El nuevo gobierno debe renunciar a los planes de desalojo forzoso de los beduinos
Con el proyecto de Ley de 2012 sobre la regularización de la residencia de la población beduina en el Néguev, aprobado por el anterior gobierno, al menos 30.000 beduinos del desierto del Néguev/Naqab, al sur del país, se ven amenazados por el desalojo forzoso de sus comunidades, nunca reconocidas oficialmente por el gobierno israelí.
“El desalojo forzoso de decenas de miles de beduinos de comunidades en las que han vivido durante generaciones no es justificable por razones de desarrollo económico ni por ninguna otra razón. Los nuevos dirigentes de Israel deben tener el valor de arriesgarse allí donde anteriores gobiernos han hecho caso omiso de las normas de derechos humanos”, ha dicho Ann Harrison, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La ley propuesta envía a las comunidades de beduinos a un desierto de derechos humanos, al privar a unos ciudadanos ya de por sí vulnerables de salvaguardias jurídicas frente a la demolición de sus hogares y a los desalojos forzosos, lo cual constituye una infracción manifiesta del derecho internacional”.
El proyecto de ley sigue su trámite a pesar de las numerosas objeciones que se presentaron en las consultas con las comunidades de beduinos y las organizaciones locales de derechos humanos, así como en dos cartas enviadas por Amnistía Internacional y que no han obtenido respuesta.
Los beduinos en Israel son objeto de una discriminación endémica, y desde hace años sufren la demolición traumática de sus viviendas seguida de su desalojo forzoso. Con la aprobación de esta ley se dará vía libre a esta práctica.
En vez de descartar de lleno los planes de desalojo, la ley se limita a proponer una ejecución escalonada de las órdenes de demolición.
“Lejos de ofrecer salvaguardias jurídicas a los beduinos, el proyecto de ley empeora aún más las cosas”, ha dicho Ann Harrison.
Las autoridades responsables de los planes de desalojo han acudido reiteradamente al caso del pueblo excluido de Wadi Na’am para ejemplificar cómo beneficiaría a los beduinos la reubicación en virtud de la ley propuesta. Los residentes de Wadi Na’am están dispuestos a dejar su pueblo por las peligrosas condiciones que causa una cercana fábrica de productos químicos y otras industrias, pero siguen deseando conservar su modo de vida basado en la agricultura.
Los primeros residentes en Wadi Na’am se desplazaron allí en la década de 1950, tras ser expulsados de sus tierras ancestrales en el suroeste del desierto del Néguev/Naqab.
Los habitantes del pueblo han dicho a Amnistía Internacional que se han manifestado claramente en contra de los planes del gobierno de reubicarlos en Segev Shalom, un lugar situado dentro del radio de influencia de la fábrica de productos químicos y en el que no podrían seguir con sus actividades ganaderas. Preferirían regresar a sus tierras ancestrales.
Wadi Na’am figura entre las decenas de pueblos beduinos que se verían afectados por los planes de desarrollo propuestos.
“Si el gobierno presenta como ejemplo la reubicación de los residentes de Wadi Na’am, ¿qué podemos esperar para los otros pueblos excluidos?” ha declarado Ann Harrison.
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