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Filipinas: Sentencia histórica sobre tortura policial tras una campaña de Amnistía Internacional

Jerryme Corre, torturado por un policía filipino, recibe cartas de apoyo de activistas de Amnistía Internacional de todo el mundo. © AI

La histórica sentencia dictada esta semana por un tribunal de Filipinas que ha declarado a un agente de policía culpable de torturar al conductor de autobús Jerryme Corre hace concebir esperanzas de que tal vez se hayan acabado los tiempos de impunidad para los torturadores, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Es la primera sentencia que se dicta en aplicación de la Ley Contra la Tortura de 2009 y tras una campaña de tres años de Amnistía Internacional. La organización adoptó el caso de Jerryme Corre en diciembre de 2013 –un año después de su detención– en su campaña global Stop Tortura.

“Jerryme ha pasado más de cuatro años en la cárcel mientras era juzgado por cargos falsos después de ser terriblemente torturado por la policía. La sentencia que condena al policía implicado es un mensaje claro de que debe ponerse fin a la tortura y que los torturadores responderán de sus actos”, ha dicho Champa Patel, directora de la Oficina Regional para Asia Oriental de Amnistía Internacional, quien ha añadido: “Aunque el agente aún puede apelar, el juicio en sí ha supuesto un paso en la dirección adecuada".

 

La sentencia se dictó el 29 de marzo, pero hasta hoy Amnistía Internacional no ha conseguido los documentos judiciales que la confirman.

El policía Jerick Dee Jimenez fue condenado el 29 de marzo a una pena máxima de dos años y un mes de prisión por un tribunal de la provincia de Pampanga (al norte de la capital, Manila), que lo declaró culpable de tortura. El agente también debe pagar a Jerryme Corre 100.000 pesos filipinos (2.173 dólares estadounidenses) por daños y perjuicios. Hay otro policía sobre el que pesan los mismos cargos, pero que sigue en libertad.

Jerryme Corre se encontraba visitando a un familiar en la provincia de Pampanga en enero de 2012 cuando 10 policías armados y sin uniformar lo detuvieron y se lo llevaron a un campamento de la policía, donde le aplicaron descargas eléctricas, le dieron puñetazos y lo amenazaron de muerte. La policía lo acusó de participar en delitos relacionados con las drogas, robar y matar a un extranjero y matar a un policía, todo lo cual él negó rotundamente.

Los agentes que torturaban a Jerryme Corre lo llamaron reiteradamente “Boyet”, aunque en su documentación de identidad no figuraba ese nombre y a pesar de que un funcionario de su comunidad les había dicho que se habían equivocado al detenerlo. Corre tuvo que firmar una “confesión” que no le permitieron leer, y desde entonces está encarcelado por delitos de drogas.

Con la sentencia del martes es la primera vez que un tribunal de Filipinas condena a alguien por tortura en aplicación de la Ley contra la Tortura. Amnistía Internacional ha expuesto sistemáticamente sus dudas sobre la ineficacia de las investigaciones penales en casos de tortura. Muchos casos no pasan de la fase de instrucción previa, y los pocos que llegan a los tribunales avanzan extremadamente despacio.

Amnistía Internacional pide al Gobierno de Filipinas que reconozca públicamente y condene la persistencia de la tortura y otros malos tratos en el país y que revise los mecanismos existentes para la presentación de denuncias contra la policía a fin de facilitar el acceso de las víctimas de tortura a la justicia.

“Es fundamental que las víctimas de abusos policiales conozcan sus derechos y que tanto ellas como sus familiares, sus abogados y las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a la justicia en todos los casos de tortura y otros malos tratos. Ahora, el Gobierno filipino debe reforzar los mecanismos independientes de rendición de cuentas por las violaciones cometidas por la policía y garantizar que todos los casos de tortura policial se investigan y enjuician eficazmente”, ha dicho Champa Patel.

 

Información complementaria

El 27 de marzo de 2015, Amnistía Internacional Filipinas entregó a la Policía Nacional de Filipinas una petición con 70.000 firmas recogidas durante la campaña anual Escribe por los derechos.

Después de la petición, Jerryme Corre y su familia fueron informados de que el Departamento de Asuntos Internos de la Policía abriría una investigación, como pedía Amnistía Internacional. Durante la primera sesión se confirmó que el Departamento había iniciado la investigación a partir de las cartas recibidas “por una organización de derechos humanos”.

En 2014, Filipinas fue uno de los países en los que se centró la campaña Stop Tortura de Amnistía Internacional, y las investigaciones de la organización revelaron que métodos como la aplicación de descargas eléctricas, los simulacros de ejecución y de ahogamiento (“waterboarding”), la asfixia con bolsas de plástico, las palizas y en ocasiones la violación siguen empleándose por los policías que torturan, sobre todo para extorsionar y obtener confesiones. Esto sucede a pesar de que Filipinas ratificó en 2009 los dos principales tratados internacionales contra la tortura.

En el informe de 2014 titulado Above the Law: Police Torture in the Philippines se documentaba la existencia de una extendida cultura de impunidad para la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en la policía, y se incluían los testimonios de 55 personas supervivientes de tortura, todas las cuales habían sido torturadas tras la prohibición de 2009. Entre esas personas había 21 que era menores de edad cuando fueron torturadas.

La investigación halló que muchas de las víctimas tenían demasiado miedo como para denunciar su experiencia, y que algunas de las que lo habían hecho habían sido amenazadas de muerte. El hecho de que las normas y procedimientos para denunciar casos de tortura no estén claros y sean incoherentes empeora la situación, pues las denuncias suelen desestimarse por tecnicismos.

 

 

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