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Acuerdo UE-Turquía: Decisiones judiciales que allanan el camino para las primeras devoluciones de solicitantes de asilo

Dos refugiados sirios corren peligro de ser devueltos a Turquía después de que la más alta instancia judicial administrativa de Grecia haya rechazado sus recursos de apelación finales contra anteriores fallos en los que se declaraban inadmisibles sus solicitudes de asilo. Este hecho podría sentar un precedente peligroso para futuras devoluciones de solicitantes de asilo en virtud del acuerdo UE-Turquía, ha declarado Amnistía Internacional.

Las decisiones tomadas hoy por el Consejo de Estado coinciden con la publicación de nuevos datos de Amnistía Internacional sobre las devoluciones ilegales de Turquía a Siria, cuya conclusión es que las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Turquía corren más peligro de ser devueltas a sus países de origen desde el inicio del estado de excepción del año pasado.

El fallo de hoy sienta un sombrío precedente para muchas otras personas solicitantes de asilo que han huido del conflicto y la persecución y ahora están varadas en las islas griegas. Los refugiados sirios actualmente detenidos tras rechazarse sus solicitudes corren especial peligro”, ha dicho John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa..

“Estas decisiones conculcan un principio muy claro: Grecia y la UE no deben devolver a personas refugiadas y solicitantes de asilo a un país en el que no pueden conseguir protección efectiva.”

Si los solicitantes —“Noori”, estudiante de enfermería de 21 años, y “Afaaz”— son expulsados, sería la primera vez desde la entrada en vigor del acuerdo UE-Turquía que una persona solicitante de asilo es devuelta formalmente desde Grecia a Turquía basándose en que Turquía es un país seguro.

Las personas refugiadas sirias reciben protección temporal en Turquía, pero muchas viven en una situación de pobreza extrema. Si bien Turquía ha aceptado más refugiados procedentes de Siria que cualquier otro Estado, las salvaguardias contra la devolución de personas refugiadas y solicitantes de asilo a países donde se enfrentan a abusos y violaciones de derechos humanos, incluidos actos de violencia, tortura o incluso muerte, se han reducido significativamente bajo el estado de excepción.

Además, existen graves motivos de preocupación por el trato que reciben las personas devueltas a Turquía en virtud del acuerdo UE-Turquía. En una carta filtrada el pasado mes de diciembre, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) decía que tenía dificultades para vigilar la situación de las personas sirias devueltas a Turquía desde Grecia, pues no se le había concedido acceso sin trabas a los centros de internamiento turcos previos a la expulsión adonde se las transfiere.

“Hoy, por primera vez desde la implementación del acuerdo entre la UE y Turquía, Grecia, actuando en nombre de toda la UE, ha tomado la decisión consciente de enviar a dos refugiados a un país que ya lucha por cubrir las necesidades básicas de casi tres millones de personas refugiadas”, ha afirmado John Dalhuisen.

“Hasta que se pueda garantizar una protección eficaz en Turquía de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, los países de la UE deben dejar de enviarlas allí.”

Información general


El Consejo de Estado halló que las decisiones de los comités de apelaciones según las cuales Turquía es un tercer país seguro para los dos solicitantes eran razonables.

El Consejo de Estado decidió también —por una estrecha mayoría de 13 votos a 12—no remitir las causas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determinara si Turquía puede considerarse “tercer país seguro”.

Los cambios jurídicos introducidos en la Ley de Protección Internacional y Extranjeros de Turquía en virtud del estado de excepción posterior al golpe han aumentado el peligro de devolución, al eliminar el efecto suspensivo de los recursos contra la expulsión.

Las investigaciones de Amnistía Internacional antes del intento de golpe ya demostraban que Turquía no podía considerarse un país seguro para personas refugiadas y solicitantes de asilo.

Las personas solicitantes de asilo en Turquía que no son sirias no tienen acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces para la determinación de su condición, ni acceso oportuno o adecuado a la integración y el reasentamiento.

“Noori” (nombre ficticio) tuvo que abandonar sus estudios cuando el hospital en el que estudiaba fue bombardeado durante el conflicto de Siria. En abril de 2015, su pueblo fue alcanzado por las bombas y vio morir a varios miembros de dos familias vecinas, uno de cuyos hijos era íntimo amigo suyo. Cruzó la frontera turca el 9 de junio de 2016.

Noori contó a Amnistía Internacional que en los dos primeros intentos de entrar a Turquía había sido detenido y golpeado por gendarmes turcos y luego devuelto a Siria. Según contó, en el tercer intento su grupo fue atacado por un grupo armado que mató a 11 de sus compañeros. Noori estuvo un mes y medio en Turquía, donde fue atacado dos veces por contrabandistas y ladrones.

Su solicitud de asilo en Grecia fue declarada inadmisible por el Servicio de Asilo Griego, basándose en la premisa de que Turquía es un tercer país seguro para él. Esta decisión fue confirmada por uno de los nuevos comités de apelaciones. En septiembre de 2016, Noori impugnó la decisión del Comité de Apelaciones ante el Consejo de Estado y, a mediados de febrero de 2017, una de las secciones del tribunal remitió la causa a la sesión plenaria, dada la importancia de las cuestiones que presentaba su solicitud.

El 10 de marzo, el tribunal se reunió en sesión plenaria para examinar la solicitud de Noori, junto con las de otro solicitante de asilo sirio y dos ONG griegas que prestan apoyo a personas refugiadas. La sesión plenaria se había convocado para decidir si Turquía era o no un “tercer país seguro” para los dos solicitantes de asilo y determinar la constitucionalidad de la composición de los nuevos comités de apelaciones.

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