Hacer justicia a las víctimas es juzgar con garantías al ex presidente
El ex presidente Mubarak, el ex ministro del Interior Habib Ibrahim El Adly y otros seis ex altos cargos van a ser juzgados en El Cairo el miércoles.
Se enfrentan a cargos de asesinato con premeditación y tentativa de asesinato, basados en las muertes de manifestantes por disparos de las fuerzas de seguridad que se produjeron en enero de este año, antes de que Mubarak fuera derrocado. Si son declarados culpables, podrían ser condenados a muerte.
“Este juicio brinda a Egipto una oportunidad histórica de hacer rendir cuentas a un ex dirigente y su camarilla por los delitos cometidos durante su gobierno”, ha señalado Malcolm Smart, director de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Pero para que el juicio suponga un ruptura significativa con el historial de impunidad de Egipto, debe ser justo y transparente, lo mínimo que exige la justicia. “ Y no sólo tiene que ser justo, sino que además la gente tiene que ver que lo es, en especial las familias de quienes murieron durante las manifestaciones.”
Al menos 840 personas murieron y millares más resultaron heridas en enero y febrero de este año, al recibir la policía órdenes, según informes, de disparar contra los manifestantes contrarios al gobierno que pedían el fin del régimen del presidente Mubarak.
Tras dimitir Mubarak en febrero, las familias de las víctimas hicieron campaña incesantemente para que se exigieran responsabilidades al ex presidente y a los responsables de los homicidios.
Millares de familias volvieron en julio a la plaza de Tahrir, centro de las manifestaciones de enero, para exigir a las autoridades militares y al gobierno provisional que aceleran el proceso judicial.
Amnistía Internacional acogió con satisfacción la decisión del juez de permitir la emisión en directo por televisión del juicio, pero instó también al tribunal a garantizar que no se sometía a malos tratos a quienes intentaran asistir a la vistas.
A fin de mantener el orden en el juicio, el presidente del tribunal ha exigido presentar una solicitud con antelación a quienes deseen asistir a él en persona, incluidos los abogados, los medios de comunicación y las familias de las víctimas. Esta decisión ha hecho temer que se produzcan actos de violencia si las fuerzas de seguridad no permiten entrar a familiares de las víctimas.
“Las autoridades deben garantizar que las fuerzas de seguridad no hacen uso excesivo de la fuerza para impedir el acceso al juicio”, ha afirmado Malcolm Smart. //FIN
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