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Hacen falta reformas cruciales para proteger a las mujeres y a los trabajadores migrantes

Las condiciones de trabajadores en Qatar son en ocasiones "esclavizantes". © Amnesty International/Godfrey Byaruhanga
El gobierno de Qatar debe introducir amplias reformas para proteger a los trabajadores migrantes y abordar la violencia doméstica a fin de cumplir las normas internacionales, ha declarado Amnistía Internacional con motivo del examen periódico universal al que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU someterá a este país mañana en Ginebra.

Desde que fue elegido como sede del Mundial de Fútbol 2022, Qatar está sometido a una creciente presión internacional para que demuestre su compromiso con los derechos humanos. El país del Golfo ha sido ampliamente criticado por el trato que da a los trabajadores y trabajadoras migrantes y por la larga estancia en prisión de un poeta qatarí.

Pese a las reiteradas garantías de que el cambio está en marcha, continúa habiendo severas restricciones a la libertad de expresión, incidentes de tortura en detención y leyes que permiten la explotación de los trabajadores migrantes y que no protegen a las víctimas de la violencia doméstica”, dijo Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“El gobierno ha reconocido que hacen falta reformas para alinear al país con las normas internacionales, no obstante lo cual los esfuerzos para introducir medidas concretas son, en el mejor de los casos, lentos.

“El Mundial de Fútbol 2022 ha puesto de relieve los derechos de los trabajadores migrantes. El examen del historial de Qatar en materia de derechos humanos ofrece una oportunidad perfecta para que este país cumpla las promesas que ya ha hecho de mejorar la situación de estos trabajadores y demuestre su seriedad en la promoción de los derechos en general.”

Los derechos de los trabajadores migrantes
Amnistía Internacional ha documentado diversos abusos a que son sometidos los trabajadores y trabajadoras migrantes en Qatar en dos detallados informes que analizan la situación de los trabajadores de la construcción y de las trabajadoras domésticas. Muchos de ellos son engañados respecto de las condiciones de trabajo, obligados a trabajar horas excesivas con pocos días libres o ninguno y, en algunos casos, el trato que reciben equivale a trabajo forzoso. Según la represiva Ley de Patrocinio, todos los trabajadores extranjeros deben obtener la autorización de su empleador para salir del país (el “permiso de salida”) o para cambiar de trabajo. Más de 60.000 personas de 119 países han firmado una petición de Amnistía Internacional dirigida al gobierno qatarí en la que se le piden reformas urgentes para prevenir los abusos contra los trabajadores y trabajadoras migrantes.

“Las autoridades de Qatar han reconocido que la Ley de Patrocinio necesita cambios y han afirmado que la están revisando, pero ahora deben convertir sus palabras en hechos”, prosiguió Philip Luther.

El gobierno declaró el 1 de mayo que había recibido los resultados de una investigación realizada por un bufete jurídico internacional, DLA Piper, al que había encargado analizar la situación de los trabajadores migrantes. Su esperada respuesta se dará a conocer en breve.

“Qatar debe responder con firmeza al informe de DLA Piper, con propuestas de acción concretas; primero y ante todo, debe abolir el permiso de salida, una violación especialmente flagrante de los derechos de los migrantes”, afirmó Philip Luther.

El último informe de Amnistía Internacional, publicado en abril de 2014, estaba dedicado a la difícil situación de las trabajadoras domésticas migrantes, a quienes no protege la legislación laboral del país y que a menudo están aún más expuestas a la explotación.

“El gobierno lleva varios años diciendo que va a promulgar una ley para garantizar los derechos de las trabajadoras domésticas, pero aún no hay un calendario para ello ni información sobre su contenido. Ya es hora de que se haga algo al respecto”, declaró Philip Luther.

Violencia doméstica y discriminación de la mujer
Las mujeres también siguen sufriendo una discriminación generalizada en las leyes de familia de Qatar. Alrededor del 28 por ciento de las mujeres qataríes sufren violencia en el hogar, según un estudio del gobierno de 2008, pese a lo cual no existe una ley que penalice expresamente la violencia doméstica.

“La inacción continua del Estado a la hora de ofrecer protección adecuada a las mujeres víctimas de la violencia doméstica es inexcusable. Es una mancha en la reputación de Qatar y resta credibilidad a las afirmaciones de que este país está en la vanguardia de la protección de los derechos de las mujeres en la región. Todas las leyes que discriminan a mujeres y niñas o que puedan facilitar la violencia contra ellas deben abolirse”, afirmó Philip Luther.

En concreto, Qatar debe despenalizar las relaciones sexuales fuera del matrimonio. En Qatar, las mujeres que denuncian una violación o violencia sexual corren el riesgo de ser acusadas de “relaciones ilícitas” y de ser condenadas a prisión si son declaradas culpables.

Libertad de expresión
Hasta ahora, no ha habido ninguna iniciativa para levantar las estrictas restricciones que pesan sobre la libertad de expresión. Por el contrario, el gobierno trata de reforzar sus controles mediante nuevas leyes. Un caso que ilustra claramente estos problemas es el del poeta qatarí Mohammed al Ajami, a quien Amnistía Internacional considera preso de conciencia, que cumple actualmente una pena de 15 años de prisión por unos poemas que, según se afirmó, criticaban a la familia gobernante.

Amnistía Internacional pide al gobierno de Qatar que elimine las disposiciones legales que criminalizan la expresión pacífica del derecho a la libertad de expresión, y que garantice que el proyecto de Ley sobre Medios de Comunicación de 2012 y el proyecto de Ley sobre Delitos Informáticos de 2013 cumplen las normas internacionales antes de que se promulguen.

Información complementaria

El examen periódico universal (EPU) es un proceso de carácter único que conlleva un análisis periódico de la situación de los derechos humanos en los 193 Estados miembros de la ONU. El proceso ofrece a los Estados la oportunidad de declarar las medidas que han adoptado para mejorar la situación de estos derechos en su país y superar los problemas que dificultan su disfrute.

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