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Emiratos Árabes Unidos: Que paren la farsa y pongan en libertad a los activistas condenados en el juicio de "los 94"

Presos de conciencia en los Emiratos Árabes Unidos © Amnistía Internacional

En el segundo aniversario del comienzo del multitudinario juicio contra "los 94 de Emiratos Árabes Unidos" que envió a prisión a decenas de críticos del gobierno y activistas prorreforma de este país, entre los que había destacados defensores y defensoras de los derechos humanos, jueces, académicos y líderes estudiantiles, una coalición de 12 organizaciones pide al gobierno de EAU la libertad inmediata e incondicional de todas aquellas personas encarceladas sólo por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y de asociación tras este juicio gravemente injusto, así como la de quienes permanecen detenidas o encarceladas por expresar públicamente su preocupación al respecto. Las organizaciones piden también a las autoridades que garanticen que las denuncias de tortura y otros malos tratos a los que fueron sometidas las personas encausadas antes y después del juicio sean investigadas sin dilación y de forma independiente, imparcial y exhaustiva; que los responsables rindan cuentas de sus actos y que las víctimas tengan acceso a un remedio efectivo y a una reparación. 

Las organizaciones comparten los serios motivos de preocupación expuestos desde 2011 por varios órganos de derechos humanos de la ONU y organizaciones de derechos humanos en relación con el uso reiterado por el gobierno de EAU del hostigamiento, la detención secreta, arbitraria y prolongada en régimen de incomunicación; la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y los juicios injustos contra los activistas y quienes critican a las autoridades, así como el uso creciente de la seguridad nacional como pretexto para reprimir el activismo pacífico y las peticiones de reforma.

El espacio para la disidencia en EAU se reduce cada vez más. La represión se ha consolidado con la promulgación en 2012 de la ley sobre delitos informáticos, que el gobierno viene empleando para silenciar a los activistas en las redes sociales y a otras personas que apoyan y defienden la libertad de expresión en Internet, y la promulgación de la ley contra el terrorismo de 2014. La definición vaga y demasiado amplia de terrorismo de la ley de 2014, que considera que constituye terrorismo un gran abanico de actividades, incluidas las protegidas por las normas de derechos humanos, podría utilizarse para condenar a defensores de derechos humanos y críticos del gobierno a largas penas de prisión e incluso a la pena de muerte.

Las organizaciones piden al gobierno de EAU, que actualmente es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que cumpla sus obligaciones de defender los derechos humanos en el país, que incluyen respetar los derechos a la libertad de opinión y de expresión, y la libertad de asociación y de reunión pacífica. 

El aniversario del multitudinario juicio conocido como el juicio de "los 94 de EAU" coincide con el de la petición presentada en marzo de 2011 por un grupo de 133 personalidades (hombres y mujeres) al presidente de EAU pidiéndole la reforma democrática. La petición desencadenó una represión implacable por parte de las autoridades del país y muchos de los firmantes y sus familias han sufrido hostigamiento, detención arbitraria o prisión en los cuatro años transcurridos desde que suscribieron el llamamiento a favor de la reforma. 

En el juicio de los "94 de EAU", que comenzó el 4 de marzo de 2013 ante la Sala de Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Federal, fueron juzgadas un total de 94 personas, ocho de ellas acusadas y juzgadas en ausencia, por fundar una organización que tenía como fin derrocar al gobierno, cargo que todos negaron. El juicio, en el que no se respetaron las normas internacionales de imparcialidad procesal, fue condenado por numerosas organizaciones de derechos humanos y órganos de la ONU, como su Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. El tribunal aceptó pruebas de la acusación consistentes en gran medida en "confesiones" realizadas por los procesados cuando estaban en prisión preventiva. El tribunal no exigió, antes de admitir estas pruebas, que la acusación demostrara más allá de toda duda razonable que las "confesiones" se habían obtenido por medios legítimos y habían sido realizadas voluntariamente por los acusados. Tampoco adoptó medidas para investigar u ordenar que se investigaran sin demora y de forma independiente, imparcial y exhaustiva, las afirmaciones de los procesados de que los interrogadores de los servicios de seguridad del Estado los habían obligado bajo tortura y otros malos tratos a hacer declaraciones falsas en las que se autoincriminaban o incriminaban a otros en los meses en los que estuvieron incomunicados en centros secretos y sin acceso a sus abogados y al mundo exterior. Además, los procesados tampoco tuvieron derecho a apelar ante un tribunal superior; en virtud de las leyes de EAU, las sentencias del Tribunal Supremo Federal son definitivas y no cabe recurso contra ellas. 

