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El acuerdo de paz entre el norte y el sur muestra un futuro incierto para los derechos humanos

 

Amnistía Internacional espera que el acuerdo global de paz entre el gobierno sudanés y el Movimiento / Ejército de Liberación Popular de Sudán (M/ELPS)  sea el comienzo de una nueva era en la protección de los derechos del pueblo sudanés, así como de reformas que pongan remedio a la injusticia, la discriminación y las violaciones graves de derechos humanos en el país.

  "Dos de las principales causas de los conflictos que se han cobrado la vida de tantos sudaneses han sido la injusticia y la marginación –ha manifestado Kolawole Olaniyan, director de Programa para África de Amnistía Internacional–. Si no se abordan seriamente estas cuestiones básicas de derechos humanos que son motivo de preocupación, será difícil conseguir una paz duradera. Los derechos humanos, que abarcan la justicia y la ausencia de discriminación, tienen que ser la base de todo acuerdo. Pero para que se hagan realidad no basta con tener esperanza y con hacer declaraciones retóricas; es preciso garantizarlos y protegerlos.” 

 Para consolidar la paz en Sudán, las partes en el acuerdo de paz y los mediadores internacionales –Kenia, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega y la ONU–, deben tener en cuenta los siguientes motivos de preocupación:

Es preciso respetar los derechos humanos fundamentales y no limitarse a enumerarlos en el acuerdo de paz

El protocolo sobre distribución del poder firmado en mayo de 2004 dispone que la República de Sudán, incluidos todos los niveles del gobierno de todo el país,  cumplirá estrictamente las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos en los que sea Parte. Se enumeran en él derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad personal, a la libertad de expresión, reunión y religión, y a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 En estos momentos, tales derechos no se respetan ni  en el norte ni en el sur. Se sigue negando al  pueblo sudanés su derecho a la libertad de expresión y asociación y, especialmente en el contexto del conflicto de Darfur, se siguen cometiendo homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y desplazamientos forzosos.

 Para que el compromiso con los derechos humanos tenga sentido es preciso establecer con carácter urgente una agenda de medidas concretas para el respeto y la protección de los derechos. 

 

La comisión nacional de revisión constitucional debe ser competente e independiente

Está previsto que una comisión nacional de revisión constitucional redacte una constitución nacional provisional para Sudán en el plazo de seis semanas a partir de la firma del acuerdo global de paz. 

 Sin embargo, Amnistía Internacional teme que haya disposiciones inadecuadas con respecto a la participación de la sociedad civil, incluidas las mujeres, y de expertos independientes en derechos humanos y asuntos jurídicos de todas las partes de Sudán.

 La comisión nacional de revisión constitucional estará formada por representantes del Congreso Nacional (el partido en el  poder), el ELPS y otras fuerzas en proporciones definidas por los protocolos. El acuerdo de aplicación establece que “cada parte debe incluir a la sociedad civil”. Esta disposición dista de ser una garantía de la participación de la sociedad civil sudanesa.

 “En el periodo intermedio, todos los órganos serán designados, al parecer, por asociaciones políticas, por lo que tememos que sea la política, no los derechos humanos, la que tenga preeminencia –ha manifestado Kolawole Olaniyan–. Es importante garantizar que los miembros de órganos como la comisión nacional de revisión constitucional y las comisiones de derechos humanos y de  servicio civil propuestas sean personas de total integridad, independencia e imparcialidad.”

La legislación ha de ser compatible con el derecho internacional de derechos humanos

Poco antes de la firma del acuerdo de paz, el gobierno sudanés ha anunciado la prórroga del estado de excepción en todo el país un año, lo que supone que las autoridades seguirán estando facultadas para prohibir las reuniones y disolver las manifestaciones pacíficas. La Ley sobre Fuerzas de Seguridad Nacional  aprobada en virtud del estado de excepción hace posible la detención en régimen de incomunicación y sin cargos por un largo periodo, así como la inmunidad de las fuerzas de seguridad que cometan violaciones de derechos humanos.

 Según el protocolo sobre distribución del poder y el acuerdo sobre modalidades de aplicación, se presentarán varias leyes nuevas a la asamblea legislativa nacional provisional, que, al parecer, será designada por asociaciones políticas en proporciones definidas por el acuerdo de paz. Esta nueva legislación contendrá una ley de seguridad nacional.  

 "La reforma de esta y otras leyes ha de garantizar que son compatibles con las obligaciones contraídas por Sudán en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos en los que es Parte”, ha señalado  Kolawole Olaniyan.

Amnistía Internacional ha pedido también se deje de inmediato en libertad a todas las personas detenidas por motivos políticos si no se han presentado cargos contra ellas por los que deban ser sometidas a juicio. Asimismo, ha manifestado: “No se puede permitir que siga en vigor un estado de excepción que viola libertades básicas. Es incompatible con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ".

No debe haber impunidad en caso de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

El acuerdo de paz prevé la formación de un nuevo gobierno compuesto de autoridades del actual y de miembros del M/ELPS. Ambos bandos son responsables de espantosas violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto del sur, incluidos homicidios ilegítimos de civiles, secuestros, violaciones, tortura y desplazamiento forzoso. El gobierno y sus milicias han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, como desplazamiento forzoso y violaciones en gran escala, incluso en la región occidental de Darfur desde 2003.

 Tales delitos, cometidos por todos los bandos, deben ser investigados a fin de poner a disposición judicial a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Es preciso aclarar la suerte que han corrido los millares de personas “desaparecidas” en el contexto de la guerra civil del sur de Sudán. A la vez que se lleva ante la justicia  a los autores de violaciones de derechos humanos, las partes deben considerar también la posibilidad de establecer mecanismos complementarios (como una comisión de la verdad y la reconciliación) que contribuyan a garantizar el tratamiento de los traumas causados por las injusticias que se han cometido.

 "No debe concederse ninguna amnistía a los responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o tortura”, ha afirmado Kolawole Olaniyan.

Información complementaria

El 31 de diciembre de 2004 se firmaron dos últimos protocolos: un acuerdo sobre modalidades de aplicación de los protocolos y acuerdos y un acuerdo sobre cesación final del fuego y disposiciones de seguridad.  Estos protocolos y seis más –el protocolo de Machakos, firmado en julio de 2002, y los protocolos sobre seguridad, sobre distribución del poder, sobre distribución de las riquezas y sobre las zonas marginadas de Nilo Azul y Kordofan meridional (los montes Nuba) y de Abyei–  conforman el acuerdo global de paz que se firmará el 9 de enero de 2005.