Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar

España: Amnistía Internacional alerta de “los riesgos de la impunidad” en el proceso de paz durante la visita del presidente colombiano

Miembros de la comunidad Porvenir frente al río del mismo nombre. Esta comunidad está empleando la Ley de Restitución de Tierras para defender sus derechos. © AI.

Amnistía Internacional España ha querido expresar hoy sus preocupaciones en materia de derechos humanos en Colombia, con motivo de la visita oficial que el presidente de este país, Juan Manuel Santos, realizará entre el 1 y el 3 de marzo en España y en la que se entrevistará con las principales autoridades españolas.

“A pesar del proceso de paz, las fuerzas de seguridad y los paramilitares, actuando en solitario o en connivencia, así como las FARC y el ELN, siguen cometiendo violaciones y abusos de derechos humanos”, aseguró el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán. Según la organización, las principales víctimas de estos actos siguen siendo comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, mujeres y niñas, defensores y defensoras de los derechos humanos, líderes comunitarios, sindicalistas y reclamantes de tierras.

Las conversaciones de paz formales entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciadas en octubre de 2012, han suscitado expectativas de que el conflicto armado pueda tocar a su fin después de que en los últimos 20 años hayan muerto más de 70.000 personas y otras tres millones y medio de ellas se hayan convertido en desplazadas internas.

Pese a la oportunidad que supone el proceso de paz para acabar con las hostilidades, Amnistía Internacional quiere alertar del peligro que supone iniciar un camino hacia la paz sobre el suelo de la impunidad. Además, para la organización, una paz estable seguirá siendo difícil de alcanzar a menos que todas las partes pongan fin de forma definitiva a las violaciones y abusos de derechos humanos y a las infracciones del derecho internacional humanitario y que los responsables de tales abusos y violaciones sean enjuiciados en tribunales civiles.

Principales preocupaciones

En primer lugar, Amnistía Internacional muestra su preocupación por los intentos del gobierno de Santos de reforzar el sistema militar de justicia, un hecho que podría acrecentar la impunidad existente, ya que permitiría juzgar a los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos en tribunales militares, en lugar de civiles.

Por otro lado, a pesar de que la reciente Ley de Víctimas y Restitución de Tierras  ha supuesto un paso positivo, este proceso  de tierras ha defraudado a las comunidades expulsadas de sus hogares. Las amenazas y homicidios de quienes defienden la restitución de las tierras, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación defectuosa, están impidiendo que se cumpla la promesa del gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas ilegalmente.

Hasta el momento, casi seis millones de personas han sido desplazadas por el conflicto. Sin embargo, a 30 de junio de 2014 sólo se habían registrado cerca de 65 mil solicitudes de restitución, que afectaban a 43.922 personas. Además, de estas solicitudes, sólo 22.469 estaban en zonas que se podían incluir en el proceso de restitución.

“Con millones de personas desplazadas, y ocho millones de hectáreas abandonadas o expoliadas a sus legítimos propietarios, resolver el conflicto de las tierras es fundamental en el desarrollo del proceso de paz”, ha declarado  Esteban Beltrán. 

Finalmente, aunque es una buena noticia que Colombia ratificase en 2012 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es de lamentar que no reconociese la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para considerar casos individuales, negando de este modo a las víctimas y sus familias un importante recurso para reclamar justicia. Es difícil establecer la cifra exacta pero se cree que al menos 30.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto.

Cartas con recomendaciones

Con motivo de la  inminente visita del presidente colombiano, Amnistía Internacional se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, así como al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo para trasladarles este conjunto de preocupaciones, como representantes de un país que está jugando un papel clave en las negociaciones de paz.

Amnistía Internacional confía en que tanto el presidente español como el ministro de Exteriores transmitan estas preocupaciones a Juan Manuel Santos, y contribuyan de esta manera a la mejora de la situación de derechos humanos en Colombia. Éstas son las recomendaciones que la organización les ha trasladado:

•    Pida al presidente Santos que reconozca que el respeto a los derechos humanos y el fin de la impunidad deben ocupar un lugar central en las conversaciones de paz.
•    Inste al presidente Santos a garantizar que los casos de violaciones de derechos humanos se mantengan en los tribunales civiles y no sean transferidos al sistema de justicia militar, y que derogue o retire su apoyo a la legislación que protege de la acción de la justicia a los autores de abusos contra los derechos humanos, como la reforma del sistema de justicia militar y el Marco Legal para la Paz.
•    Pida al presidente Santos que tome las medidas para que se identifique, investigue y procese ante tribunales civiles ordinarios a todas las personas sospechosas de ser penalmente responsables de violaciones y abusos contra los derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario.
•    Inste al presidente Santos a abordar con urgencia las graves deficiencias en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y en su aplicación.
•    Asegure que los programas de ayuda españoles no apoyen proyectos económicos agro-industriales u otros, situados en terrenos adquiridos ilegalmente mediante abusos y violaciones de los derechos humanos, así como informe a las empresas para que eviten invertir en áreas que puedan derivar beneficios a los autores de abusos y violaciones de derechos humanos.