En los primeros 100 días de gobierno del presidente Ruhaní, los derechos humanos en Irán han seguido siendo un asunto de baja prioridad a pesar de las promesas formuladas durante la campaña de las elecciones presidenciales, ha afirmado Amnistía Internacional. La organización insta a las autoridades iraníes a ir más allá de la retórica y a tomar medidas urgentes y concretas para abordar la deplorable situación de los derechos humanos en el país. El 24 de noviembre de 2013, el presidente Ruhaní publicó en Twitter: “Mañana se cumplen 100 días de formación del gabinete y toma de posesión del gobierno. Contento de haber alcanzado acuerdo antes de los 100 días”. Durante años, la situación de los derechos humanos en Irán ha sido eclipsada, tanto en el ámbito internacional como en el interior del país, por los debates sobre el programa nuclear iraní. Ahora que se ha alcanzado el acuerdo, no debe haber ninguna demora más en lo relativo a abordar la terrible situación de los derechos humanos en Irán, como indica la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada por abrumadora mayoría el 19 de noviembre de 2013. A pesar de algunas novedades iniciales positivas –en concreto la liberación de algunos presos políticos y la reincorporación de algunos estudiantes y profesores universitarios proscritos–, las prisiones de Irán continúan llenas de presos políticos y de presos de conciencia, a muchos de los cuales no les presta una atención médica adecuada. Aunque la destacada abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh fue excarcelada el 18 de septiembre de 2013, decenas de presos declarados culpables de delitos de imprecisa tipificación siguen consumiéndose en la cárcel. Alguno de ellos son los siguientes:
- Abdolfattah Soltani, destacado abogado de derechos humanos que cumple una condena de 13 años de prisión por “difusión de propaganda contra el sistema”, “reunión y connivencia contra el Estado” y “establecimiento de un grupo ilegal”, el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, que fundó junto con la premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi;
- Reza Shahabi, sindicalista que cumple una condena de seis años de prisión por “reunión y connivencia contra la seguridad del Estado” y “difusión de propaganda contra el sistema”;
- Bahareh Hedayat, estudiante y activista de los derechos de las mujeres que cumple una condena de 10 años de prisión por “reunión y connivencia para cometer delitos contra la seguridad nacional”;
- Khosro Kordpour y Masoud Kordpour, periodistas y hermanos que fueron condenados el 10 de noviembre de 2013 a seis años y tres años y medio de prisión, respectivamente, por “reunión y connivencia contra la seguridad del Estado” y “difundir propaganda contra el sistema”;
- Navid Khanjani, activista de los derechos humanos que cumple una condena de 12 años de prisión en relación con su trabajo pacífico para organizaciones de derechos humanos. Navid Khanjani sufre entumecimiento en el pie izquierdo como consecuencia de lesiones en la columna vertebral y se le niega atención médica adecuada;
- Omid Kokabee, físico y estudiante de doctorado iraní en los Estados Unidos, cumple una condena de 10 años de cárcel en la prisión de Evin, en Teherán. Fue condenado a 10 años de prisión por tener “contactos con un gobierno hostil” tras ser declarado culpable por un Tribunal Revolucionario en un juicio viciado por irregularidades. Amnistía Internacional cree que está recluido únicamente por haberse negado a trabajar en proyectos militares en Irán;
- Maryam Shafi Pour, activista estudiantil y miembro del comité de mujeres de la campaña electoral de Mehdi Karroubi durante las elecciones de 2009, está recluida desde su detención el 27 de julio de 2013. La primera vista judicial de su caso se celebró el 21 de octubre de 2013 ante un Tribunal Revolucionario de Teherán, y continúa recluida en la prisión de Evin en espera del resultado de su juicio. Al parecer, ha sido acusada de mantener contactos con familiares del dirigente opositor Mehdi Karroubi.
