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El plan de vigilancia masiva de los medios sociales es un ataque a la intimidad y la libertad de expresión en Internet

Facebook, Twitter y YouTube, así como las aplicaciones de telefonía móvil se controlarán sistemáticamente según los planes propuestos © Ed Ou / Getty Images

Una solicitud de ofertas para introducir un nuevo sistema que permita llevar a cabo una vigilancia masiva e indiscriminada de los medios sociales en Egipto asestaría un golpe devastador al derecho a la intimidad y a la libertad de expresión en el país, ha afirmado Amnistía Internacional.

De acuerdo con los planes propuestos, revelados esta semana en una licitación filtrada del Ministerio del Interior, Facebook, Twitter, YouTube, y posiblemente aplicaciones para teléfonos móviles como WhatsApp, Viber e Instagram, serían objeto de vigilancia sistemática.

“Los planes de las autoridades egipcias de vigilar de forma indiscriminadamente los medios sociales, unos meses después de la adopción de una nueva Constitución que garantiza el derecho a la intimidad, muestra la escasa consideración que tienen por los derechos humanos o el Estado de derecho. Los planes también suscitan serios temores de que las autoridades utilicen la vigilancia sistemática de las redes de medios sociales para fomentar la represión del más leve indicio de disidencia”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Las autoridades egipcias tiene un pésimo historial en lo que se refiere a respetar el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Un sistema que permita llevar a cabo una vigilancia indiscriminada de los medios sociales a escala masiva entraña el riesgo de convertirse en otro instrumento más de la caja de herramientas del gobierno egipcio para la represión por parte del Estado.”

En el documento filtrado, el Ministerio del Interior solicita ofertas para implantar un sistema de vigilancia masiva más sofisticado que explore las redes de medios sociales en busca de 26 temas, entre ellos la difamación de la religión, la convocatoria de manifestaciones, huelgas y sentadas ilegales, además del terrorismo y la incitación a la violencia. Sin embargo, no se ha hecho pública la lista completa de los temas que serán objeto de vigilancia, lo que plantea inseguridad a las personas en cuanto a si sus comunicaciones serán objeto de vigilancia y cuándo lo serán.

El programa de vigilancia propuesto viola el derecho a la intimidad garantizado por la Constitución egipcia y por el derecho internacional. La legislación egipcia sólo permite la interceptación selectiva de las comunicaciones bajo supervisión judicial y durante un periodo limitado, y no autoriza la vigilancia masiva indiscriminada. 

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno para que garantice que todo programa de vigilancia se ajusta a los principios generales de legalidad, necesidad, proporcionalidad y supervisión judicial del derecho internacional. Como nuevo presidente de Egipto, Abdel-Fattah al Sisi debe garantizar la aplicación del Estado de derecho y el respeto del derecho a la intimidad y a la libertad de expresión que garantizan la legislación egipcia y el derecho internacional.

Amnistía Internacional reconoce que, en algunos casos, los Estados pueden tener la necesidad legítima de recurrir a la vigilancia encubierta selectiva por razones de seguridad nacional. Sin embargo, la vigilancia masiva indiscriminada constituye una injerencia innecesaria y desproporcionada en el derecho a la intimidad. Toda vigilancia de las comunicaciones, incluso a través de los medios sociales, debe cumplir las obligaciones en materia de derechos humanos que mantienen el equilibrio entre el deber del Estado de proteger la seguridad y el derecho a la intimidad, la libertad de expresión y otros derechos humanos.

A pesar de las reiteradas afirmaciones de las autoridades egipcias en el sentido de que las medidas pretenden combatir el terrorismo y no se utilizarán para reprimir la libertad de expresión, existe un alarmante conjunto de indicios que contradicen esta pretensión. 

Durante el último año, las autoridades han llevado a cabo una represión en toda regla de las voces críticas, han introducido una nueva ley represiva sobre protestas y han redactado una legislación antiterrorista excesivamente amplia e imprecisa. Los sucesivos gobiernos egipcios han vigilado las comunicaciones electrónicas en el pasado. También se ha arrestado y enjuiciado a activistas por contenidos publicados en los medios sociales.

Las fuerzas de seguridad de Egipto tienen un historial de abusos y han disfrutado prácticamente de total impunidad. Poner esos medios en manos de unas fuerzas de seguridad que están sujetas a rendición de cuentas es una vía segura hacia los abusos”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

Miles de partidarios de Mohamed Morsi están recluidos en las cárceles egipcias por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión. Amnistía Internacional ha documentado casos en los que manifestantes pacíficos han sido arrestados, torturados y sometidos a malos tratos. Decenas de egipcios también han sido arrestados por comunicaciones y contribuciones a medios electrónicos, como YouTube, Facebook o Twitter.

“Periodistas, escritores y autores de blogs han sido objeto de acciones. El intento de reprimir las contribuciones a Twitter, Facebook y otras redes alimentará el temor de que, en el Egipto de hoy, no existe margen para que las personas expresen abiertamente sus opiniones sin ser objeto de persecución”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

El ministro del Interior anunció en una declaración que una de las condiciones de la solicitud de ofertas es que el sistema haya sido utilizado previamente por Estados Unidos o por Estados europeos. Amnistía Internacional considera que la vigilancia masiva indiscriminada realizada en Estados Unidos y en Reino Unido, entre otros Estados europeos, viola la legislación nacional y el derecho internacional.

“Las autoridades egipcias no deben reproducir los programas ilegales que se han utilizado en otros países para violar el derecho a la intimidad”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.

Es probable que las empresas que presenten ofertas con el fin de adjudicarse el contrato para llevar a cabo la vigilancia incumplan también los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.  

 

Información complementaria

El 1 de junio de 2014, el periódico egipcio Al Watan publicó una filtración de una solicitud de ofertas del Ministerio del Interior que buscaba empresas interesadas en implantar un sistema para la “vigilancia de los medios sociales”.

El ministro del Interior, Mohamed Ibrahim, confirmó en periódicos y otros medios de comunicación egipcios que el ministerio había solicitado ofertas de empresas para establecer el sistema presuntamente con el fin de combatir el terrorismo y proteger la seguridad nacional. En una declaración al periódico Al Ahram, el 2 de junio, el ministro afirmó que el sistema utilizaría selectores (términos de búsqueda) relacionados con actividades que se consideran ilegales en virtud de la legislación egipcia para localizar a las personas que usen esas palabras en sus comunicaciones. El ministro agregó que este sistema no se utilizaría para reprimir la libertad de expresión.

El artículo 57 de la Constitución egipcia adoptada recientemente protege el derecho a la intimidad y afirma que “la correspondencia postal, telegráfica y electrónica, las llamadas telefónicas y otros medios de comunicación son inviolables, y su confidencialidad está garantizada. No pueden ser confiscados, revelados o vigilados salvo en virtud de una orden judicial razonada, durante un periodo definido, y sólo en los casos definidos por la Ley”.

Egipto también tiene la obligación, en virtud del derecho internacional, de garantizar el disfrute del derecho a la intimidad. Por ejemplo, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama el derecho a la intimidad. Por consiguiente, tanto virtud de la legislación nacional como del derecho internacional, los programas de vigilancia deben cumplir unos requisitos mínimos. En particular, la vigilancia de las comunicaciones debe atenerse a los principios generales de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas judicial.

Toda vigilancia masiva indiscriminada, como la que se propone en Egipto, constituye una injerencia innecesaria y desproporcionada en el derecho a la intimidad.

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