En respuesta a la declaración del presidente filipino Rodrigo Duterte de que su “único pecado son las ejecuciones extrajudiciales”, hecha durante un discurso en el palacio presidencial y calificada luego por su portavoz de mero comentario “chistoso”, Minar Pimple, director general de Operaciones Globales de Amnistía Internacional, ha manifestado: “Su aparente admisión por el propio presidente pone de manifiesto la necesidad urgente de llevar a cabo investigaciones internacionales sobre los miles de homicidios y otras violaciones de derechos humanos que se han cometido en nombre de la ‘guerra contra las drogas’ emprendida por el gobierno, que se ha cobrado la vida de miles personas en su mayoría pobres y marginadas. “La declaración de Duterte debe ser considerada por el Tribunal Penal Internacional (TPI) cuando examine las denuncias de crímenes de lesa humanidad presentadas contra él. Familias de víctimas y diversos grupos, incluida Amnistía Internacional, han encontrado sólidos indicios que respaldan la petición de una investigación internacional. Este comentario “chistoso” es, en el mejor de los casos, una grotesca muestra de crueldad, y en el peor, una inculpación abrumadora de la campaña sangrienta de su gobierno. No es momento de hacerse el “chistoso”: los homicidios tienen que acabar. “El presidente tiene también que dejar de demonizar y amenazar a quienes critican su gobierno y a los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluida la fiscal jefe del TPI. Esta táctica de distracción es más que conocida ya. A falta de una investigación nacional, independiente e imparcial sobre estos homicidios, sólo queda pedir a Duterte y a su gobierno que cooperen con las que lleven a cabo la ONU y el TPI.” Información complementaria El 27 de septiembre de 2018, durante un discurso ante autoridades del gobierno, el presidente filipino Rodrigo Duterte dijo: “Ang kasalanan ko lang, ‘yung mga extrajudicial killing (Mi único pecado son las ejecuciones extrajudiciales).” También amenazó con dar un “golpe en la cabeza” a la fiscal del TPI. El portavoz de Duterte, Harry Roque, aclaró posteriormente que el presidente no hablaba “en serio”, que sólo estaba haciéndose el “chistoso” y que lo que quería decir era que las ejecuciones extrajudiciales son lo único de lo que se acusa a su administración. Basándose en datos del gobierno, la cifra de muertes de su “guerra contra las drogas” es de 4.854 desde el 1 de julio de 2016 hasta el 31 de agosto de 2018. Sin embargo, los grupos de derechos humanos afirman que el número real podría ser hasta el triple de esta cifra. En enero de 2017, Amnistía Internacional publicó un informe donde explicaba que los homicidios deliberados y generalizados de presuntos autores de delitos de drogas parecen ser sistemáticos y estar planeados y organizados por las autoridades y que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En el informe se mostraba también que muchas de las víctimas pertenecen a comunidades urbanas pobres, lo que indica que la denominada “guerra contra las droga” es una guerra contra quienes viven en la pobreza. Además, se encontraron indicios de vinculación entre las autoridades del Estado y personas armadas que cometen homicidios relacionados con las drogas, así como de pagos ilegales a la policía para que lleve a cabo homicidios.
