La decisión del Tribunal Supremo de Filipinas de confirmar la constitucionalidad de una emblemática ley sobre salud reproductiva es una importante victoria para millones de mujeres y niñas filipinas.
La resolución judicial, que exigirá que el gobierno facilite métodos anticonceptivos gratuitos a millones de las mujeres más pobres del país, ha sido acogida con satisfacción por activistas de toda Filipinas.
“La sentencia de hoy del Tribunal Supremo es una victoria de la independencia del poder judicial y hace que millones de mujeres y niñas tengan derecho a acceder a los servicios médicos y a la información que necesitan”, ha afirmado Hazel Galang-Folli, investigadora sobre Filipinas de Amnistía Internacional.
“Las autoridades filipinas deben resistirse a todos los esfuerzos en marcha para revocar la emblemática ley del país sobre derechos sexuales y reproductivos. Ceder a la presión significaría negar a las mujeres y niñas sus derechos humanos”.
Sin embargo, ha habido algunas decepcionantes concesiones, algunas de las cuales son incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. El tribunal consideró inconstitucionales un total de ocho disposiciones, algunas de las cuales eran clave, pues habrían prohibido que los profesionales de la salud se negasen a proporcionar servicios de salud reproductiva y exigido a todos los centros de salud privados que proporcionaran métodos de planificación familiar.
En un país donde el 80 por ciento de la población es católica, las encuestas han mostrado que el 72 por ciento de los filipinos apoya la ley.
“Aunque la ley no es perfecta, sienta las bases para eliminar algunas de las barreras existentes en la protección del derecho humano de las mujeres y niñas a la atención sanitaria sexual, reproductiva y materna. El desafío ahora será garantizar que la ley se aplica debidamente y que se dedican recursos suficientes para hacerla efectiva”, añadió Hazel Galang-Folli.
Información complementaria
Entre los cambios más destacables introducidos a la ley figuran el rechazo del artículo 23, que habría prohibido que los profesionales de la salud se negasen a prestar servicios de salud reproductiva y a remitir a las interesadas a otros profesionales que los prestasen. El artículo 23 también habría permitido que las personas casadas se beneficiaran de procedimientos de salud reproductiva sin el consentimiento del cónyuge.La sentencia también declaró inconstitucional el artículo 7, que habría exigido que los centros de salud privados, incluidos los que son propiedad de grupos religiosos, facilitaran métodos de planificación familiar, incluidos consultas médicas, material y procedimientos. Esta disposición también habría permitido que las menores de 18 años que ya tuvieran hijos o que hubieran sufrido un aborto espontáneo accedieran a métodos modernos de planificación familiar, incluidos anticonceptivos, sin necesidad de una autorización escrita de sus padres.
La anulación de estas disposiciones de la ley hace que algunas mujeres y adolescentes corran el riesgo de no acceder a los servicios que necesiten y a los que legalmente tienen derecho. El Estado debe, como mínimo, cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garantizar que existen proveedores dispuestos a prestar estos servicios y que puedan prestarlos, y que las autorizaciones del cónyuge y de los padres no obstaculicen el acceso de las mujeres y adolescentes a los servicios de salud sexual y reproductiva.
Además de permitir que los centros de salud públicos distribuyan anticonceptivos, la ley también introducirá la educación en salud reproductiva en las escuelas del país en un momento en que la tasa de nacimientos en Filipinas está en torno a 25 por 1.000 personas, una de las más altas de Asia. Filipinas debe garantizar que la educación en salud reproductiva es compatible con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen garantizar que la educación en salud reproductiva es correcta y completa, y promueve la igualdad de género.
