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El desalojo forzoso de una familia en la Cañada Real constituye una violación de derechos humanos

La vivienda de Fatima y Abdelilah ha sido derribada a las 4.30 horas. © Amnistía Internacional

El Ayuntamiento de Madrid debe garantizar un alojamiento alternativo adecuado

 

Madrid.- Una familia de origen marroquí residente en la Cañada Real Galiana ha sido desalojada de forma forzosa en la madrugada de hoy. Según la información con la que cuenta Amnistía Internacional, el desalojo se habría llevado a cabo en contravención con los estándares internacionales, lo que supone una violación grave de sus derechos humanos.

 

Según la información con la que cuenta Amnistía Internacional, la familia víctima del desalojo no ha sido consultada previamente, ni se le ha ofrecido un alojamiento alternativo adecuado. Además, el hecho de que el desalojo se haya producido durante la noche también contraviene los estándares internacionales.

 

Amnistía Internacional teme que cientos de familias residentes en esta zona puedan correr la misma suerte y pide al Ayuntamiento de Madrid que a la familia desalojada se le garantice de forma inmediata un alojamiento alternativo adecuado.

 

Abdelilah Ghailán, albañil de 33 años, y Fátima Zohra Alami Wahabi, de 27, son personas migrantes de Marruecos que llevan siete años viviendo con sus dos hijos, de tres y seis años, en la Cañada Real Galiana, en el sureste de Madrid. Abdelilah y Fátima ya sufrieron otro desalojo en 2007, fruto del procedimiento judicial que inició el Ayuntamiento de Madrid en 2005, llevándose a cabo la demolición del inmueble.

 

El 24 de junio de 2011 era la nueva fecha fijada por la orden judicial para la entrada en el domicilio y posterior demolición de su vivienda. El desalojo finalmente no se llevó a cabo en esa fecha tras presentarse en el lugar miembros de movimientos sociales y numerosos medios de comunicación.

 

“Los desalojos realizados sin consulta previa y sin una oferta de alojamiento alternativo adecuado a todas las personas afectadas constituyen una violación de sus derechos humanos”, ha declarado Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional España.

 

Este derribo se produce después de la aprobación de la Ley de Cañada Real el pasado 10 de marzo. La ley establece que las Administraciones competentes llevarán a cabo un acuerdo marco de contenido social para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos de la Cañada Real Galiana, dando en todo el proceso participación a las personas afectadas.

 

“El problema que existe trasciende el enfoque de disciplina urbanística y debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos”, ha añadido Eva Suárez-Llanos.

 

Amnistía Internacional recuerda que los desalojos forzosos están prohibidos por el derecho internacional y son considerados violaciones graves de derechos humanos.

 

Ausencia de garantías

 

Todo desalojo debe de realizarse teniendo en cuenta una serie de salvaguardas de derechos humanos, como, entre otras, realizar consultas efectivas y facilitar a todas  las personas afectadas, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; e impedir que ninguna persona quede sin hogar como consecuencia de un desalojo. Sin embargo, las personas que acaban de ser desalojadas en la Cañada Real Galiana ni han sido consultadas ni han recibido un alojamiento alternativo adecuado.

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas establece que las autoridades también deben asegurarse de que nadie se queda sin hogar o es vulnerable a otras violaciones de los derechos humanos como consecuencia de un desalojo. Cuando las personas afectadas por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado en el que acontezcan los hechos deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda.

 

Las administraciones deben proporcionar una indemnización justa y un alojamiento alternativo suficiente, o la restitución cuando sea factible, y lo deben hacer inmediatamente después del desalojo. Los lugares determinados de reinstalación deben responder a los criterios de una vivienda adecuada de acuerdo a los estándares internacionales. También debe asegurarse que los miembros de la misma familia ampliada o comunidad no se separen a consecuencia de los desalojos.

 

Información complementaria

 

Amnistía Internacional puso en marcha el pasado mes de abril una recogida de firmas a través de la página web www.actuaconamnistia.org en la que se pedía al alcalde de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón, que detuviera el desalojo de Abdelilah y Fátima. La ciberacción ha reunido más de 22.600 firmas. La organización también ha promovido de forma internacional el envío masivo de cartas al alcalde.

 

Tradicionalmente, la Cañada Real Galiana ha sido una zona reservada al paso de ganado, pero en los últimos 30 años se han ido asentando en ella familias españolas y migrantes que han construido allí su vivienda. Las autoridades españolas no manifestaron objeciones a esta práctica hasta 2005. Ahora, cientos de familias están expuestas a ser desalojadas a la fuerza de sus hogares, ya que las órdenes de derribo continúan en marcha a pesar de la aprobación de la Ley de Cañada Real que exige un acuerdo marco previo de contenido social a la decisión sobre las cuestiones relativas a la ocupación, desafectación y destino de los terrenos.

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