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Mañana se inicia el debate parlamentario

El Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana amplía los poderes policiales en lugar de proteger la protesta

Protesta en Madrid el 10 de abril de 2014 para exigir la libertad de los detenidos tras las manifestaciones del 22 de marzo (AP Photo / Andres Kudacki)

Amnistía Internacional considera que algunas de las infracciones introducidas podrían amenazar el ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información.

Madrid.- El pasado 11 de julio el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Aunque en el texto final se han introducido algunas de las recomendaciones que Amnistía Internacional realizó al Ministerio del Interior, como por ejemplo incluir de manera expresa el principio de no discriminación en las identificaciones por parte de la policía, o que la disolución de la reunión sea la última medida a tomar en las manifestaciones pacíficas, la organización considera que esta reforma es un paso en la dirección equivocada y se aleja de los estándares internacionales. La organización lanza una nueva ciberacción para pedir a los grupos parlamentarios que protejan el derecho a la protesta y analiza en un informe el texto de la ley. 

La ampliación de los poderes a las fuerzas y cuerpos de seguridad que podría llevar a la  arbitrariedad en la aplicación de la ley, así como la tipificación y sanción de nuevas formas de protesta que podrían afectar al ejercicio de derechos como la libertad de reunión pacífica, expresión e información, son algunas de las preocupaciones que la organización ha hecho llegar a todos los grupos parlamentarios antes de su debate en el Pleno el día 16 de octubre.

“El Proyecto ha mejorado respecto a su versión inicial, pero, de aprobarse tal y como está, podría suponer una restricción innecesaria e injustificada de la protesta contraria al derecho internacional”, ha declarado Esteban Beltrán, director de AI España. En ese sentido, la organización pide que se corrija la discrecionalidad que otorga el Proyecto de Ley a las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como que se establezcan mecanismos de control y supervisión de la actividad policial para garantizar que los abusos de las fuerzas y cuerpos de seguridad no queden impunes.   

 

Más infracciones, menos garantías

En comparación con la ley vigente, el texto amplía el número de infracciones de 27 a 47. El gobierno ha justificado esta ampliación bajo el argumento de que algunas faltas se han eliminado del Código Penal. Sin embargo, sólo 9 infracciones del texto proceden del Código Penal y pasan al ámbito administrativo sancionador, mientras que 21 son de nueva creación.

El traslado al ámbito administrativo de algunas de las faltas se produce además en un contexto en el que los tribunales han archivado o fallado en favor de manifestantes. Así, los tribunales han reconocido, por ejemplo, que los “escraches” son ejercicios legítimos del derecho a la libertad de expresión, han desestimado cargos contra los organizadores de la manifestación “Rodea el Congreso” celebrada el 25 de septiembre de 2012, al constatar que el "delito contra las altas instituciones del Estado" aducido por el Ministerio del Interior no era tal, o han reafirmado  que está permitido grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Ese traslado de algunas de las faltas del ámbito penal al administrativo, lejos de suponer un menor reproche sancionador, implica que algunas conductas recibirán sanciones más severas. Y puesto que en el ámbito administrativo se presume la veracidad de los agentes, la organización teme que los ciudadanos cuenten con menos garantías de las que tendrían de ser juzgados en un procedimiento penal.

 

Limitar la protesta

El Proyecto de Ley sanciona las manifestaciones ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, cuando no se ha cumplido con los requisitos de la Ley Orgánica de Libertad de Reunión, que establece una serie de obligaciones para los organizadores relativas a la notificación de la reunión. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante el hecho de que en España no se contemple la posibilidad de la celebración de manifestaciones o reuniones espontáneas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde el organizador (en el caso que lo hubiese) no tuviera posibilidad de notificar con antelación.

“Todo esto podría provocar el efecto de limitar la protesta social, así como de castigar la disconformidad, tal y como han denunciado movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, expertos y organismos internacionales”, asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de AI España.

 

La libertad de expresión y el derecho a informar

Otra de las preocupaciones de Amnistía Internacional es la limitación de la grabación y difusión de imágenes de las fuerzas de seguridad cuando puedan poner en peligro operaciones policiales o la integridad de los agentes. En ese sentido, la organización insiste, por un lado, en que, tal y como han recordado a España diversos organismos internacionales, el ejercicio del derecho de información corresponde a cualquier ciudadano, independientemente de si ejerce o no la profesión de periodista. “El Relator de Naciones Unidas sobre libertad de opinión y expresión  ha recordado el ejercicio tan valioso que llevan a cabo miles de personas que documentan las violaciones de derechos humanos”, ha afirmado Virginia Álvarez.

Por otro lado, Amnistía Internacional recuerda que según el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, las autoridades españolas se comprometieron a no introducir restricciones a la difusión de imágenes o datos sobre los miembros o fuerzas del orden en el ejercicio de sus funciones en los casos en los que dichas imágenes o datos pudieran suponer una amenaza para su vida o para la operación que lleven a cabo. El Comisario afirmó que tales restricciones “socavarían enormemente el derecho a la libertad de expresión en el país”.

También la libertad de expresión podría verse amenazada mediante algunos artículos del Proyecto de Ley, como el que castiga como infracción leve las injurias o faltas de respeto dirigidas contra las Fuerzas de Seguridad en una concentración o reunión en el ejercicio de sus funciones. Esta disposición, expresada en términos vagos e imprecisos, podría limitar de manera injustificada el derecho a la libertad de expresión y se correría el riesgo de sancionar cualquier crítica que se considere ofensiva.   

 

Algunas recomendaciones

Amnistía Internacional ha publicado un informe con algunas recomendaciones que ha hecho llegar a a los grupos parlamentarios, entre otras:

  • La eliminación de los artículos que limitan el derecho de reunión pacífica espontánea, cuando no es posible la notificación al ser respuestas inmediatas a sucesos no previstos ante el Congreso, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.  
  • La eliminación de la infracción que hace referencia a la grabación de imágenes y la que castiga como infracción leve las injurias o faltas de respeto dirigidas contra las Fuerzas de Seguridad en una concentración o reunión en el ejercicio de sus funciones, por ser innecesaria y constituir un riesgo para la libertad de expresión.
  • Introducir mecanismos independientes que aseguren que las violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad sean investigadas de manera imparcial y exhaustiva.  


“Con una legislación que amplía los poderes policiales y no introduce mecanismos de control nos encontraremos con más abusos y la misma impunidad”, ha concluido Esteban Beltrán.

 

Información complementaria

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 11 de julio, después de que el Gobierno llevara a cabo una serie de correcciones al primer texto planteado, que suscitó preocupación por diversas organizaciones y movimientos sociales, entre ellas Amnistía Internacional. En estos momentos el plazo para las enmiendas se ha ampliado hasta el día 16 de octubre, momento en que será debatido en el Pleno.

No es el único texto que suscita inquietud a Amnistía Internacional, quien ha mostrado también su preocupación por la reforma del Código Penal en marcha que, de aprobarse, también podría poner en riesgo el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Amnistía Internacional ha puesto en marcha una nueva ciberacción para pedir a los grupos parlamentarios que protejan el derecho de protesta durante este proceso de debate de la Ley.

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