La nueva normativa introducida por Grecia en abril y mayo de 2020 para las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de temas de migración, asilo e integración social viola el derecho a la libertad de asociación y reduce aún más el espacio de la sociedad civil, afirma Amnistía Internacional en un análisis publicado hoy.
La normativa aludida consiste en la Decisión Interministerial n.º 3063 sobre la inscripción en el registro de ONG griegas y extranjeras que trabajan en estos ámbitos y de su membresía, así como el artículo 58 de la Ley n.º 4686/2020. En virtud de esta normativa, las ONG que trabajan sobre asilo, migración e integración social en Grecia deberán someterse a partir de ahora a un arduo proceso de inscripción en el registro si quieren seguir operando en el país. Además, ciertas ONG, como las que trabajan en instalaciones estatales o las que solicitan financiación europea, nacional o de otro tipo para desarrollar actividades específicas, deberán cumplir requisitos adicionales de “certificación”.
“Las autoridades griegas están imponiendo a las organizaciones y personas que trabajan con población en movimiento en el país unas condiciones cuya complejidad es inadmisible. Las ONG que trabajan sobre migración, asilo e integración social se ven obligadas a cumplir, de forma al parecer discriminatoria, unos requisitos exhaustivos e invasivos que repercuten negativamente en su independencia y su funcionamiento, incluidos aspectos de financiación”, ha señalado Amnistía Internacional.
“En ocasiones, la nueva normativa también tiene el peligro de interferir indebidamente en la autonomía de las ONG, pues no respeta el derecho a la privacidad de las organizaciones y de su membresía y parece conceder excesiva discrecionalidad a las autoridades responsables de la inscripción en el registro, lo que en última instancia tiene un efecto paralizador en las organizaciones de la sociedad civil.”
La normativa en cuestión no surge de la nada. En el último año, Amnistía Internacional ha observado una actitud cada vez más antagónica y desconfiada por parte de las autoridades griegas hacia las ONG que trabajan con población en movimiento, actitud que se refleja en las actuaciones institucionales y en el tono del discurso público. La nueva Ley de Protección Internacional de noviembre de 2019 ya restringía los derechos de migrantes y solicitantes de asilo, así como las actividades de las ONG.
La nueva normativa se ha adoptado en el marco de un discurso público cada vez más polarizador, que divide a las ONG en “buenas” y “malas” y promueve sentimientos negativos contra las que se considera que ayudan a personas refugiadas y solicitantes de asilo en detrimento de los intereses nacionales.
A su vez, existe el peligro de que estas restricciones limiten los servicios disponibles para personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en Grecia, que suelen acudir a las ONG para la prestación de servicios básicos, asistencia letrada u otras formas de apoyo.
“Dada la incapacidad que ha demostrado el gobierno griego para abordar las terribles condiciones en las que sobreviven más de 30.000 personas hacinadas en inseguros campamentos en las islas, con miles de personas refugiadas en peligro de quedarse sin techo y en la indigencia tras las últimas medidas gubernamentales, la introducción de una normativa que amenaza con menoscabar las actividades de las ONG no puede ser considerada más que una decisión peligrosa y temeraria”, ha señalado Amnistía Internacional.
Información de contexto
La Decisión Interministerial n.º 3063 del 14 de abril y el artículo 58 de la Ley n.º 4686/2020 imponen la inscripción obligatoria en “un registro de ONG griegas y extranjeras” a todas las ONG que trabajan sobre asilo, migración e integración social para poder operar libremente en Grecia.
Ambas disposiciones son discriminatorias, pues imponen requisitos adicionales sin justificación aparente y sólo a las ONG que trabajan en esos ámbitos en cuestión, además de no cumplir los principios internacionales sobre el registro de ONG. Los requisitos de inscripción en el registro parecen particularmente arduos, y en algunos casos excluyen explícitamente a las ONG más recientes. En ocasiones, las autoridades que supervisan el proceso de inscripción tienen facultades discrecionales para denegar dicha inscripción, lo cual puede dar lugar a abusos o arbitrariedades.
Además de la inscripción en registro, las ONG que desarrollan su labor en ciertas áreas, incluidas las que trabajan en instalaciones estatales (como campamentos abiertos), o que tratan de acceder a ciertos tipos de financiación, ahora también tienen que obtener una “certificación” adicional e inscribir a cada uno de sus miembros en un registro aparte. Estos procedimientos pueden tener graves consecuencias en el derecho de las ONG a solicitar financiación, y suponer una injerencia en su privacidad y la de su membresía.
La Decisión Interministerial y la Ley de mayo de 2020 han sido criticadas por muchas ONG griegas e internacionales. El 2 de julio, el Consejo de Expertos en Derecho de las ONG de la Conferencia de ONGI del Consejo de Europa emitió una opinión sobre la compatibilidad con las normas europeas de las enmiendas recientes y previstas de la legislación griega respecto a la inscripción en registro de las ONG (“Opinion on the compatibility with European standards of recent and planned amendments to the Greek legislation on NGO registration”), recomendando que “[s]e efectúe una revisión exhaustiva de la Decisión Interministerial y otras disposiciones legislativas conexas para ajustarlas a las normas europeas”
