El juicio de dos voluntarios de búsqueda y salvamento, un hombre y una mujer que pueden ser condenados a 25 años de cárcel por ayudar a personas refugiadas, comenzará finalmente el 18 de noviembre en Lesbos (Grecia).
Sarah Mardini, refugiada siria de 25 años, y Seán Binder, ciudadano alemán de 27 años, se enfrentan a una serie de cargos injustos y sin fundamento que se remontan a la época en que trabajaron como voluntarios localizando y ayudando a embarcaciones en peligro en Lesbos.
Sarah llegó a Lesbos como refugiada en 2015. El motor de la embarcación en la que viajaba dejó de funcionar, y Sarah y su hermana salvaron a otros 18 ocupantes arrastrándola a un lugar seguro. Más tarde, Sarah regresó a Grecia y trabajó como voluntaria en una organización griega de búsqueda y salvamento, donde conoció a Seán, buzo. Sarah y Seán fueron detenidos en 2018, acusados de numerosos cargos, como tráfico de personas, espionaje, uso ilegal de frecuencias de radio y fraude. Ambos pasaron más de 100 días en prisión antes de quedar en libertad bajo fianza en diciembre de 2018.
“Sarah y Seán llevaron a cabo una labor humanitaria que salva vidas, localizando embarcaciones en peligro ante las costas griegas y proporcionando a sus ocupantes mantas, agua y una cálida bienvenida. Los cargos a los que se enfrentan son ridículos, y nunca deberían haber ido a juicio”, ha declarado Nils Muižnieks, director de la Oficina Regional para Europa de Amnistía Internacional.
“Este caso emblemático demuestra lo lejos que están dispuestas a llegar las autoridades griegas para disuadir a la gente de que ayude a personas refugiadas y migrantes. Impedir las operaciones de rescate no hace que la gente deje de emprender peligrosas travesías, simplemente incrementa su peligro.”
El 18 de noviembre, Sarah y Seán irán a juicio por delitos menores que pueden suponerles una condena de hasta 8 años. También se enfrentan a cargos por delitos graves, como “tráfico de personas”, “fraude”, “pertenencia a organización delictiva” y “blanqueo de dinero”, que, de llegar a juicio, podrían suponerles hasta 25 años de cárcel.
Según el bufete de abogados especialistas en derechos humanos Leigh Day, en el caso de Seán se han cometido hasta la fecha varias infracciones graves del derecho internacional de los derechos humanos. Seán encargó a Leigh Day una opinión sobre la legalidad de su arresto, su detención en espera de juicio y su juicio propuesto por presuntos delitos cometidos durante sus labores de voluntariado en misiones de búsqueda y salvamento para ERCI, según el derecho internacional.
Tessa Gregory, socia del bufete Leigh Day, afirmó: “Partiendo de las pruebas que hemos visto, creemos que las autoridades griegas han vulnerado gravemente los derechos humanos de Seán por lo que respecta a su detención, los cargos presentados contra él y los retrasos de la vista de su caso ante los tribunales. El caso de Seán es importante porque muestra lo que parece una preocupante tendencia a criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan para ONG reconocidas tratando de ayudar a las personas refugiadas. Instamos a las autoridades griegas a que revisen su caso de inmediato para evitar posibles nuevas violaciones de sus derechos humanos. Es preciso reconsiderar urgentemente incluso si este proceso penal debe seguir adelante.”
“La ley obliga a ayudar a las personas que están en peligro en el mar. Lo que hicimos no fue una heroicidad, sino una cosa normal, que cualquiera habría hecho en nuestro lugar. Las verdaderas víctimas de las políticas migratorias europeas son las personas refugiadas y migrantes que se ven obligadas a arriesgar sus vidas para llegar a la ‘Fortaleza Europa’”, ha declarado Seán Binder.
Cientos de personas como Sarah y Seán han sido criminalizadas en toda Europa por su labor humanitaria de ayuda a personas refugiadas y migrantes. Un informe de 2020 de Amnistía Internacional explicaba con detalle las numerosas medidas restrictivas, sancionadoras y punitivas que los gobiernos europeos han desplegado contra quienes defienden los derechos de personas refugiadas y migrantes. Lo hacen mediante el uso indebido de leyes y políticas, como las normas jurídicamente ambiguas e incoherentes del denominado paquete de medidas sobre la ayuda a la inmigración irregular de la UE. En Italia, Grecia, Francia y Suiza se han abierto decenas de procesos contra particulares y ONG, como Médicos sin Fronteras.
En el momento de redactar estas líneas, las autoridades griegas se han negado a levantar la prohibición de viajar a Sarah Mardini, lo que significa que no podrá asistir a su propio juicio.
A Amnístía Internacional le causa honda preocupación el que a la injusticia de los cargos falsos se sume ahora una violación flagrante de las normas sobre juicios justos reconocidas internacionalmente y, en particular del derecho de una persona a no ser juzgada in absentia.
“Las vidas de Seán y Sarah se han detenido y su futuro está en peligro simplemente por mostrar solidaridad y compasión hacia las personas necesitadas. Sarah y Seán no deben pagar el precio de la crueldad de Grecia en las fronteras de Europa’’, ha afirmado Nils Muižnieks.
