Saltar al contenido
Actuamos por los derechos humanos en todo el mundo
Buscar

Las declaraciones de Interior contra un juez amenazan la libertad de expresión y la independencia del poder judicial

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, realizó críticas sobre diversos aspectos de la jurisdicción española por las que Fernández Díaz pide sanciones

Las opiniones vertidas por José Ricardo de Prada sobre legislación antiterrorista y la cuestión de la tortura en España son de interés público y cualquier sanción atentaría contra la libertad de expresión

Madrid.- Amnistía Internacional se ha dirigido al Ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, para mostrar preocupación sobre sus declaraciones acerca del magistrado de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, ya que podrían interferir en la independencia del poder judicial y en el derecho a la libertad de expresión del magistrado.

En una mesa redonda en Tolosa el pasado 14 de abril, José Ricardo de Prada realizó unas declaraciones en las que cuestionaba diversos aspectos de la jurisdicción española, así como las recientes reformas legislativas en materia de terrorismo y mostraba su preocupación sobre casos de tortura en España.

A raíz de dichas declaraciones, Fernández Díaz instó al Consejo General del Poder Judicial a tomar “algunas medidas” contra el magistrado. “Las opiniones de Prada están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, y no solo no afectan a su imparcialidad o autoridad, ya que no habla de un caso en particular ni revela información clasificada, sino que además los temas que expuso en su intervención son de interés público que deben estar abiertos a debate, tal y como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

El TEDH ha alertado además en numerosas sentencias respecto al efecto disuasorio que el miedo a ser sancionado puede tener en los jueces. Por lo tanto, la imposición de cualquier tipo de sanción contra Prada u otro magistrado por el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión podría suponer una amenaza contra este derecho.

Por otra parte, también otros organismos de Naciones Unidas, como el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, o el Comité de Derechos Humanos han mostrado la necesidad de que se establezca una diferenciación clara entre los órganos de las distintas ramas del poder. “La clave para se garantice una justicia con independencia, imparcialidad y transparencia es el principio de la separación de poderes y por lo tanto debemos protegerlo”, asegura el director de Amnistía Internacional.

Por último, la organización recuerda además que comparte algunas de las preocupaciones reflejadas por el magistrado, como las relacionadas con las reformas del Código Penal que conllevan una definición tan vaga de terrorismo que puede afectar al ejercicio de la libertad de expresión y reunión; o la existencia de casos de tortura en España y la impunidad efectiva de los responsables.

Por eso, Amnistía Internacional insta a las autoridades a respetar el principio de separación de poderes, el ejercicio de la libertad de expresión de los jueces y a no realizar injerencias indebidas en la independencia del poder judicial.

Cómo puedes ayudar