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España: Amnistía Internacional da la bienvenida a la decisión de Madrid de priorizar el acceso a vivienda social para víctimas de violencia de género

La venta de vivienda social a fondos de inversión por el Ayuntamiento y la CAM también ha afectado a las víctimas de violencia de género // Copy: José Miguel Cifuentes Sanz - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35495932

  • Tal y como denunció la organización, hasta ahora las mujeres víctimas de violencia de género tenían que presentar una orden de alejamiento o una sentencia condenatoria para ser prioritarias en el acceso a la vivienda social
  • Contamos con portavoces disponibles para entrevistas

Madrid.- El Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno Regional de Madrid, Ángel Garrido, tras la reunión extraordinaria del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad, ha anunciado que las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad en el acceso a vivienda social, sin que tengan la obligación de presentar una orden de alejamiento o una sentencia condenatoria, tal y como había exigido Amnistía Internacional en su último informe, “La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España”.

En su reciente informe, AI había denunciado que la aplicación de la Ley contra la violencia de género de 2004 que califica a las mujeres víctimas de violencia de género como colectivo preferente en el acceso a la vivienda social era una promesa incumplida para las mujeres en Madrid. “El acceso a la vivienda no debería depender de que estas mujeres presentaran cargos, y menos aún de que consiguieran la orden de protección, algo que no está en sus manos”, ha recordado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Por eso, la organización da la bienvenida al anuncio de un proyecto de Ley para modificar los artículos 17 y 32 de la Ley 5/2005 Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que permitiría modificar el requisito existente que hasta ahora implicaba que la mayoría de las víctimas de violencia de género no conseguía el apoyo necesario para poder satisfacer su derecho a la vivienda. En Madrid, se presentaron 5.810 solicitudes de orden de protección en 2016, de las que se aceptaron 2.954. Esto supone que más del 50% de las mujeres que denunció vio su denuncia rechazada, y, como consecuencia, podrían no haber tenido un acceso prioritario a la vivienda social.

Por lo tanto, Amnistía Internacional acoge con satisfacción el anuncio hecho por la Comunidad de Madrid (CAM) y solicita que se lleve a cabo con urgencia. Asimismo, la organización recuerda que algunas de estas mujeres residen actualmente en algunas de las viviendas sociales que fueron vendidas por la CAM y el Ayuntamiento de la localidad a fondos de inversión y, por lo tanto, necesitan medidas de protección urgente ya que están sufriendo las consecuencias de esta venta, entre ellas, los desahucios por no poder hacer frente a las nuevas condiciones impuestas por los nuevos propietarios.

Amnistía Internacional tiene en marcha una campaña, “El derecho a la vivienda no se vende”, en la que pide protección para las personas afectadas por la venta de viviendas sociales en Madrid.

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