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En la crisis económica, los dirigentes mundiales protegen los negocios por encima de los derechos

Autor Foro Económico Mundial bajo licencia cc by-sa 2.0

La actitud de los gobiernos al no regular de manera efectiva las actividades empresariales está teniendo un impacto devastador en los derechos de los miembros más vulnerables de la sociedad. Así lo ha advertido hoy Amnistía Internacional, en vísperas del Foro Económico Mundial que se celebrará esta semana en Davos.

“La crisis económica, y la manera en que los gobiernos han optado por abordarla, constituye un peligro claro e inequívoco para los derechos de las personas en muchos países”, ha manifestado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. “Davos no puede permitirse ser un club congratulatorio para los ricos y poderosos. Debemos aprovechar esta oportunidad para rebatir la ortodoxia de las políticas que se están aplicando y para hacer que los gobiernos cumplan con sus responsabilidades”.

Las políticas gubernamentales de desregulación y la escasa supervisión han permitido que prospere la falta de ética profesional por parte de las empresas. En la búsqueda de beneficios, las instituciones financieras han dado luz verde a la creación de sistemas que exponen a los grupos más vulnerables a la explotación a medida que la codicia empresarial se impone a la rendición de cuentas y la transparencia.

“La mayoría de los gobiernos no ve la relación entre los sistemas financieros, la política económica y los derechos humanos. Sin embargo, donde quiera que vayas hoy día, encuentras gente que ha perdido su empleo y su hogar y lucha por conseguir siquiera comida. No dejas de ver el devastador impacto en los derechos fundamentales de las personas”, ha manifestado Salil Shetty.

“En lugar de garantizar que su política protege los derechos humanos, los gobiernos están retrocediendo hacia viejos enfoques y relaciones cómodas que afianzarán las desigualdades a largo plazo durante generaciones. Esta crisis la ha creado el hombre, y las soluciones que ofrecen los dirigentes amenazan con repetir los graves errores del pasado”.

Los gobiernos están legalmente obligados a considerar cómo afectan a los derechos humanos las políticas y los programas que aplican. Sin embargo, la realidad es que muchos gobiernos no realizan ni siquiera una evaluación rudimentaria del impacto potencial que su política económica tiene sobre los derechos.

Se calcula que unos 50 millones de personas han traspasado el umbral de la pobreza en el mundo a causa de la actual crisis. Al terminar 2011, se creía que otros 64 millones más estaban en peligro de hacerlo.

Los gobiernos están optando sistemáticamente por no regular el sector empresarial, y por confiar en sus falsas promesas de autorregulación, y así están creando un entorno tóxico que ya da señales de desbordarse a medida que la gente sale a las calles para exigir el fin de la corrupción, la codicia empresarial y la injusticia.

“Una y otra vez, la ausencia de autorregulación de las empresas ha dado lugar a casos escandalosos de abusos, falta de ética y corrupción. Si la crisis actual ilustra algo, es lo mal que pueden ir las cosas cuando no existe una supervisión efectiva”, ha manifestado Salil Shetty.

Grandes sectores de la sociedad de todo el mundo han recurrido a las protestas, las manifestaciones y la agitación social para expresar su descontento con los gobiernos y las empresas, pero la respuesta a las protestas ha sido variada. En muchos casos, se ha centrado más en ponerles fin, por cualquier medio, que en abordar los problemas legítimos subyacentes.

“En un país tras otro, las acciones gubernamentales provocan que la gente corriente sea la que soporta las consecuencias de la crisis”, ha declarado Salil Shetty. “Sin embargo, la gente se está uniendo para protestar, para exigir unos gobiernos que rindan más cuentas: que regulen de forma efectiva las actividades empresariales, que respeten los derechos humanos y que proporcionen acceso a la justicia cuando se cometan abusos contra los derechos.”

Para recuperar su legitimidad como dirigentes, Amnistía Internacional pide a los gobiernos que garanticen que sus respuestas a las protestas respetan los derechos humanos y abordan los problemas subyacentes que plantean los manifestantes.

“Las empresas y los dirigentes políticos deben reconocer la necesidad de un nuevo enfoque que sea justo e inclusivo”, ha manifestado Salil Shetty. “En lugar de afianzar la brecha entre ricos y pobres, deben adoptar nuevos planes de crecimiento para abordar esa brecha. Deben poner los derechos de las personas en el centro de cualquier solución. De lo contrario, la reciente agitación social que está surgiendo en países de todo el mundo puede no ser más que el principio”.

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