La aprobación por el presidente de las ejecuciones, realizada el pasado lunes 19 de noviembre, según un portavoz del gobierno, es el último paso del proceso formal previsto en la legislación afgana.
“Instamos al presidente Karzai a que detenga estas ejecuciones inmediatamente. La mera cifra de personas que podría matar el Estado es un uso especialmente escandaloso de lo que constituye la forma de castigo más cruel e inhumana”, ha declarado Polly Truscott, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
No está claro cuándo se llevarán a cabo las ejecuciones, pero en ocasiones anteriores se han realizado muy poco después de la aprobación presidencial.
“La pena de muerte nunca debe utilizarse para obtener beneficios políticos o popularidad. El presidente Karzai ganaría mucha más credibilidad si hiciera un esfuerzo mayor para garantizar el Estado de derecho en Afganistán, un país donde los detenidos son sometidos a menudo a torturas, el poder judicial tiene escasa independencia y las violaciones graves de derechos humanos y los delitos suelen quedar impunes”, prosiguió Truscott.
Según informes, en Afganistán, donde continúan imponiéndose condenas a la pena capital, hay alrededor de 200 presos en el corredor de la muerte.
“Persisten serias dudas sobre la eficacia y la imparcialidad del sistema de justicia afgano que hay que abordar de inmediato”, afirmó Truscott.
El uso continuado por Afganistán de la pena capital contrasta vivamente con la tendencia —tanto mundial como en Asia— de acabar con el uso de la pena de muerte.
La Asamblea General de la ONU ha adoptado desde 2007 tres resoluciones —con una mayoría en creciente aumento— en las que pide una moratoria global del uso de la pena de muerte.
La pasada noche, el 19 de noviembre, Afganistán se abstuvo en la votación celebrada en un comité de la Asamblea General del borrador del texto de una cuarta resolución sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. El texto será sometido a la votación final de la Asamblea General en una sesión plenaria que se celebrará en diciembre de 2012.
En el ámbito regional, otros países asiáticos como Singapur, Malaysia e Indonesia están dando pasos, pequeños pero significativos, para reducir el uso de la pena de muerte.
“Los pasos positivos de otros países de la región de Asia y Oceanía hacen que la aprobación por Karzai de una nueva serie de ejecuciones sea aún más decepcionante”, concluyó Truscott.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, así como del método empleado por el Estado para realizar la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
