La decisión del Tribunal Supremo de Brasil favorable a la demarcación como reserva de Raposa Serra do Sol es una victoria para todos los pueblos indígenas del país, ha dicho hoy, Amnistía Internacional. Sin embargo, la organización ha advertido que el retraso de la resolución definitiva sobre el caso –prevista para el próximo año– supone que los cultivadores de arroz a gran escala, que operan ilegalmente en la reserva, no serán desalojados inmediatamente.
“El acceso de los pueblos indígenas a sus tierras es fundamental para su propia supervivencia”, ha dicho Patrick Wilcken, adjunto de investigación y acción del equipo de Brasil en Amnistía Internacional. “Es imprescindible que el gobierno brasileño desarrolle la decisión del Tribunal Supremo completando el proceso de ratificación de las tierras cuya situación aún queda pendiente, que debería haber concluido hace tiempo”, añadió.
Los arroceros han protagonizado actos de violencia contra los pueblos indígenas que viven en la reserva de Raposa Serra do Sol. En mayo de 2008, unos enmascarados arrojaron cócteles molotov y dispararon hiriendo a 10 indígenas. Más recientemente ha habido otros informes de ataques con cócteles molotov, y también de disparos al aire realizados por hombres que pasaban en motocicleta cerca de las zonas indígenas.
“Es fundamental que todos estos incidentes se investiguen minuciosamente y que se proporcione total protección a los grupos indígenas mientras se espera la decisión final de Tribunal Supremo.”
Ocho de los once jueces del Supremo votaron a favor de mantener la demarcación original de la reserva indígena de Raposa Serra do Sol –cuya constitucionalidad había sido impugnada por los políticos estatales y los agricultores locales– como una zona única sin divisiones.
La decisión del Supremo es un hito en la batalla que durante 30 años vienen librando los pueblos indígenas makuxi, wapixana, ingarikó, taurepang y patamona para que se reconozca su derecho a sus tierras ancestrales. Información complementaria Raposa Serra do Sol es una reserva indígena de 1,7 millones de hectáreas situada en la frontera entre Brasil y Guyana/Venezuela, hogar de 20.000 indígenas, la mayoría de ellos macaxis. En abril de 2005, el presidente Lula reconoció legalmente su carácter de reserva, poniendo fin así a una lucha de 30 años por el reconocimiento de las tierras, durante la cual al menos 20 indígenas murieron y cientos más recibieron palizas y perdieron sus hogares y animales a manos de terratenientes locales, colonos y miembros de la policía militar.
El gobierno estatal sigue oponiéndose al proceso de demarcación, apoyando los asentamientos ilegales en la zona y a los arroceros, quienes, a pesar de habérseles ofrecido una indemnización por abandonar la zona, han continuado ilegalmente con sus explotaciones en las tierras indígenas. Altos cargos del ejército también han criticado la existencia de la reserva por considerarla una amenaza a la soberanía nacional. En abril, el Tribunal Supremo suspendió una operación de la policía federal de desalojo de arroceros hasta que ser resolviera un recurso interpuesto contra el proceso de ratificación por el gobierno del estado y algunos diputados federales. En agosto se suspendió la vista en el Tribunal Supremo tras pedir uno de los magistrados tiempo para estudiar más a fondo el asunto.
