Las autoridades venezolanas deben iniciar con carácter urgente una investigación plena, independiente e imparcial sobre todos los hechos de violencia que se han denunciado alrededor de las elecciones presidenciales celebradas el domingo 14 de abril. La Fiscalía General de la Republica informó sobre hechos de violencia que dejaron 7 personas muertas, 61 heridas y 135 detenidas, tras la publicación de los resultados divulgados por la Consejo Nacional Electoral que indicaban la victoria de Nicolás Maduro por un estrecho margen. Amnistía Internacional además ha recibido reportes de que durante la campaña electoral, el día de elecciones y los primeros días después de conocerse los resultados, hubo acoso y ataques en contra trabajadores de medios, activistas políticos y sociales, defensores de los derechos humanos y personas que participaban de eventos políticos o protestas. “Incidentes como los ocurridos en las ultimas dos semanas son preocupantes. Es deber del estado garantizar el derecho a la participación política y la protesta pacífica de todos y todas, además de asegurar que las fuerzas de seguridad cumplen con las normas internacionales sobre el mantenimiento del orden público para contener cualquier eventual hecho de violencia que pudiera suscitarse”, ha declarado Guadalupe Marengo, Directora del Programa para América de Amnistía Internacional. “Es también esencial que los medios de comunicación masivos y comunitarios, así como las organizaciones de la sociedad civil que han sido blancos de ataques cuenten con medidas de protección adecuadas para que puedan seguir con su trabajo legítimo de informar y monitorear la situación de los derechos humanos en el país, sin temor a represalias”. “Tal como señalamos en una carta enviada a los candidatos y las candidatas a presidencia el mes pasado, es importante que todas las personas puedan organizar y participar en protestas pacíficas en Venezuela”, ha afirmado Marengo. Es deber del estado promover, proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, tal como reconocen los instrumentos internacionales y la Constitución de Venezuela, incluso en actos de protesta que tengan un mensaje que va en contra de políticas, leyes o actuaciones del gobierno de turno.
