El canje del soldado israelí Gilad Shalit por 477 presos palestinos pone de manifiesto la necesidad de que todas las personas recluidas en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) reciban un trato humano, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. “Este acuerdo supondrá un alivio para Gilad Shalit y su familia, tras una dura experiencia que se ha prolongado durante más de cinco años. Numerosas familias palestinas sentirán hoy una sensación de alivio similar al reunirse con sus familiares, que en muchos casos han pasado decenas de años recluidos en duras condiciones en Israel”, ha declarado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Sin embargo, es preciso tomar más medidas para proteger los derechos de miles de personas que continúan recluidas. Las autoridades israelíes, la administración de facto de Hamás en Gaza y la Autoridad Palestina en Cisjordania deben aprovechar esta oportunidad para garantizar el respeto por los derechos de todas las personas encarceladas y bajo custodia".
Gilad Shalit fue capturado por grupos armados palestinos de Gaza en un ataque transfronterizo llevado a cabo el 25 de junio de 2006. Desde entonces no se le ha permitido ponerse en contacto con su familia, que ha hecho campaña incansablemente para conseguir su liberación. A pesar de los reiterados llamamientos de Amnistía Internacional y otras organizaciones, tampoco se le ha permitido ponerse en contacto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, por lo que ha resultado imposible comprobar las condiciones de su cautiverio.
Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades de Hamás a que no traten a Gilad Shalit como rehén y moneda de cambio, puesto que con ello incumplen las obligaciones que tienen contraídas con arreglo al derecho internacional humanitario. La organización también ha planteado a las autoridades israelíes sus motivos de preocupación en torno a las condiciones de reclusión de los presos palestinos y al hecho de que siguen encarcelando a palestinos de los TPO en Israel, incumpliendo así sus obligaciones conforme al Cuarto Convenio de Ginebra.
Más de 5.200 palestinos de los TPO, que engloban a Cisjordania –incluido Jerusalén Oriental– y la Franja de Gaza, se encuentran recluidos actualmente en centros gestionados por el Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí. La gran mayoría están encarcelados en Israel.
“Las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario garantizan el derecho de toda persona privada de libertad a condiciones de reclusión humanas y dignas, atención médica adecuada, y visitas periódicas de su familia”, ha manifestado Malcolm Smart.
“Israel, la administración de facto de Hamás y la Autoridad Palestina deben garantizar que todas las personas recluidas son sometidas sin dilación a juicios con arreglo a las normas internacionales sobre garantías procesales, y que se acatan las fallos judiciales que ordenan la puesta en libertad de los presos”.
Centenares de presos palestinos se encuentran en huelga de hambre desde el 27 de septiembre para protestar por las recientes medidas punitivas impuestas por las autoridades israelíes. Los presos exigen que el Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí ponga fin a la reclusión arbitraria de presos en régimen de aislamiento y que les permita recibir visitas de sus familias con regularidad.
El hecho de que estén recluidos en territorio israelí hace que las visitas de familiares resulten difíciles, por no decir imposibles, ya que las autoridades israelíes a menudo les deniegan los permisos de viaje. En junio de 2007, Israel suspendió las visitas de familiares de todos los presos de Gaza, una política punitiva que no sólo castiga a los presos, sino también a sus familias.
Entre los 477 presos que hoy han quedado en libertad, de los que 450 son hombres y 27 mujeres, hay 275 personas condenadas por tribunales militares israelíes a una o más penas de cadena perpetua. Entre las personas que han quedado en libertad hay presos declarados culpables de ordenar o llevar a cabo ataques contra población civil israelí. El Tribunal Superior de Justicia de Israel desestimó ayer los recursos contra las excarcelaciones presentados por organizaciones y familias israelíes que se oponen al acuerdo.
Está previsto que otros 550 presos, que aún no han sido identificados, queden en libertad en un plazo de dos meses, en la segunda fase del acuerdo.
De las personas que han quedado hoy en libertad, 217 regresarán sin restricciones a sus hogares en la Franja de Gaza, Israel o la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental. Otros 55 presos regresarán a sus casas en Jerusalén Oriental u otras zonas de Cisjordania en virtud de un “acuerdo de seguridad” que restringirá su libertad de circulación y los someterá a vigilancia periódica por parte de las autoridades israelíes.
Por otra parte, 164 presos de Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, serán trasladados a la Franja de Gaza. Según el Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí, 18 de ellos serán trasladados por un periodo de tres años; no está claro si a los 146 restantes se les permitirá regresar con sus familias ni cuándo podrán hacerlo en caso de que así suceda. Aunque Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza gozan de reconocimiento internacional como una única unidad territorial, con arreglo a los Acuerdos de Oslo y al derecho internacional humanitario, las autoridades israelíes no permiten que la población palestina que vive en la Franja de Gaza acceda a Cisjordania ni tampoco al contrario. Por lo tanto, con esta medida se cortará completamente el contacto entre estos palestinos y sus familias, al no tener la posibilidad de realizar visitas.
Por último, 41 presos, incluida una mujer, serán exiliados en el extranjero. La mayoría están condenados a cadena perpetua.
No está claro si se trata de un exilio permanente o si en el futuro se les permitirá regresar a sus hogares en los TPO.
El artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe a la potencia ocupante el traslado forzoso o la deportación de personas desde el territorio ocupado. Si los presos que van a ser exiliados al extranjero o trasladados a Gaza desde Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, no han dado su consentimiento, Israel estaría incumpliendo las obligaciones que tiene contraídas con arreglo al derecho internacional humanitario.
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