La viabilidad a largo plazo de cualquier acuerdo de paz podría verse gravemente afectada si los responsables de abusos contra los derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no responden de ellos ante la justicia, va a declarar hoy Amnistía Internacional ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
A pesar de los dos años de proceso de paz en el que participan el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la población civil sigue sufriendo la peor parte de las consecuencias de las hostilidades. Las comunidades más afectadas son las indígenas, las afrodescendientes y las campesinas.
“Mientras el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne hoy en Ginebra, en Colombia la población civil sigue siendo víctima de amenazas y homicidios. Todavía hay miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus casas y tierras a causa del conflicto armado. Muy pocos presuntos responsables penales han comparecido ante la justicia. Esto no puede seguir así”, dice Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.
“Ahora que la comunidad internacional presta atención a Colombia, es el momento de que el presidente Santos redoble sus esfuerzos y garantice que cualquier acuerdo de paz es compatible con el derecho internacional y da a las víctimas pleno acceso a la verdad, la justicia y la reparación. También debe asegurar que se adoptan medidas efectivas para garantizar la seguridad de las comunidades, grupos y personas en situación de riesgo, incluidos los defensores y defensoras de los derechos humanos.”
Continúan los abusos
Las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares, solas o en connivencia mutua, así como los grupos guerrilleros, siguen cometiendo abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario en Colombia.
Al menos 55 defensores de derechos humanos y 20 miembros de sindicatos perdieron la vida en 2014. También han aumentado las amenazas de muerte masivas contra defensores de derechos humanos, activistas por la paz y las tierras, políticos y periodistas.
Amnistía Internacional pide a todas las partes del conflicto que pongan fin de inmediato a los abusos y violaciones de derechos humanos, y a las autoridades de Colombia que hagan rendir cuentas a los perpetradores.
“El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos ya ha formulado recomendaciones que ofrecen un punto de partida para poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos deben presionar al gobierno y a los grupos guerrilleros de Colombia para que pongan en práctica sin demora estas recomendaciones”, añadió Marcelo Pollack.
Millones de personas desplazadas por el conflicto
Desde 1985, casi seis millones de personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en el contexto del conflicto armado. Igualmente, alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras han sido abandonadas u objeto de despojo, muchas veces con violencia, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, entre otras.
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que entró en vigor en 2012, fue un importante primer paso para garantizar el respeto al derecho de algunas víctimas del conflicto a una reparación completa, incluida la restitución de sus tierras. Sin embargo, hasta el momento sólo se ha devuelto un porcentaje ínfimo de las tierras perdidas.
“El proceso de restitución de tierras tiene graves defectos, pues muchas personas están excluidas de él y su aplicación está lastrada por dificultades innecesarias”, afirma Marcelo Pollack.
“Aunque el presidente Santos ha dado algunos pasos en la buena dirección al introducir la legislación, él y su gobierno deben hacer más para garantizar que estas promesas se convierten en realidad para las numerosas personas que han perdido sus tierras.”
Abordar la impunidad endémica
Amnistía Internacional pide también a las autoridades colombianas que aborden su inacción a la hora de hacer comparecer ante la justicia a presuntos autores de abusos contra los derechos humanos, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad implicados en presuntas ejecuciones extrajudiciales.
El Congreso colombiano debate actualmente varios proyectos de ley que facilitarían que fuera el sistema de justicia militar el que investigase a miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos, en lugar de las autoridades civiles. Esto representaría un grave retroceso para la justicia habida cuenta del largo y vergonzoso historial del sistema de justicia militar, que ha cerrado estas investigaciones sin hacer que los responsables rindan cuentas.
El Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso en 2012, podría emplearse también para blindar a los perpetradores de abusos y violaciones de derechos humanos frente a la justicia. Esta herramienta da al Congreso la facultad de limitar los juicios penales a los “máximos responsables” de abusos contra los derechos humanos y de suspender las penas de prisión impuestas a miembros de grupos paramilitares, guerrilleros y fuerzas de seguridad condenados por abusos contra los derechos humanos.
“Hemos instado a los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos a que planteen de forma prioritaria estos motivos de preocupación al gobierno colombiano y seguimos esperando que lo hagan. La comunidad internacional tiene un papel fundamental que desempeñar a la hora de garantizar que se hace realidad el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Ya es hora de hacer que se oigan esas voces”, concluyó Marcelo Pollack.
