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Estados Unidos no debe bloquear la justicia para el pueblo sudanés

Londres.- Cuando la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louise Arbour, se dispone a presentar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el informe de la comisión internacional de investigación sobre Darfur, Amnistía Internacional pide a Estados Unidos de América y a otros miembros del Consejo de Seguridad que pongan en práctica de inmediato las recomendaciones de la comisión.

 

La organización de derechos humanos ha reiterado su preocupación porque Estados Unidos se niega a adoptar la recomendación de la comisión de investigación según la cual la situación de Darfur debe remitirse al Fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI).

 

Kolawole Olaniyan, director del Programa para África de Amnistía Internacional, ha manifestado: “El derecho del pueblo sudanés a la justicia, la verdad y el pleno resarcimiento no debe ser anulado por los intereses políticos de ningún Estado”.

 

“La comisión de investigación, establecida por el propio Consejo de Seguridad, ha elaborado un informe detallado y autorizado sobre los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos en gran escala en Darfur. Ha dedicado numerosas páginas a analizar por qué el TPI es el mejor medio para investigar y procesar a algunos de los presuntos autores de estos crímenes. Ahora el Consejo de Seguridad debe poner en práctica esta recomendación, garantizar que la remisión al Fiscal incluye la situación de Sudán al completo y pedir la elaboración de un plan general a largo plazo para poner fin a la impunidad en Sudán.”

 

Al recomendar la remisión al TPI, la comisión de investigación ha manifestado que las autoridades sudanesas han demostrado no ser capaces, ni estar dispuestas a ello, de investigar y juzgar los crímenes cometidos en Darfur, y ha concluido que el establecimiento de un tribunal especial o la ampliación del mandato del actual tribunal para Ruanda resultarían lentos y económicamente costosos. El TPI fue establecido por la comunidad internacional precisamente para juzgar los crímenes contemplados por el derecho internacional que se están cometiendo a gran escala en Darfur. El grueso de esos crímenes se ha cometido después del 1 de julio de 2002, por lo que queda bajo la jurisdicción del TPI.

 

“El pueblo sudanés merece justicia y resarcimiento. Estos dos elementos no deben negársele sólo porque no encajan cómodamente en la agenda política de Estados Unidos”, ha declarado Kolawole Olaniyan. “El último borrador de resolución presentado por Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad manifiesta simplemente que los autores deben ser llevados ante la justicia por ‘medios internacionalmente aceptables’. Ignorar al TPI en este caso significa que Estados Unidos considera que la lucha contra la impunidad es secundaria respecto de sus propios intereses.”

 

La comisión de investigación de la ONU, que enumeró con detalle asesinatos en masa, violaciones, torturas, desplazamientos forzosos y otros actos, calificándolos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos por el gobierno sudanés y los janjawid y crímenes de guerra cometidos por los rebeldes, ha pedido asimismo al Consejo de Seguridad que establezca una comisión internacional de compensación para proporcionar reparaciones. Amnistía Internacional pide al Consejo de Seguridad que refrende plenamente esta recomendación. Al hacerlo, debe asegurarse de que el mandato de dicha comisión es lo suficientemente amplio, tal como recomienda el informe de la comisión de investigación, para abarcar todas las formas de reparación, incluidas la restitución, la compensación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

 

La comisión de investigación ha manifestado que los crímenes cometidos pueden no ser menos graves o atroces que el genocidio.