre a ejecuciones inminentes, a pesar de que desde hace tiempo preocupa que muchas personas hayan sido condenadas a muerte tras juicios sumamente injustos.

El 15 de julio, un portavoz de la presidencia de Irak afirmó que el presidente Fuad Ma’sum había ratificado 42 sentencias de muerte, que figuran entre las 662 acumuladas que esperan ratificación presidencial desde 2006.

El Código de Procedimiento Penal de Irak dispone que, cuando el Tribunal de Casación confirma una condena a muerte, ésta pasa al presidente, que decide si ratificarla, conmutarla por una pena menor o conceder el indulto.

A Amnistía Internacional le preocupa hondamente que en muchos casos el presidente Fuad Ma’sum esté ratificando condenas basadas en "confesiones" conseguidas bajo tortura de las que los acusados se retractaron posteriormente ante el juez, en "confesiones" televisadas admitidas como prueba o en información proporcionada por informadores secretos, contraviniendo totalmente las garantías internacionales sobre garantías procesales. La mayoría de las personas condenadas a muerte en Irak han sido hombres suníes condenados en aplicación de la Ley Antiterrorista de 2005.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte es la forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violación del derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Estas ratificaciones presidenciales parecen ser la respuesta a la presión cada vez mayor que miembros del Parlamento y el gobierno iraquí ejercen sobre el presidente Ma’sum para que resuelva la acumulación de casos de pena de muerte pendientes de revisión presidencial. El 16 de junio, el gabinete iraquí tratando de acelerar la aplicación de la pena de muerte, aprobó una propuesta de enmienda al Código de Procedimiento Penal que concede al ministro de Justicia facultades para ratificar la ejecución si el presidente no ratifica, indulta o conmuta una condena a muerte definitiva en un plazo de 30 días.

Amnistía Internacional considera que acelerar la aplicación de las penas de muerte no es una medida acertada, y menos aún en Irak, donde el sistema de justicia presenta graves deficiencias. La organización ha documentado muchos casos de personas condenadas a muerte tras juicios manifiestamente injustos. En muchos casos, los abogados que defendieron a estas personas fueron hostigados, intimidados y detenidos por las fuerzas de seguridad.

Ahmad ‘Amr ‘Abd al-Qadir Muhammad, palestino nacido en Irak, que actualmente tiene 33 años y está en espera de ejecución en la cárcel de Al Nassiriya, dijo a sus familiares que seguían golpeándolo y negándole atención médica. Cuando su madre lo visitó el 18 de junio, vio que tenía las manos y los pies hinchados y que su espalda sangraba. El joven fue condenado a muerte en mayo de 2011, tras "confesar" que pertenecía a un grupo armado y que había participado en varias explosiones de bombas en Bagdad. No se presentó ninguna prueba que lo relacionara con las explosiones. En el tribunal se retractó de esta "confesión" y dijo que, tras su detención en el distrito de Zayouna de Bagdad en julio de 2006, en pleno auge de la violencia sectaria, lo habían mantenido un año en régimen de incomunicación, durante el cual lo habían torturado. A pesar de que Ahmad ‘Amr ‘Abd al-Qadir Muhammad se retractó de su "confesión", el tribunal la aceptó y decidió que era fiable porque había sido hecha en una fecha mucho más cercana al momento del delito que la declaración prestada posteriormente ante el tribunal. No consta que se haya realizado ninguna investigación completa e independiente sobre sus denuncias de tortura.

Mu’ad Muhammad ‘Abed, maestro de primaria, que ahora tiene 37 años, fue detenido junto con otros tres hombres entre marzo y abril de 2012. Todos permanecieron en régimen de incomunicación durante varias semanas en la Dirección contra la Delincuencia de Ramadi, en la provincia de Al Anbar, y afirmaron que los habían torturado para que "confesaran" su participación en un asesinato. Poco después de su detención, el canal de televisión al-Anbar emitió imágenes de los cuatro hombres haciendo declaraciones autoinculpatorias sobre su participación en delitos relacionados con el terrorismo y su pertenencia a un grupo armado. Los hombres dijeron al tribunal que habían sido torturados para hacerlos "confesar", y un examen médico de uno de ellos halló lesiones que concordaban con estas afirmaciones. No se sabe que se haya realizado ninguna investigación oficial sobre la presunta tortura. El 3 de diciembre de 2012, los cuatro hombres fueron condenados a muerte. Su caso está aún pendiente de revisión por el Tribunal de Casación. Si se confirma la sentencia, el presidente deberá ratificarla, lo cual los pone en peligro inminente de ejecución. Mu’ad Muhammad ‘Abed dijo a su familia cuando lo visitaron hace dos meses en la cárcel de Nassirya que los guardias lo estaban maltratando, impidiéndole rezar, oír la radio y ver la televisión.

Más recientemente, el 8 de julio, el Tribunal Penal Central de Irak en Bagdad condenó a muerte a 24 hombres en aplicación del artículo 4 de la Ley Antiterrorista de 2005, tras declararlos culpables de la muerte de al menos 1.700 cadetes del campamento militar de Speicher, cerca de Tikrit, en la gobernación de Salahuddin, en junio de 2014. Otros cuatro acusados fueron absueltos. El juicio duró pocas horas y el tribunal se basó sobre todo en "confesiones" conseguidas bajo tortura de los acusados durante su interrogatorio y en las imágenes de vídeo de la matanza que había distribuido el grupo armado autodenominado Estado Islámico. Según información de los medios de comunicación, en el tribunal los acusados negaron haber participado en los homicidios. Otros dijeron que no estaban en la zona de Tikrit en el momento de la matanza.

Amnistía Internacional pide a las autoridades iraquíes que conmuten sin demora las condenas a muerte impuestas a los 24 hombres y a todas las personas que están en espera de ejecución y que declaren la suspensión oficial de todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente las oleadas de ataques que han provocado muertos y heridos en Irak, incluidos miembros de la población civil, considerando que tales ataques muestran un profundo desprecio por los principios fundamentales de humanidad. La organización ha instado a las autoridades iraquíes a que investiguen tales ataques y pongan a sus autores en manos de la justicia en procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte. La actual situación de seguridad en Irak no debe utilizarse como justificación de violaciones del derecho a un juicio justo y del uso generalizado de la pena de muerte.

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