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El Parlamento Europeo debe impedir con su voto el envío de equipos de vigilancia a gobiernos que violan derechos

© Robin Ballantyne / Omega Research Foundation, sourced through Mispo.org

Una votación del Parlamento Europeo prevista para mañana podría detener la exportación de peligrosos equipos de vigilancia a gobiernos que violan derechos, según una coalición de ONG internacionales. La votación sobre el régimen de control de la Unión Europea (UE) de la exportación de productos de doble uso —que tienen usos civiles y militares— es un importante paso para proteger a periodistas, disidentes y defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo de violaciones de derechos humanos causadas por tecnologías de vigilancia procedentes de países de la UE.


"Estas nuevas normas deberían impedir en última instancia la exportación de equipos de vigilancia producidos en la UE a países donde exista un alto riesgo de que se usen para cometer abusos contra periodistas, activistas y otras personas que trabajan para defender derechos. Estas personas han aprendido de la peor de las maneras que no pueden contar con que los gobiernos de la UE den más prioridad a los derechos humanos que a los intereses económicos”, afirmó Nele Meyer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.

En 2017 se reveló que BAE Systems, el mayor fabricante de armas de Reino Unido, exporta sistemas de vigilancia de Internet controlados con capacidad para llevar a cabo vigilancia masiva a países donde son habituales los abusos contra los derechos humanos, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Marruecos y Argelia. Si los cambios del Parlamento Europeo son acordados con el Consejo Europeo, no se podrán seguir haciendo estas exportaciones cuando haya probabilidades de que desemboquen en violaciones graves de derechos humanos.

“La UE debe adoptar una postura firme en defensa de la libertad para informar. No se debe espiar ni detener a los profesionales del periodismo con la ayuda de estas tecnologías de doble uso, que tienen un efecto paralizante tanto en estos profesionales como en sus fuentes, fomentando la preocupación por la seguridad de sus comunicaciones y, por tanto, disuadiendo del intercambio de información”, añadió Elodie Vialle, directora de Periodismo y Tecnología de Reporteros sin Fronteras (RSF).

La propuesta del Parlamento Europeo exigiría a los Estados miembros que denegasen las solicitudes de licencia si hay probabilidad de que la exportación de una tecnología de vigilancia desemboque en violaciones graves de derechos humanos. Las autoridades deberán tener en cuenta el marco legal que rige el uso de cualquier tecnología de vigilancia en el país al que se exporte y evaluar el impacto de la exportación en el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de datos, la libertad de expresión y la libertad de reunión y de asociación.

Las medidas de transparencia mejoradas exigirán también que los Estados miembros registren y hagan públicos los datos sobre licencias relativos a exportaciones aprobadas y denegadas. Esto es muy importante, pues permitirá que instancias democráticas de control, la ciudadanía, la sociedad civil y la prensa tengan acceso al hermético comercio global de tecnologías de vigilancia.

“La venta de equipos de vigilancia procedentes de Estados miembros de la UE que permiten a los regímenes totalitarios reforzar su arsenal opresivo es algo habitual. Hacen falta transparencia y un marco basado en los derechos humanos para mejorar la rendición de cuentas y aumentar el escrutinio público de estas prácticas”, añadió Maddalena Neglia, directora de Globalización y Derechos Humanos de la Federación Internacional de los Derechos Humanos.

Las medidas incluyen una nueva lista de tecnologías que requieren autorizaciones de exportación —lo que coloca la lista de la UE en la vanguardia de organismos internacionales de control de la exportación similares— y el aumento de las obligaciones de los exportadores de actuar con la diligencia debida en materia de derechos humanos. Cabe destacar que la propuesta reconoce también que es imprescindible proteger la investigación de seguridad en tecnologías de la información del ámbito del control, y la importancia de eliminar los controles vigentes sobre la exportación de criptografía. Sin embargo, las negociaciones con las autoridades de los Estados miembros son las que determinarán ahora hasta qué punto se cumplirán estas metas.

En la actualidad, aunque puede que los Estados miembros ya tengan en cuenta los derechos humanos en el sistema vigente, los datos muestran que dan prioridad a otras consideraciones y que han aprobado la inmensa mayoría de las exportaciones. Por tanto, es crucial garantizar que los criterios de evaluación finales basados en los derechos humanos para conceder licencias sean claros y vinculantes, y se apliquen de forma sistemática en toda la Unión.

"El sistema actual no tiene lo bastante en cuenta los derechos del usuario a la intimidad y a la libertad de expresión, una situación inaceptable que traiciona a los defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas de todo el mundo”, declaró Lucie Krahulcova, analista política de Access Now.

