Un acuerdo de traspaso de poder que, según informes, concede al presidente Ali Abdullah Saleh y a otras autoridades yemeníes inmunidad penal si acceden a dimitir asesta un duro golpe a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Aunque sólo se ha hecho pública una parte del acuerdo, firmado ayer, en general se cree que concede inmunidad al presidente y a algunos de sus colaboradores frente a las investigaciones y enjuiciamientos penales por toda una sucesión de abusos. Está basado en otro que se negoció primeramente por mediación de Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico y se ha alcanzado después de unas negociaciones facilitadas por un enviado de la ONU. “Conceder inmunidad en el contexto de un acuerdo de transición supone asestar un mazazo a la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos bloqueando las investigaciones y enjuiciamientos de altos cargos", ha manifestado Philip Luther, director en funciones de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “La inmunidad conduce a impunidad. Niega la justicia y priva a las víctimas de la verdad y de reparaciones plenas." De acuerdo con el derecho internacional, incluida la Convención de la ONU contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Yemen está obligado a investigar y, si hay pruebas admisibles suficientes, enjuiciar a todo presunto autor de tales delitos. En los últimos meses, el presidente Saleh, que lleva 33 años en el poder, ha hecho varias veces amago de dimitir, pero siempre para cambiar luego de intención. En virtud del acuerdo de transición del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, Ali Abdullah Saleh conservará el título de presidente hasta que se celebren elecciones en un plazo de 90 días, pero cederá algunas de sus atribuciones presidenciales al vicepresidente Abd Rabbu Mansour Hadi, lo que le capacitará para aplicar el acuerdo. Un miembro de la oposición dirigirá un gobierno de reconciliación nacional, cuyos cargos ministeriales se repartirán los partidos políticos. El nuevo gobierno estará en el poder durante un periodo provisional de dos años. El acuerdo ha sido acogido con satisfacción por los gobiernos internacionales, pero ha suscitado protestas de algunos yemeníes que se oponen a él y piden que Saleh y otras autoridades sean juzgados por su participación en los abusos cometidos. Partidarios armados de Saleh han disparado hoy en Saná contra un grupo de manifestantes desarmados que participaban en una marcha contra la decisión desde la zona de manifestaciones conocida como Plaza del Cambio. Al menos cinco personas han muerto a causa de heridas de bala recibidas en la cabeza, el cuello y el pecho, y decenas más han resultado heridas. Según informes, había allí fuerzas de seguridad, pero no han hecho nada para impedir el ataque. Durante los últimos 10 meses, más de 200 personas han muerto y millares han resultado heridas al intentar las fuerzas de seguridad y los partidarios armados de Saleh reprimir las manifestaciones en demanda de reformas que se han celebrado, pacíficamente en su mayor parte, en Saná y otras partes. Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han pedido una investigación internacional independiente sobre las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en Yemen.
A pesar de los indicios de comisión de graves delitos de derecho internacional que encontró una misión de investigación enviada por la Oficina del Alto Comisionado a Yemen en julio, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió el mes pasado una resolución en la que pedía la firma y aplicación de un acuerdo. Esta resolución estaba basada en la propuesta de acuerdo de transición del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, que se cree que contenía una disposición sobre inmunidad. En la resolución del Consejo de Seguridad se hacía además hincapié en la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial, conforme a las normas internacionales pertinentes, sobre los presuntos abusos y violaciones de derechos humanos cometidos, con miras a evitar la impunidad y garantizar la plena rendición de cuentas. “Al brindar su apoyo al acuerdo de transición, parece que los representantes de la ONU han abierto la posibilidad de que los autores de graves de violaciones de derechos humanos queden impunes en Yemen y han incumplido la directriz del secretario general de la ONU que prohíbe negociar acuerdos de paz que contengan cláusulas de inmunidad", ha señalado Philip Luther. “La única forma de garantizar la rendición de cuentas es llevar a cabo una investigación internacional independiente sobre los graves delitos de derecho internacional presuntamente cometidos, con independencia del rango o filiación de los responsables”. “Los encargados de tal investigación han de estar facultados para remitir casos a los fiscales yemeníes para que puedan iniciarse enjuiciamientos siempre que haya pruebas admisibles suficientes”.
