El nuevo gobierno no aborda los derechos humanos

Londres.- Seis meses después de que el nuevo presidente iraní tomara posesión de su cargo, las violaciones de derechos humanos siguen siendo generalizadas y el nuevo gobierno no ha tomado ninguna medida para abordar la situación, ha revelado Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy. "El gobierno iraní debe dar pasos concretos para mejorar la situación de los derechos humanos en el país –ha declarado Amnistía Internacional–. El actual callejón sin salida en relación con el programa nuclear del país no debe distraer ni al gobierno ni a la comunidad internacional de los problemas de derechos humanos que aquejan desde hace tiempo al país." El informe, titulado Iran: New Government Fails to Address Dire Human Rights Situation (disponible sólo en inglés), expone las violaciones que se están cometiendo actualmente y expresa preocupación por lo que parece una intensificación de la represión desde que el nuevo gobierno tomó posesión, en agosto de 2005. El informe se centra en la represión que se ejerce desde hace tiempo sobre las minorías étnicas y en las limitaciones a la libertad de expresión. También aborda la pena de muerte y el uso frecuente de la tortura. Pese a las garantías constitucionales de igualdad, el informe establece que desde la elección del presidente Ahmadinejad, varios miembros de minorías étnicas y religiosas de Irán han perdido la vida, han sido detenidos o acosados sólo por su etnia o su fe. En un caso, varios miembros de la comunidad árabe ahwazi perdieron la vida y decenas resultaron heridos por el uso excesivo de la fuerza empleado por las fuerzas de seguridad durante los disturbios violentos que están teniendo lugar en la provincia de Khuzestan. En otro incidente, los informes indican que las fuerzas de seguridad iraníes utilizaron munición real, gas lacrimógeno y palizas con porras contra unos manifestantes que lanzaban piedras, a mediados de septiembre de 2005. Según los informes, al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas. La legislación iraní restringe severamente la libertad de expresión y de asociación, y los activistas de derechos humanos suelen sufrir represalias por su labor. El hostigamiento, la intimidación, los ataques, las detenciones, el encarcelamiento y la tortura de activistas y periodistas han continuado con el nuevo gobierno. En octubre de 2005 se volvieron a introducir los Tribunales de Prensa para juzgar presuntas infracciones del Código de Prensa, que contiene estipulaciones muy genéricas que se pueden utilizar para castigar a personas por la expresión pacífica de sus opiniones. Decenas de periodistas y de diarios comenzaron a ser sometidos a examen, y algunos periodistas fueron sentenciados a condenas condicionales de prisión. "Pedimos a las autoridades iraníes que revisen las leyes y las prácticas para garantizar que nadie es encarcelado como preso de conciencia o es discriminado sólo por sus opiniones políticas, raza, etnia, género, sexualidad o lengua", ha declarado Amnistía Internacional. Amnistía Internacional ha seguido recibiendo nuevas denuncias de tortura y malos tratos de detenidos, que siguen siendo habituales en muchas prisiones y centros de detención. También ha surgido como algo normal la denegación de tratamiento médico como medio para ejercer presión sobre los presos políticos, como en el caso del periodista de investigación Akbar Ganji. Akbar Ganji fue detenido en abril del 2000 y condenado a una pena de 10 años de prisión, que quedó reducida tras la apelación a seis meses, por "tomar parte en un delito contra la seguridad nacional" y "propaganda contra el sistema islámico". En julio del 2001 fue juzgado de nuevo, acusado de "recoger documentos confidenciales del Estado para poner en peligro la seguridad del Estado" y "difundir propaganda", y condenado a seis años de cárcel. Tras realizar una huelga de hambre como protesta por la denegación de tratamiento médico fuera de la prisión, fue puesto en libertad temporalmente para recibir tratamiento en julio del 2005. Volvió a prisión en septiembre de aquel año, y fue sometido a régimen de aislamiento. Un mes después, dijo a su esposa que las fuerzas de seguridad le habían propinado palizas mientras estaba en el hospital, antes de volver a la cárcel. "Las autoridades iraníes deben investigar todas las denuncias de tortura y malos tratos, y adoptar medidas efectivas para que cualquier persona implicada en violaciones de derechos humanos comparezca ante la justicia –ha manifestado Amnistía Internacional–. Asimismo, hacen falta medidas urgentes y efectivas para garantizar que se erradica de una vez por todas el uso de la tortura." Amnistía Internacional ha registrado 69 ejecuciones entre julio del 2005 y finales de enero del 2006, incluidas las de dos jóvenes que, según los informes, eran menores de 18 años en el momento de la ejecución. Se sigue imponiendo la pena de muerte por cargos tan genéricos como "corrupción en la tierra", por relaciones sexuales mantenidas entre adultos con consentimiento y en privado y por otros delitos como beber alcohol, así como por delitos como violación, asesinato y narcotráfico. La organización ha pedido a las autoridades que muestren su respeto al derecho inherente a la vida ordenando la suspensión de las ejecuciones y adoptando medidas inmediatas para impedir nuevas ejecuciones de menores o de personas que tenían menos de 18 años cuando cometieron los delitos de los que están acusadas. "El presidente Ahmadinejad y el gobierno iraní deben adoptar medidas urgentes y concretas para garantizar que se protegen los derechos humanos fundamentales de las personas con independencia de su género, de su etnia y de su fe."