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Es preciso mantenerse firme y no flaquear en el compromiso con el Tribunal Especial

Cuando se cumplen dos años desde que el gobierno de Sierra Leona y la ONU firmaran el acuerdo de establecimiento del Tribunal Especial para Sierra Leona, Amnistía Internacional hace un llamamiento a la comunidad internacional para que mantengan su apoyo a este Tribunal.

 

“El 16 de enero de 2002 fue una fecha histórica en los esfuerzos por poner fin a la impunidad de una década de atrocidades contra el pueblo de Sierra Leona –ha señalado hoy Amnistía Internacional–. El Tribunal Especial se estableció por iniciativa de un Estado africano, Sierra Leona, y de acuerdo con la ONU, para que, actuando en nombre de toda la comunidad internacional, hiciera justicia a las víctimas de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos.”

 

Asimismo, la organización ha añadido: “Esa oportunidad única y el considerable progreso realizado hasta ahora no pueden desaprovecharse por el hecho de que algunos Estados no cooperen plenamente con el Tribunal Especial ni proporcionen fondos suficientes”.

 

En 2003 el Tribunal Especial dictó auto de procesamiento contra 13 personas por ser los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional cometidos. Nueve de ellas se encuentran actualmente bajo custodia del Tribunal Especial, y se espera que los juicios comiencen en marzo o abril de este año.

 

El caso de Charles Taylor

 

Uno de los acusados es el ex presidente de Liberia Charles Taylor. Los cargos que se le imputan guardan relación con los casos de homicidio, mutilación, violación y otras formas de violencia sexual, esclavitud sexual, reclutamiento de niños soldado, secuestro y trabajo forzado de que fueron responsables los grupos armados de oposición de Sierra Leona que recibieron apoyo activo de Charles Taylor.

 

A pesar de este auto de procesamiento y de haberse dictado una orden internacional de detención contra él, Charles Taylor pudo salir de Liberia el 11 de agosto de 2003 y refugiarse en Nigeria, país cuyo gobierno le ha dado garantías de que no será entregado al Tribunal Especial ni comparecerá ante los tribunales nacionales nigerianos.

 

"El hecho de que el gobierno nigeriano haya dado refugio a una persona contra la que se ha dictado auto de procesamiento por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra viola el derecho internacional –ha manifestado Amnistía Internacional–. El gobierno tiene la obligación jurídica de detener a Charles Taylor y entregarlo al Tribunal Especial o abrir una investigación para determinar si debe iniciarse un procedimiento penal o de extradición en los tribunales nigerianos.”

 

"Ninguna persona, cualquiera que sea su condición, ni siquiera un jefe de Estado, tiene inmunidad en el caso de los delitos más graves comprendidos en el derecho internacional”, ha añadido Amnistía Internacional.

 

Carta a Obasanjo, presidente de Nigeria

 

Por otro lado, la organización ha explicado: "Hemos escrito de nuevo al presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, señalando que, aunque se ha alegado que, si se permitió a Charles Taylor viajar a Nigeria, fue para garantizar que se encontraba una solución política al conflicto armado de Liberia, tal decisión no puede ir en perjuicio de la obligación de cumplir el derecho internacional y poner fin a la impunidad”.

 

El 17 de agosto de 2003, al preguntarle por qué se había permitido al ex presidente Taylor salir de Liberia con destino a Nigeria, el secretario general de la ONU respondió que el largo brazo de la ley seguía actuando y que el auto de procesamiento continuaba en vigor.

 

Amnistía Internacional ha pedido a todos los Estados, incluido Nigeria, que cooperen plenamente con el Tribunal Especial firmando acuerdos jurídicos vinculantes con él para prestarle ayuda plena en toda investigación y entregarle a los individuos contra los que dicte auto de procesamiento.

 

Tanto el secretario general como el Consejo de Seguridad de la ONU han expresado reiteradamente su apoyo al Tribunal Especial y pedido a todos los Estados que cooperen plenamente con él y le proporcionen fondos suficientes.

 

Crisis económica del Tribunal

 

Sin embargo, a pesar de estos llamamientos, una crisis de financiación ha amenazado la existencia misma del Tribunal Especial. Para continuar con su trabajo conforme a las más estrictas normas de práctica judicial y dejar un “legado” al ordenamiento jurídico y el sistema de justicia de Sierra Leona, el Tribunal Especial tiene que recibir su presupuesto completo.

 

Amnistía Internacional ha manifestado: “Instamos a todos los Estados a hacer con urgencia aportaciones generosas para financiar el Tribunal Especial, tanto para el presupuesto pendiente para este segundo año de funcionamiento como para el año siguiente”.

 

Aunque parte del déficit del segundo año se ha cubierto con contribuciones del tercer año, esta solución no hace más que empeorar el grave déficit previsto para el tercer y último año planeado. Si el Tribunal Especial no realiza su labor en tres años exactamente, el problema se agravará.

 

"La comunidad internacional debe mantenerse firme y no flaquear en el compromiso que contrajo el 16 de enero de 2002: abordar la impunidad, fomentar la reconciliación tras más de una década de brutal conflicto y consolidar los fundamentos de una paz duradera en Sierra Leona”, ha concluido Amnistía Internacional.