El 2 de julio de 2013, el Tribunal declaró culpables a 69 de los 94 procesados, incluidos a los ocho juzgados en ausencia, y absolvió a 25. Entre los procesados había muchas personas que habían alcanzado notoriedad en EAU en sus respectivos campos dentro del derecho, la educación y el ámbito académico, los negocios y como asesores del gobierno. El tribunal impuso condenas de entre siete y 15 años de prisión a numerosas personalidades, entre ellas al destacado abogado defensor de los derechos humanos y catedrático de Derecho, doctor Mohammed Al Roken, autor de varios libros y artículos en revistas especializadas sobre derechos humanos, libertad de expresión y leyes antiterroristas; a los conocidos abogados doctor Mohammed Al Mansoori y Salem Al Shehhi; al juez Mohammed Saeed Al Abdouli; al catedrático de Derecho y ex juez doctor Ahmed Al Zaabi; al abogado y catedrático de la universidad doctor Hadef Al Owais; al miembro de la familia gobernante Ras Al Khaimah sheij doctor sultán Kayed Mohammed Al Qassimi; al empresario Khalid Al Shaiba Al Nuaimi; al profesor de Ciencias Hussain Ali Al Najjar Al Hammadi; al bloguero y ex profesor Saleh Mohammed Al Dhufairi; al líder estudiantil Abdulla Al Hajri; y al estudiante y bloguero Khalifa Al Nuaimi que, antes de ser detenido, mantenía un activo blog donde criticaba la situación de los derechos humanos en EAU y la torpeza de las actuaciones del aparato de la Seguridad del Estado.

También fueron condenados en el juicio siete activistas conocidos como "los 7 de EAU", a quienes se les había retirado arbitrariamente la nacionalidad en 2011 y que fueron conminados a salir del país. Estos siete activistas son el economista Ahmed Ghaith Al Suwaidi; el profesor Hussein Al Jabri; el ex veterano empleado del Ministerio de la Presidencia Hassan Al Jabri; el profesor Ibrahim Hassan Al Marzouqi; el ex profesor sheij Mohammed Al Sadeeq; el doctor Shahin Abdullah Al Hosni y el doctor Ali Hussain Al Hammadi.

Durante el juicio, las autoridades tomaron medidas para impedir que se informara de forma independiente de las actuaciones, prohibiendo el acceso a la sala a los medios de comunicación internacionales y a los observadores independientes. Las autoridades de seguridad se negaron asimismo a permitir la entrada en EAU de un observador independiente delegado de Amnistía Internacional inmediatamente antes del inicio del juicio. Además, unos agentes de seguridad vestidos de civil dos impidieron el paso de dos observadores independientes enviados por la Comisión Internacional de Juristas antes de que llegaran al edificio del Tribunal Supremo Federal.

Otra observadora internacional enviada por la Federación Internacional de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos del Golfo Pérsico, el Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos y la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos tampoco pudo acceder a la vista final del juicio, el 2 de julio de 2013, a pesar de que las autoridades de EAU habían indicado con anterioridad que se le permitiría asistir.

En noviembre de 2013, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió una opinión sobre el caso de "los 94 de EAU" y concluyó que el gobierno de este país había privado a los encausados de su derecho a un juicio justo, consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo declaró que la detención y reclusión de las personas se había derivado del ejercicio por éstas de sus derechos a la libertad de opinión y de expresión y a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, garantizados en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal, y afirmó que no cabía considerar proporcionadas ni justificadas las restricciones impuestas a dichos derechos. El Grupo de Trabajo declaró que la detención y reclusión de los 61 procesados que fueron encarcelados tras el juicio multitudinario eran arbitrarias y pidió a las autoridades de EAU que los pusiera en libertad  y les diera una reparación adecuada.

Las autoridades también prohibieron la entrada en la sala del juicio a algunos familiares de los procesados y hostigaron, detuvieron o encarcelaron a otros que sí pudieron asistir a las vistas después de que criticaran las actuaciones y difundieran las denuncias de tortura de los procesados en la red social Twitter. 

En abril de 2013, un tribunal condenó a 10 meses de prisión a Abdullah al Hadidi, hijo de Abdulrahman al Hadidi, uno de los condenados en el juicio de los "94 de EAU", por difundir detalles del juicio "sin probidad y de mala fe", después de criticar las actuaciones judiciales en Twitter. Quedó en libertad en noviembre de 2013. 

