En un informe publicado hoy, Amnistía Internacional ha manifestado que las autoridades francesas deben detener de inmediato los desalojos forzosos, que afectan todos los años a millares de migrantes romaníes en todo el país. Centrado en la zona metropolitana de París, el informe “Chased away”: Forced evictions of Roma in the Ile-de-France pone de relieve los efectos negativos de los desalojos forzosos en la vida de los migrantes romaníes y la falta de medidas de las autoridades francesas para incorporar a la legislación nacional las normas internacionales de derechos humanos relativas a los desalojos forzosos. “El nuevo gobierno francés ha tenido algunas iniciativas positivas con respecto a la situación de los migrantes romaníes. El tono y el enfoque que aplica han mejorado, en comparación con los de años anteriores, cuando era frecuente que el gobierno estigmatizara abiertamente a los romaníes -ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central-. Sin embargo, la práctica de los desalojos forzosos se mantiene al mismo ritmo alarmante que antes." “Francia no ha incluido las normas internacionales de derechos humanos contra los desalojos forzosos en su ordenamiento jurídico. Debido a ello, los desalojos de asentamientos informales donde viven normalmente los romaníes se llevan a cabo por lo general sin la debida información, consulta y notificación previa a los habitantes." “En la mayoría de los casos no se proporciona otra vivienda, por lo que familias enteras se quedan sin hogar. No tienen más remedio que restablecerlo en otro asentamiento informal situado en alguna otra parte, con lo que la escolarización y la atención médica quedan interrumpidas.” La mayoría de los 15.000 romaníes que se calcula que viven en Francia proceden de Rumania, y algunos de Bulgaria. Casi todos han huido de la pobreza crónica y la discriminación de que eran objeto en sus países de origen. Al no ser ciudadanos franceses, tienen prohibido por ley permanecer en el país más de tres meses si no tienen trabajo o no pueden demostrar que cuentan con medios suficientes para su sustento. Sin embargo, al ser ciudadanos de la UE, si los expulsan tienen derecho a regresar a Francia, que es lo que muchos de ellos hacen reiteradas veces. En Francia hay una falta crónica de vivienda adecuada y refugio de emergencia para todas las personas que lo necesitan, pero los romaníes, que son allí víctimas de los prejuicios y la discriminación tanto como en otras partes de Europa, están especialmente expuestos a sufrir violaciones de su derecho internacionalmente garantizado a una vivienda adecuada. A falta de otras alternativas, muchos migrantes romaníes llevan meses o años en asentamientos informales, soportando espantosas condiciones de vida y con el temor constante de ser víctimas de un desalojo forzoso o siéndolo a menudo sin la debida información, consulta ni notificación previa, y con limitadas posibilidades en la práctica de impugnar judicialmente el desalojo. Raras veces se ofrecen soluciones de vivienda a largo plazo a los romaníes desalojados, que a duras penas pueden acceder incluso a refugio de emergencia y otros mecanismos de apoyo que les permitan conseguir alojamiento adecuado. Los campamentos y viviendas ocupadas que visitó la delegación de Amnistía Internacional variaban en lo referente al tamaño y a los servicios con que contaban, pero una cosa que todos ellos tenían en común eran los riesgos extremos que suponían para la salud de sus ocupantes debido a la falta o insuficiencia de agua corriente, retretes y recogida de basuras, siendo lugares a menudo plagados de ratas. Los desalojos forzosos reiterados no resuelven estos problemas, los agravan. “Los repetidos desalojos forzosos tienen consecuencias desastrosas para los romaníes en materia de salud, educación y capacidad de alcanzar un nivel adecuado de vida. Obligados a ir de un asentamiento informal a otro, acaban soportando condiciones de vivienda aún más pobres, durmiendo en la calle o en tiendas de campaña hasta que logran construirse otro refugio provisional", explica John Dalhuisen. “Durante los desalojos forzosos, a menudo pierden sus pertenencias, sus documentos de identidad y sus historiales médicos; en muchos casos se ve perturbada la escolarización y se interrumpe la atención médica, a la vez que se cortan los lazos con las redes locales de apoyo y de trabajo. Sin embargo, la legislación francesa no prevé que deban recibir reparación adecuada” En agosto de este año, el actual gobierno francés publicó una circular con directrices basadas en buenas prácticas sobre las medidas que había que tomar antes de los desalojos y en el curso de ellos. La aplicación de estas directrices es discrecional, por lo que no es uniforme, pero, en cualquier caso, no tienen por objeto impedir que se produzcan los desalojos forzosos. El gobierno está consultando en la actualidad con organizaciones no gubernamentales, incluida Amnistía Internacional, para preparar su plan nacional de acceso a la vivienda y al alojamiento de emergencia para todas las personas que lo necesiten. No obstante, a pesar de algunas iniciativas positivas de determinados departamentos regionales, en todo el país continúan llevándose a cabo desalojos forzosos, que suponen un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Francia en virtud del derecho internacional. “Con arreglo al derecho internacional, Francia está obligada a garantizar el derecho a una vivienda adecuada sin discriminación y a prevenir los desalojos forzosos. Por consiguiente, las autoridades francesas deben detener de inmediato todos los desalojos hasta que pueda garantizarse la aplicación de las salvaguardias internacionales de derechos humanos a todos las personas que viven en asentamientos informales", ha afirmado John Dalhuisen.
