El cierre forzoso el 21 de diciembre, por parte de las autoridades iraníes, del Centro de Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Teherán, es un suceso que no presagia nada bueno y que amenaza al movimiento entero de derechos humanos del país. Amnistía Internacional pide que la decisión del cierre se anule sin demora. El Centro de Defensa de los Derechos Humanos fue cerrado a la fuerza por decenas de policías y agentes de seguridad vestidos de civil que acudieron a sus oficinas poco antes de la celebración, por parte del Centro, de un acto de conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Según Narges Mohammadi, portavoz del Centro, los agentes de seguridad no mostraron una orden oficial que justificara su acción, y le dijeron que, si no fuera mujer, la arrastrarían pos las piernas y la arrojarían a la calle.
Una de las cofundadoras del Centro, creado en 2002, fue Shirin Ebadi, la defensora de los derechos humanos más conocida de Irán, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2003. En el momento del cierre forzoso del Centro se hallaba allí presente. El Centro ha tratado de conseguir la inscripción legal en el registro desde su formación hace seis años, pero las autoridades iraníes se la han denegado constantemente, y han dejado que la Dra. Ebadi y sus colegas actúen en una especie de limbo legal, y bajo amenaza constante. La Dra. Ebadi ha recibido anteriormente amenazas de muerte.
No está claro por qué las autoridades de seguridad iraníes han decidido actuar ahora contra el centro. Parecen haber querido evitar la celebración de la Declaración Universal de Derechos Humanos –documento fundador del derecho moderno de los derechos humanos– y transmitir una enérgica –y escalofriante– advertencia al creciente movimiento iraní de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos al atacar a la organización encabezada por la dirigente del movimiento más reconocida internacionalmente.
El Centro de Defensa de los Derechos Humanos tiene tres funciones expresas: denunciar las violaciones de derechos humanos en Irán, proporcionar asistencia letrada gratuita a los presos políticos, y respaldar a las familias de los presos políticos. Sus miembros han perseguido casos destacados de impunidad, y han defendido a víctimas destacadas de violaciones de derechos humanos. Algunas de esas víctimas –como el abogado Abdolfattah Soltani– han sido detenidas en el pasado exclusivamente por cumplir con su deber como profesionales del derecho.
Amnistía Internacional pide que se permita al Centro de Defensa de los Derechos Humanos reanudar sus actividades sin demora e inscribirse legalmente en el registro. El gobierno iraní debe cumplir con su obligación, establecida en virtud del derecho internacional, de promover y proteger los derechos humanos, y debe apoyar la labor de quienes defienden los derechos humanos, no socavarla.
