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Filipinas: La detención del general Jovito Palparan debe derribar el muro de impunidad de la tortura

El general de división retirado Jovito Palparan, de 63 años, apodado “Berdugo” (“el ejecutor” o “el carnicero”) por los activistas de derechos humanos, está acusado del secuestro y la detención ilegal de unas estudiantes universitarias en 2006. Ha sido recientemente detenido por agentes de la Oficina Nacional de Investigación y miembros de las fuerzas armadas filipinas. © EPA


La detención de un general acusado de secuestros y tortura en Filipinas es una señal esperanzadora de que las autoridades por fin están abordando la cultura de impunidad para las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

El general de división retirado Jovito Palparan, de 63 años, fue detenido por agentes de la Oficina Nacional de Investigación y miembros de las fuerzas armadas en torno a las tres de la madrugada en la zona de Santa Mesa, en Manila, capital de Filipinas.

Apodado “Berdugo” (“el ejecutor” o “el carnicero”) por los activistas de derechos humanos, está acusado del secuestro y la detención ilegal de unas estudiantes universitarias en 2006.

“La detención de uno de los presuntos autores de violaciones de derechos humanos más buscados debe servir de estímulo a las autoridades para intensificar sus esfuerzos dirigidos a llevar ante la justicia a los mandos militares y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que, según informes, han abusado de su autoridad a través de su participación en torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”, ha afirmado Rupert Abbott, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

“Es terrible que tantos funcionarios públicos presuntamente implicados en violaciones de derechos humanos continúen en libertad. La detención del general Palparan permite abrigar la esperanza de que esto cambie. Él y otros presuntos autores de violaciones de derechos humanos deben ser juzgados con las debidas garantías. Es el momento de derribar el muro de impunidad, ladrillo a ladrillo”.

Durante su carrera militar, el general Palparan dirigió una unidad en la región de Luzón Central que fue tristemente conocida por las violaciones de derechos humanos que cometían sus miembros. Bajo su mando, muchos activistas y presuntos simpatizantes del Partido Comunista de Filipinas al parecer fueron sometidos a desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.

En diciembre de 2011, el Tribunal Regional de Bulacán dictó orden de detención contra el general Palparan, el teniente coronel Felipe Anotado, el sargento Edgardo Osorio y el sargento mayor Rizal Hilario por el secuestro de Karen Empeño y Sherlyn Cadapan, alumnas de la Universidad de Filipinas, cometido el 26 de junio de 2006, según informes, en una casa de Hagonoy, en Bulacán, inmediatamente al norte de Manila.

Anotado y Osorio se han entregado voluntariamente a las autoridades, pero Hilario continúa en libertad.

Uso sistemático de la tortura

Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes espeluznantes sobre el uso generalizado de la tortura y otras prácticas crueles e inhumanas por parte de las fuerzas de seguridad filipinas. La organización lleva años haciendo campaña para que termine la impunidad de la tortura practicada por las fuerzas armadas y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Filipinas.

Raymond Manalo, detenido que logró fugarse, ha descrito con detalle las tortura que él y otros al parecer sufrieron tras ser secuestrados y recluidos en secreto por hombres que actuaban a las órdenes del general Palparan. En una entrevista grabada en vídeo con Amnistía Internacional en 2010, describió su encuentro con el general durante su estancia en un campo de detención. Tras fugarse, Raymond Manalo sobrevivió para acusar a sus torturadores ante los tribunales, en un proceso judicial que llegó hasta la Corte Suprema de Filipinas. También denunció su caso ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura.

“Aunque rara vez se hable de ello, la tortura es endémica en Filipinas y es el oscuro secreto a voces del país. A pesar de que está prohibida por el derecho nacional y de que el país ha suscrito tratados internacionales destinados a poner fin a la tortura, las más de las veces todo esto no ha sido más que papel mojado”
, ha afirmado Rupert Abbott.

“Todas las denuncias de tortura deben ser investigadas con exhaustividad e imparcialidad. Es preciso decir a los tribunales, al Departamento de Justicia y a los organismos gubernamentales encargados de garantizar la rendición de cuentas por el abuso de autoridad que ya es hora de poner fin a la tortura y obligar a los torturadores a dar cuentas de sus actos”.

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