“¿Cómo puede condenar enérgicamente la UE la intimidación y el hostigamiento de periodistas y continuar proporcionando las herramientas que facilitan esas prácticas a los gobiernos represivos que llevan a cabo esa represión? Ya es hora de acabar con los mensajes contradictorios. De acuerdo con las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, la UE debe asumir el liderazgo en el escenario mundial adoptando todas las medidas posibles para proteger estos derechos fundamentales... y comunicar estas normas con claridad en todos los diálogos con todos los gobiernos”, dijo Tom Gibson, representante ante la UE del Comité para la Protección de los Periodistas.

«Las tecnologías de vigilancia que venden las empresas europeas ponen en peligro la libertad de expresión y la vida de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y toda la ciudadanía, con consecuencias trágicas. Necesitamos transparencia de los Estados miembros en estas prácticas y que se hagan públicos los datos sobre licencias para la exportación", concluyó Antonella Napolitano, coordinadora del Programa de Libertades Civiles en la Era Digital de la Coalizione Italiana Liberta e Diritti civili.

 

Access Now

Amnistía Internacional

Coalizione Italiana Liberta e Diritti civili (CILD)

Comité para la Protección de los Periodistas

Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)

Privacy International

Reporteros sin Fronteras

 

Ejemplos y casos

Un repaso a las informaciones de 2017 muestran que:

  • Las autoridades de Reino Unido aprobaron la exportación de equipos para la interceptación de telecomunicaciones al Ministerio del Interior de Macedonia en 2012, cuando una agencia de seguridad dependiente de éste presuntamente vigilaba de forma ilegal a 20.000 personas (Computer Weekly).
  • De las más de 330 solicitudes de licencias de exportación para tecnología de vigilancia controlada presentadas ante 17 autoridades de la UE desde 2014, se han concedido 317 y sólo se han rechazado 14; 11 Estados miembros, incluidos Francia e Italia, se niegan a hacer públicos los datos sobre licencias, lo que significa que probablemente la cantidad real de equipos de vigilancia cuya exportación se autorizó es significativamente mayor (The Correspondent).
  • BAE Systems, el mayor fabricante de armas de Reino Unido, exporta sistemas de vigilancia de Internet controlados con capacidad para llevar a cabo vigilancia masiva a países donde son habituales los abusos contra los derechos humanos, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán, Marruecos y Argelia (BBC y Dagbladet Information).
  • Italia aprobó y posteriormente revocó una licencia para la exportación a Egipto de un sistema de vigilancia de Internet (IlFattoQuotidiano).
  • Una empresa francesa exporta equipos de vigilancia de Internet similares a Egipto y ha recibido otras nueve licencias de exportación en 2016 (Telerama).
  • Se ha filmado a empresas con sede en Italia reconociendo estar dispuestas a eludir el reglamento sobre exportaciones vigente para vender tecnología de vigilancia a clientes potenciales en todo el mundo, incluidos países sometidos a medidas restrictivas de la UE (Al Jazeera).

 

Información complementaria

La información sobre el comercio global de tecnología de vigilancia salió a la luz durante la Primavera Árabe, cuando se descubrió que numerosas agencias de seguridad de la región estaban usando sistemas de vigilancia exportados de Estados miembros de la UE.

En 2011, la Comisión publicó  un Libro Verde que reconocía la necesidad de actualizar el reglamento sobre productos de doble uso para reflejar los avances de la tecnología, y a principios de 2013 reconoció por primera vez el deseo de las partes interesadas de incluir en el ámbito del reglamento el uso de artículos de interceptación y supervisión de TIC o ciberherramientas.

La Comisión concluyó, basándose en una evaluación de impacto de amplio alcance y una consulta pública que las tecnologías de cibervigilancia tienen aplicaciones legítimas y reguladas para hacer cumplir la ley, pero también son utilizados para la represión interna por gobiernos autoritarios o represivos con el fin de infiltrarse en sistemas informáticos de disidentes y activistas de derechos humanos, lo que en ocasiones provoca su encarcelamiento o incluso la muerte.

La Comisión finalmente publicó una propuesta posterior para modernizar la infraestructura de control de la exportación de la UE en septiembre de 2016. Aunque la propuesta ofrece algunas mejoras respecto del régimen actual, exige cambios ulteriores significativos para garantizar que desarrolla todo su potencial para proteger los derechos humanos.

 

En noviembre de 2017 se acordaron unas enmiendas a la propuesta en la Comisión de Comercio Internacional, responsable del informe en el Parlamento Europeo. Estas reformas serán debatidas por la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros en reuniones herméticas a tres bandas con el fin de consensuar una posición común. Una vez que los Estados miembros y el Parlamento acuerden las reformas, éstas serán vinculantes en toda la Unión Europea.

 

En mayo de 2017, una coalición de ONG publicó un breve análisis de la propuesta de la Comisión.

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