El proyecto de ley de abolición, aprobado por la asamblea legislativa del Estado en marzo de 2013, convierte a Maryland en el décimo octavo estado del país que prescinde de la pena capital desde que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la nueva legislación sobre ella en 1976.
“Maryland ha abandonado una pena que no debería tener cabida en una sociedad que afirma respetar la dignidad humana, y que en Estados Unidos va muy a menudo asociada a la discriminación y al error”, ha señalado Brian Evans, director de la campaña de Amnistía Internacional Estados Unidos por la abolición de la pena de muerte.
“Más de la tercera parte de los Estados del país han abolido ya la pena de muerte, así que instamos a los 32 restantes y al gobierno federal a que lo hagan también”.
Amnistía Internacional insta al gobernador O’Malley a que conmute la pena a los cinco hombres condenados a muerte que quedan aún en Maryland pese a la promulgación hoy de la ley de abolición. De este modo se evitaría la cruel perspectiva de que el Estado tenga que aplicar una pena que tan justamente ha rechazado.
La abolición de la pena de muerte en Maryland concuerda con la tendencia mundial a ponerle fin. Según el último informe estadístico de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, pese a algunos decepcionantes pasos atrás, dicha tendencia siguió avanzando en 2012.
Lo ha hecho también en Estados Unidos, donde en los cinco últimos años han aprobado leyes para abolir la pena capital cuatro Estados: Nuevo México (2009), Illinois (2011), Connecticut (2012) y, ahora, Maryland.
Además, Nueva Jersey abolió la pena de muerte en su legislación en 2007, el mismo año en que el vecino Estado de Nueva York conmutó su última condena de muerte tras un fallo judicial de 2004 según el cual sus leyes sobre la pena capital eran contrarias a la Constitución del estado.
Por otro lado, siete Estados –Texas, Oklahoma, Virginia, Misuri, Ohio, Alabama y Florida– son responsables de casi el 75 por ciento de las más de 1.000 ejecuciones llevadas a cabo en todo Estados Unidos desde 1994. Texas sola es responsable del 37 por ciento de todas las ejecuciones que han tenido lugar en el país desde 1976 (cuando la Corte Suprema dio su aprobación a la nueva legislación sobre la pena capital), con lo que en la actualidad su número de ejecuciones se acerca a las 500.
Información complementaria
En enero de 2013, cuando presentó en la asamblea legislativa de Maryland un proyecto de ley de abolición del uso de la pena de muerte en el Estado, el gobernador O’Malley dijo: “no sirve para impedir la delincuencia violenta y quitar la vida a seres humanos”. Remitiéndose al panorama mundial, observó que los países abolicionistas eran “una comunidad mucho más expansiva que los que todavía utilizan la pena de muerte”.Su postura coincide con lo que Amnistía Internacional viene diciendo desde que inició su campaña contra la pena capital hace 36 años: no hay pruebas convincentes de que la pena de muerte sirva especialmente para disuadir de cometer delitos.
La organización se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, cualesquiera que sean la naturaleza y las circunstancias del delito y con independencia de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
Más de dos terceras partes de los países del mundo –140– han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. En 2012 se tuvo noticia de al menos 682 ejecuciones, llevadas a cabo en 21 países de todo el mundo. Pudieron confirmarse al menos 1.722 condenas de muerte recién impuestas en 58 países, frente a las 1.923 impuestas en 63 países el año anterior.
Para más información acerca de las estadísticas mundiales sobre la pena de muerte, consúltese el informe de Amnistía Internacional Condenas a muerte y ejecuciones 2012.