Los líderes opositores y candidatos en las elecciones presidenciales de 2009 Mir Hossein Mousavi y Mehdi Karroubi, junto con Zahra Rahnavard, activista política y esposa de Mir Hossein Mousavi, continúan recluidos bajo arresto domiciliario de facto desde febrero de 2011. El 24 de octubre de 2013, Narges Mousavi, hija de Mir Hossein Mousavi, denunció que había sido abofeteada y mordida por una agente de inteligencia tras visitar a sus padres junto con su hermana Zahra Mousavi. Narges Mousavi afirmó que la agresión había tenido lugar cuando protestó por los registros corporales degradantes. El ministro de Justicia afirmó el 30 de octubre que el gobierno del presidente Ruhaní no participaría en ninguna iniciativa para liberar a los líderes opositores y a Zahra Rahnavard, y al parecer negó también la agresión contra Narges Mousavi, afirmando que se trataba de “ruido de los medios de comunicación”. Durante su campaña electoral, el presidente Ruhaní hizo promesas en relación con la libertad de prensa, pero se sigue deteniendo a periodistas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. El 28 de octubre de 2013, el Consejo de Supervisión de la Prensa, bajo la autoridad del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica, prohibió el periódico reformista Bahar tras publicarse en sus páginas un artículo que el Ministerio consideró “distorsionador de la historia del islam”. Fuerzas de seguridad detuvieron después a Ali Asghar Gharavi, el periodista que escribió el artículo, el 11 de noviembre de 2013. Amnistía Internacional siente alarma ante la creciente tasa de ejecuciones en Irán, especialmente desde que el presidente Ruhaní tomó posesión de su cargo. Aunque la aplicación de las condenas a muerte en Irán está bajo la responsabilidad del poder judicial (Magistratura), cuyo presidente es nombrado directamente por el líder supremo (líder de la República Islámica), el presidente Ruhaní no ha adoptado todavía una postura en contra de la tasa de ejecuciones cada vez mayor en el país. El 25 de octubre de 2013, las autoridades ejecutaron a Habibollah Golparipour y Reza Esmaili, presos políticos de la minoría kurda de Irán, por cargos relacionados con la seguridad nacional. Más tarde, el 26 de octubre, fueron ejecutadas otras 16 personas de la minoría baluchi de Irán. Según el presidente del tribunal superior de justicia de la provincia de Sistán-Baluchistán, en el sudeste de Irán, las ejecuciones se llevaron a cabo como “represalia” por un ataque fronterizo de un grupo armado suní que, según informes, causó la muerte de 14 guardias de fronteras en la ciudad de Saravan, en la misma provincia, cerca de la frontera con Pakistán, aunque los hombres ejecutados no habían participado en ese ataque y, según los informes, habían sido condenados a muerte varios años antes. El 4 de noviembre, las autoridades ejecutaron a otro preso kurdo, Sherko Moarefi, que había sido condenado a muerte tras un juicio sin garantías ante un Tribunal Revolucionario. Las autoridades iraníes han reconocido oficialmente 331 ejecuciones en 2013, pero fuentes fidedignas han informado de al menos 262 ejecuciones adicionales durante el año. Al menos 367 de estas ejecuciones han tenido lugar desde la victoria electoral del presidente Ruhaní en junio de 2013. Durante todo el año 2012 se reconocieron oficialmente 314 ejecuciones, pero teniendo en cuenta los informes fidedignos de al menos 230 ejecuciones adicionales, se cree que el total para ese año fue al menos 544. Los escasos progresos hasta ahora se han registrado en el terreno de las libertades académicas. Al parecer, durante el mandato del ministro interino de Ciencia, Investigación y Tecnología, Jafar Tofighi, se ha permitido inscribirse en la universidad durante el año académico actual a algunos estudiantes que fueron “marcados” y a quienes se prohibió acceder a la enseñanza superior. Según los informes, se ha permitido regresar a la actividad docente a algunos profesores universitarios que se habían visto obligados a retirarse después de las discutidas elecciones presidenciales de 2009. Amnistía Internacional acoge con agrado esta noticia, pero también insta a las autoridades a levantar todas las barreras impuestas al acceso a la enseñanza superior, incluidas las políticas discriminatorias que restringen el acceso de las mujeres a la enseñanza superior y las impuestas contra los miembros de minorías religiosas, como los bahaíes, a quienes no se permite asistir a la universidad. Las violaciones de derechos humanos están muy extendidas en Irán. La tortura y otros malos tratos, especialmente durante la detención previa al juicio, son prácticas habituales y se cometen con impunidad; decenas de presos de conciencia, entre los que hay periodistas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y estudiantes, siguen siendo juzgados en juicios gravemente injustos por imprecisos cargos relativos a la seguridad nacional; y las mujeres y los miembros de minorías étnicas y religiosas siguen siendo objeto de una discriminación generalizada en la ley y en la práctica. A pesar de su invitación permanente de 2002, Irán ha hecho caso omiso de las reiteradas peticiones de los expertos en derechos humanos de la ONU para visitar el país y no ha permitido el acceso a ninguno de esos mecanismos desde 2005.