El bloguero e internauta Obaid Yousef al Zaabi, hermano de Ahmed al Zaabi, fue detenido en julio de 2013 y, nuevamente, en diciembre de 2013 y juzgado por varios cargos relacionados con sus posts en Twitter sobre el juicio, entre ellos difundir “calumnias sobre los gobernantes emiratíes con frases que los rebajan de condición y acusaciones de opresión” y propagar “ideas y noticias que tienen por objeto ridiculizar a una institución gubernamental y perjudicar su reputación”. En junio de 2014, Obaid Yousef al Zaabi fue absuelto de todos los cargos, pero, a pesar de ello, las autoridades lo mantienen recluido arbitrariamente, sin que exista ninguna base legal para privarlo de libertad. Está en el ala de presos del Hospital Municipal Sheikh Khalifa de Abu Dabi, pues padece artritis reumatoide avanzada y le cuesta caminar. 

Osama al Najjar, internauta e hijo de Hussain Ali al Najjar al Hammadi, fue detenido en marzo de 2014 y procesado por cargos basados en unos mensajes que había publicado en Twitter en defensa de su padre, uno de los "94 de EAU". En noviembre de 2014 fue condenado a tres años de prisión y al pago de un cuantiosa multa por cargos como “diseñar y administrar un sitio web en redes sociales con el fin de publicar información e ideas inexactas, satíricas y difamatorias, que son perjudiciales para la estructura de las instituciones del Estado”, “ofender al Estado”, “instigar al odio contra el Estado" y "contactar con organizaciones extranjeras y presentar información inexacta" sobre el juicio de "los 94 de EAU" y las condiciones de vida en la prisión de Al Razeen. No tuvo derecho a apelar y está recluido en la prisión de Al Wathba, en Abu Dhabi.

El juicio de "los 94 de EAU" resultó ser el eje central de la represión general desatada por las autoridades del país contra la expresión de la disidencia y de la defensa de una mayor participación pública en el gobierno del país y otras reformas. De un solo plumazo, las autoridades eliminaron del ámbito público a sus críticos más destacados y a los principales defensores de la reforma del país, al mismo tiempo que daban a entender a los disidentes en potencia que no tolerarán un debate político abierto en EAU ni ninguna forma de crítica al gobierno.

A la coalición le preocupan enormemente la falta de espacio para que las organizaciones defensoras de derechos desempeñen su legítima labor y los reiterados intentos de las autoridades de EAU o sus partidarios de eliminar la libertad de expresión para sus residentes, no sólo en los medios de comunicación tradicionales, sino también en las redes sociales. El 28 de octubre de 2014, por ejemplo, fue hackeada la cuenta en Twitter del destacado defensor de los derechos humanos y bloguero Ahmed Mansoor, en la que éste publica sus reflexiones personales y opiniones. El 15 de febrero de 2015, las hermanas Asma Khalifa Al Suwaidi, Maryam Khalifa Al Suwaidi y Alyaziyah Khalifa Al Suwaidi fueron víctimas de desaparición forzada y existe gran preocupación por su seguridad. Las tres hermanas Al Suwaidi hacían campaña pacífica en Internet por la libertad de su hermano, uno de los "94 de EAU" presos, el doctor Issa Al Suwaidi, divulgando su juicio injusto y las violaciones de derechos humanos de las que fue objeto a manos de las autoridades de EAU. El doctor Issa Al Suwaidi es un respetado académico y fue secretario general de la Media Luna Roja en EAU entre 1996 y 1998.

La coalición expresa su satisfacción por una información publicada recientemente por el diario gubernamental The National, según la cual el gobierno de EAU había adoptado 36 recomendaciones formuladas por el departamento de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de EAU tras un estudio de varios informes internacionales sobre la situación de los derechos humanos en el país. El diario afirmaba que una de las recomendaciones era la creación de un comité independiente para estudiar todas las denuncias de tortura. Sin embargo, la información desapareció del sitio web de The National al día siguiente de publicarse. 

La coalición pide urgentemente a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos que pongan en práctica las siguientes recomendaciones formuladas por los órganos de la ONU y las organizaciones internacionales de derechos humanos:

  • Poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas recluidas o encarceladas exclusivamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y de asociación;
  • prohibir la práctica de la detención secreta;
  • instituir salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos, y garantizar que todas las quejas o denuncias de tortura y otros malos tratos se investigan sin dilación y de forma independiente y exhaustiva; 
  • garantizar que las víctimas de la tortura y otros malos tratos, detención arbitraria y otras violaciones de derechos humanos tienen acceso a un recurso efectivo;
  • garantizar que todas las personas privadas de libertad reciben un juicio justo y público ante un tribunal independiente e imparcial, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, que incluyen el derecho de recurrir la sentencia ante un tribunal superior; 
  • modificar cualquier ley que limite de forma inadmisible los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, y hacer que en última instancia todas estas leyes sean totalmente compatibles con las obligaciones contraídas por EAU en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos; y
  • ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.